A una semana de que el Tribunal Constitucional termine de abordar los recursos de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la pieza política del caso de los ERE, todo parece indicar que no habrá giro de guion y que las resoluciones que restan por debatir irán por la misma senda que las ya conocidas hasta ahora. De hecho, se prevé que la corte de garantías exonere por completo al expresidente José Antonio Griñán del delito de malversación y reduzca considerablemente la pena de inhabilitación en el caso de su antecesor, Manuel Chaves.
Se prevé por tanto que la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, siga la misma doctrina aplicada en las anteriores sentencia y que esta salga adelante con los siete votos a favor del bloque progresista y los cuatro en contra del bloque conservador, según ha adelantado El Español y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
Dicha doctrina, en resumen, señala que la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz; y que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.
Cabe recordar que Griñán fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación, si bien la Audiencia de Sevilla suspendió en junio del año pasado su entrada a la cárcel por un periodo de cinco años por el cáncer de próstata que padece. En paralelo, el expresidente está pendiente de que el Ministerio de Justicia se pronuncie sobre su petición de indulto.
En su caso, todo apunta a que el texto eliminará totalmente la malversación y hará lo mismo con la prevaricación, a excepción de una modificación presupuestaria realizada para la partida 32H, ajena al programa de ayudas sociolaborales 31L, conocido como "fondo de reptiles". Dicha partida fue aprobada el 9 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves y con Griñán como consejero de Hacienda, siendo Carmen Martínez Aguayo su número 2 en la Consejería.
Por tanto, se pedirá a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia, pero limitando los posibles hechos delictivos, por lo que Griñán podría volver a ser condenado, pero a una pena muy baja y solo de inhabilitación. Sería, por tanto, el mismo escenario que afectó a Martínez Aguayo.
En el caso de Chaves, que fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, la ponencia anularía el mencionado delito en lo relativo a los proyectos de Ley de Presupuestos, pero no así en lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias con las que se pagan las ayudas de los ERE anteriores a que ese mecanismo se introdujera por ley. Así, el texto acotaría la prevaricación a cinco modificaciones entre 2000 y 2001, cuando presidía la Junta, así como a las partidas 32H de 2004, añaden las fuentes.
Por tanto, cabe pensar que la Audiencia también devolverá las actuaciones a la Audiencia para que dicte un nuevo fallo, que supondrá una importante reducción de la condena. Lo mismo que en el caso de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, condenada a la misma pena y a quien el TC estimó parcialmente el recurso de amparo, ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia, pero por unos hechos mucho más limitados que los juzgados inicialmente, por lo que se prevé que la condena se reduzca de manera considerable.
Será el marte s 16 de julio cuando el TC aborde los recursos de amparo de los dos expresidentes, además de los del exconsejero Gaspar Zarrías y el ex director general Antonio Vicente Lozano, condenados los dos a nueve años de inhabilitación por prevaricación; y el de ex director general de Trabajo Juan Márquez, condenado a tres años de prisión, tras rebajar su pena el Tribunal Supremo, y 7 de inhabilitación por prevaricación y malversación, en prisión desde el pasado mes de marzo.
Hasta el momento, el alto tribunal ha resuelto siete de los 12 recursos de amparo presentados, que se han traducido en la exoneración, total o en parte, de los delitos y penas que la Audiencia de Sevilla impuso en 2019 y que el Supremo confirmó en 2022. Asimismo, ya han salido de prisión dos de los condenados, el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exconsejero Francisco Vallejo; y se prevé que en este mismo lunes lo puedan hacer también el exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez; toda vez que la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, también exonerada, disfrutaba ya del tercera grado desde el mes pasado; igual que el exconsejero José Antonio Viera, el único cuyo recurso fue rechazado por unanimidad por falta de argumentación y que salió de la cárcel por motivos de salud hace un año.
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