Las asociaciones de vecinos piden al Gobierno de España que la Ley de Propiedad Horizontal sea más restrictiva a la hora de permitir abrir una vivienda de uso turístico (VUT). Quieren que cuando una persona física o jurídica se proponga dedicar una vivienda a este uso en un edificio residencial esté obligada a solicitar la aprobación del 75% de la comunidad de propietarios. Actualmente, la normativa exige una mayoría del 60% para acordar la prohibición. Además, reclaman que el lenguaje de la ley sea "menos ambiguo" porque recoge que las comunidades de propietarios "pongan límites" a la apertura de VUT en sus edificios y no habla de "prohibición". La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya abrió la puerta a una modificación aunque no se refirió a la ampliación de la mayoría.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) pone como ejemplo dos sentencias recientes del Tribunal Supremo que establecen que las VUT no son viviendas, sino negocios y respaldan la capacidad de las comunidades de vecinos para restringir el uso de los domicilios para actividades económicas en sus estatutos, lo que incluye el alquiler de apartamentos turísticos. Por eso, proponen la autorización del 75% de la comunidad para abrir una VUT o, si no, que se pueda prohibir la instalación de este tipo de alojamientos con el apoyo del 25% de los vecinos. Proponen esta última alternativa aunque prefieren ampliar la mayoría porque es "notablemente más sencilla para las comunidades de propietarios y menos gravosa".
La propuesta ha sido elaborada por la Fravm y secundada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (Ceav), que ha hecho llegar la petición al Ejecutivo en una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Plantean además que para realizar estos cambios, las comunidades de propietarios podrán modificar o no los estatutos, los elevarán ante notario y se inscribirán en el Registro de la Propiedad. Quieren que se establezcan tasas máximas aplicables para registrar estos acuerdos para "evitar los abusos que se están produciendo".
Los planes del Gobierno nacional pasan por modificar la Ley de Propiedad Horizontal para recoger de una forma más explícita el veto de las comunidades de vecinos de pisos turísticos en sus edificios, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La norma ya prevé actualmente que el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos pueda "condicionar" la instalación de un piso turístico, pero el Gobierno pretende ir un paso más allá y especificar que lo puedan prohibir. Con esta puerta abierta, la Fravm reclama que el artículo 17 de la ley sea aún más restrictivo con estos apartamentos.
Los vecinos insisten en que la Administración Central tiene que actuar "sin perjuicio de las competencias en materia de turismo de las comunidades autónomas y en materia de urbanismo de los ayuntamientos". Y tiene que hacerlo ya, vistos los problemas que crean las VUT en la inflación de las rentas del alquiler residencial y en su desaparición, "la conversión de los barrios y ciudades céntricas en parques temáticos y el grave deterioro de la convivencia en las comunidades vecinales".
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