Dos magistrados del Constitucional critican la anulación de las condenas por los ERE: "Se extiende un privilegio de inmunidad"

El exconsejero de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo a su salida de prisión este 3 de julio de 2024.
El exconsejero de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo a su salida de prisión este 3 de julio de 2024.
Raúl Caro/EFE
El exconsejero de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo a su salida de prisión este 3 de julio de 2024.

Las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que se han conocido hasta la fecha y que exoneran, del todo o en parte, a varios de los condenados en la pieza política del caso de los ERE siguen levantando una fuerte polvareda que no ha hecho más que avivar la guerra entre el PP y el PSOE en Andalucía. Unas resoluciones contra las que también se han manifestado dos de los magistrados del bloque conservador que emitieron un voto particular conjunto.

Se trata de César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel Jorquera, que han manifestado a través de un comunicado que las sentencias emitidas "declaran de facto irresponsables" a los recurrentes y "extienden sobre ellos un privilegio de inviolabilidad e inmunidad". Afirman ambos que los fallos de la Audiencia de Sevilla de 2019 y del Tribunal Supremo en 2022 "no han vulnerado los derechos a la legalidad penal ni la presunción de inocencia", que es lo que argumentan las resoluciones del TC, a las que acusan de "efectuar una revisión de oficio de las sentencias del Tribunal Supremo".

En este sentido, ambos magistrados consideran que en estas sentencias, el TC "suplanta" al Supremo "al interpretar los conceptos de resolución y de asunto administrativo"; con lo que, por primera vez en la historia del TC, dicha instancia "rectifica el criterio del Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción de la conducta típica y sustituye la valoración probatoria efectuada por los órganos judiciales, dejando al margen de todo control el proceso de elaboración, modificación y ejecución presupuestaria".

"Los recurrentes no niegan que las ayudas fueran ilegales, no cuestionan que fueran arbitrarias, lo hace por ellos la sentencia de la mayoría para construir la estimación de la demanda en relación con la condena de prevaricación y malversación, orillando el planteamiento del recurso", consideran.

Señalan también los magistrados que la doctrina que se plasma en las sentencias recién conocidas, que eximen de responsabilidad a los condenados en todo lo relativo a la elaboración de los Presupuestos, es "inasumible" al dejar "al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución". Y con ello, avisan, "se desprotege la indemnidad del patrimonio público, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos, los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública".

Advierten también de que las resoluciones del TC que anulan las penas de cárcel incurren en una "construcción artificiosa a modo de mantra jurídico que carece de sustento racional", en alusión a la premisa de que "quien obra amparado por la ley de presupuestos no puede prevaricar ni puede malversar caudales públicos", punto en el que estos magistrados precisan que "ninguno de los condenados estaba amparado por las sucesivas leyes de presupuestos para cometer los delitos".

Y añaden: "Las leyes no delinquieron, eran neutras en la previsión de transferencias de financiación para gastos de explotación. Quienes delinquieron fueron quienes previeron las trasferencias de financiación de modo innecesario con la idea de que otros tuvieran recursos para destinarlos a fines ajenos a los presupuestados".

Guerra política

Y mientras, populares y socialistas siguen inmersos en una guerra cada vez más subida de tono. El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha criticado este jueves que el PSOE pretenda "reescribir la historia" del caso de los ERE, pero se ha mostrado convencido de que Andalucía "sabe lo que sucedió durante esos años", que "se gastaron el dinero, que era de todos los andaluces, en banquetes, cocaína y prostitución", y eso, ha dicho, "no lo va a poder cambiar nadie, esa es la realidad", que "se juzgó y condenó por dos tribunales".

Repullo ha afeado también que los socialistas "ponen ahora en cuestión esa gran mayoría que obtuvo Juanma Moreno, no solo en las elecciones autonómicas, sino también en las municipales", en alusión a las acusaciones por parte del PSOE-A sobre el "montaje que llevó a Moreno a la Junta" y "#LaGranCaceriaDelPP", un hashtag que difunden a través de las redes sociales.

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha criticado también el "silencio cómplice" de Moreno "mientras sus consejeros están deslegitimando al TC". Y ha acusado al PP de "negacionista democrático" porque "si le dan la razón le parece bien, pero si se la quitan es que el órgano está manipulado, los magistrados no son independientes, y cuestionan la imparcialidad de los mismos". Y todo ello, ha manifestado Espadas, son "consignas directas" del presidente de la Junta y del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

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