Una semana después de aprobar el decreto que empieza a recortar algunas ayudas en materia energética para hogares vulnerables, el Gobierno no parece dispuesto a extender por más tiempo del estipulado las medidas para ayudar a los hogares más vulnerables a pagar la factura de energética, que empezarán a menguar a partir de septiembre. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, recibió este jueves a las distintas ong que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, que le insistió en que sin los descuentos actuales del bono social -que empezarán a reducirse en octubre- los hogares vulnerables no podrán hacer frente al pago de la electricidad, que, aunque no como en 2022, está previsto que a precios más elevados de l normal. También reclamaron, sin éxito, hacer permanente la prohibición de cortar suministros a hogares que reciben el bono social, que después de cuatro años se extinguirá el 31 de diciembre.
Las organizaciones que forman la Alianza llevan años haciendo seguimiento de las medidas del Gobierno, primero por la Covid y después por la crisis energética, para ayudar a los hogares más vulnerables a pagar los suministros básicos y en este marco pidieron la reunión de este jueves con Aagesen, justo en la primera semana de entrada en vigor del último decreto que empieza a desmontar muchas de esas medidas. Por ejemplo, el descuento adicional del bono social -del 65% en lugar de 25% para hogares vulnerables y del 85% en lugar del 40% para vulnerables severos- solo se mantendrá ya hasta septiembre y empezará a menguar en octubre y la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas por impago a sus receptores dejará de existir en 2025, después de cuatro años.
Su mensaje era pedir la continuidad de las dos medidas más allá de la fecha de caducidad que ha fijado el Gobierno en el último decreto porque sus beneficiarios seguirán sin poder hacer frente a las nuevas condiciones, aun cuando sean más ventajosas que las que existían antes de la crisis energética, por ejemplo con los descuentos del 35% y 50% respectivamente en la luz del bono social a partir de julio del año que viene, un 10% más que el bono social sin los descuentos adicionales. La impresión con la que salieron sus representantes es que el Gobierno no lo tiene previsto.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica no han querido comentar la reunión pero fuentes de la Alianza contra la Pobreza señala que salieron "preocupados" porque el mensaje de Aagesen fue que estas medidas fueron extraordinarias por los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía y la inflación y no se mostró "proactiva" en sus peticiones.
Según indican, no manifestó ningún compromiso de que la prohibición de cortes o los descuentos máximos del bono social vayan a convertirse en "estructurales", como pide la Alianza contra la Pobreza Energética. Sí se mostró más "de acuerdo" con su reclamación de que también los hogares vulnerables que perciben el bono social -y no solo los vulnerables severos- tengan garantizado el IVA de la electricidad al 10% y dejen de estar sometidos a la subida al 21% en función de si supera el precio de 45 euros/MWh como ocurre al resto de consumidores. Sin embargo, Aagesen les dijo que esta es una cuestión que debería tratar con el Ministerio de Hacienda, no con el de Transición Ecológica.
Otra de las grandes reivindicaciones de los colectivos que trabajan con hogares vulnerables -entre otras cuestiones, asesorándoles sobre cómo pedir el bono social y otras ayudas, uno de los talones de Aquiles que también reconoce el Ministerio y que frenan el acceso a más personas que tienen acceso a ellas- tiene que ver con la deuda que desde hace cuatro años están generando los hogares se han acogido la prohibición del corte de suministro aunque hayan dejado de pagar las facturas de agua, gas o electricidad. Transición Ecológica sigue sin darles información de a cuánto asciende esta deuda -con las compañías energéticas- ni cómo deberán saldarla una vez que termine la prohibición en enero del año que viene, y este jueves Aagesen mostró su "preocupación por el tema" pero no dio muestras de tener una "propuesta firme para resolver esta situación", apuntan fuentes presentes en la reunión.
Nueva estrategia y familias numerosas
Por otra parte, la Alianza contra la Pobreza Energética lleva años reclamando que se articulen espacios de participación de las asociaciones sociales que trabajan en este ámbito, tal y como establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que expirará este año. De cara al que viene, el Ministerio deberá elaborar otra, para lo que el sector espera que en los próximos meses se lance una consulta pública.
Según han ido apuntando desde los ministerios de Transición Ecológica y Derechos Sociales, es en este documento donde debería sustanciarse finalmente la eventual modificación de los requisitos para que las familias numerosas accedan al bono social eléctrico y al térmico.
En la actualidad, cualquiera que tenga esta consideración tiene derecho a él pero el escándalo que se produjo el año pasado tras saberse que también se benefician de ellos los que entonces eran vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Enrique Ossorio y Mónica García, hoy ministra de Sanidad. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se apresuró a anunciar una reforma del bono social para introducir un criterio de renta para que las familias numerosas puedan acceder a él pero, tras varias ideas y también varias elecciones, la cuestión ha quedado apartada, en principio, a la nueva Estrategia.
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