La suspensión cautelar dictada por el TSJC del Decreto de régimen lingüístico escolar, aprobado en mayo de este año por el Govern de Pere Aragonès en funciones, reabre un debate que había quedado congelado a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la última ley de uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en el ámbito no universitario de 2022. La cuestión es rematadamente cansina, pero no por ello debemos desinteresarnos, pues el decreto ahora suspendido ejemplifica la auténtica pretensión de los soberanistas: la expulsión del castellano en el ámbito público y su consideración en la práctica como lengua extranjera. Aunque la ley citada recogía que el objetivo es el dominio oral y escrito por parte de los alumnos de ambas lenguas oficiales, en el decreto el castellano no existe, solo se cita la existencia del aranés, mientras se pretende imponer el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida escolar, incluso en los informales entre el profesorado, con el alumnado y las familias. Hay una clara voluntad totalizadora que niega la realidad viva del bilingüismo en Cataluña, una actitud que supone un desprecio hacia la mayoría de los catalanes que tienen el castellano como lengua materna. Estamos ante un nuevo atropello a los derechos lingüísticos, en cuya defensa no ha salido el Gobierno de España, como sería esperable y exigible, sino una pequeña y heroica asociación, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que es quien ha planteado y ganado el recurso ante el TSJC. La voluntad de los nacionalistas es explícita: no cumplir jamás la exigencia mínima del 25% de horas en castellano, negarle el trato de lengua vehicular en la enseñanza y excluir su presencia en el ámbito público. Están emperrados en el monolingüismo en aquellos ámbitos que la Generalitat controla.
Es cierto que los cambios sociales y demográficos de las últimas décadas suponen para el catalán dificultades añadidas, y se detecta un retroceso en el uso entre las franjas más jóvenes, pero en absoluto está en peligro. El problema es que, cuanto más se empeñen en imponerlo con la ley del embudo, más antipático resultará y más anticuerpos generará. Este empecinamiento es un disparate porque vulnera derechos lingüísticos básicos, como afirmaba el informe de los eurodiputados que visitaron Cataluña a finales del año pasado, desautorizando el discurso de la Generalitat. Además, la realidad de las escuelas va por otro lado, y muchos profesores se saltan la imposición monolingüe pues dan prioridad al aprendizaje ante la diversidad existente en las aulas, mientras los alumnos seguirán jugando en el patio en catalán y en castellano.
En Cataluña estamos a la espera de lo que ocurra con la única investidura posible, la del socialista Salvador Illa. La lógica dicta que ERC finalmente le prestará sus votos para evitar el mal mayor: un nuevo descalabro en las urnas, que empeoraría su lío interno y agudizaría la crisis de estrategia y liderazgos. En el acuerdo con los socialistas, si llega a producirse, la cuestión lingüística será prioritaria para ERC. Los socialistas no están de acuerdo con la exclusión del castellano, pero tampoco se muestran beligerantes y han dejado hacer durante todos estos años. Ahora la pregunta es hasta qué punto Illa se verá obligado, a cambio de esos votos, a defender las políticas lingüísticas nacionalistas y el monolingüismo escolar.
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