Un giro de los acontecimientos propiciado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cambiado por completo el curso de la investigación por terrorismo contra Tsunami Democràtic, pendiente también de la aplicación de la ley de amnistía. El tribunal ha estimado este lunes un recurso de la investigada Marta Molina (ERC) y ha declarado la invalidez de todas las diligencias realizadas por el instructor Manuel García Castellón a partir del 29 de julio de 2021. Esto incluye el informe de la Guardia Civil en el que se basó el juez para indicar que había indicios contra Marta Rovira y Carles Puigdemont. También la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para imputar al expresident.
El instructor García Castellón, a cargo de la causa Tsunami Democràtic desde 2019, dictó un auto de prórroga de la investigación el 30 de julio de 2021. Esta prórroga se dictó de forma "extemporánea", tal y como ha reconocido la Sala de lo Penal, dado que el plazo de la investigación concluía el día anterior. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 consideró que la prórroga se había dictado en tiempo dado que "se dio continuidad" a la investigación "sin que se produjese interrupción alguna".
Pero a juicio de la Sala "no cabe sostener sin detrimento de la congruencia que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente". El tribunal puntualiza que "aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga, sean cercanos -están separados por menos de 24 horas-, es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo".
Así las cosas, Manuel García Castellón solo tiene dos opciones: o propone juzgar a los investigados partiendo de las pruebas obtenidas antes del 30 de julio de 2021 -lo cual no incluiría a Puigdemont o Rovira- o decreta el sobreseimiento libre y archivo de la causa.
La mano derecha de Carles Puigdemont en Bruselas, Josep Lluís Alay, que también se encuentra entre los investigados, solicitó en otro recurso que la Sala ordenara directamente el sobreseimiento libre de la causa dada la extemporaneidad de la prórroga. Pero el tribunal ha rechazado esta reclamación : "Será ahora el juzgado el que, con libertado de criterio y ajustándose a las diligencias practicadas dentro del periodo de instrucción que concluyó el 29 de julio de 2021, resuelva lo que considere oportuno.
¿Qué pasa con Puigdemont?
Así las cosas, la pregunta del millón es qué pasará ahora con la imputación de Carles Puigdemont y la del diputado de ERC Rubén Wagensberg en el Supremo. La causa de Tsunami llevaba años paralizada cuando, paralelamente a la tramitación de la ley de amnistía, el instructor dictó un auto en el que incluía a Carles Puigdemont y a Marta Rovira entre los posibles responsables de los actos violentos de Tsunami. Acto seguido envió una exposición razonada solicitando al Supremo que imputara a Puigdemont y a Wagensberg, pues están aforados ante dicho órgano judicial.
El 29 de febrero de este mismo año, el Tribunal Supremo aceptó la exposición razonada y abrió una causa penal contra ambos aforados. Mientras se estrechaba el cerco en torno al líder de Junts, los negociadores de la ley de amnistía fueron modificando el texto para asegurar que el expresident no acabara entre rejas por terrorismo. La investigación contra él está en manos de la instructora Susana Polo, que según fuentes del tribunal "por ahora" no se plantea tomar una decisión de motu proprio a raíz de este giro de guion.
Sin embargo, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, no cree que la imputación de su cliente tenga ya "ninguna validez". A su juicio, la Audiencia Nacional ha asumido que los investigados tienen razón. Y en tanto que el Supremo se ha pronunciado "con mucha rotundidad" en casos parecidos, el abogado se ha mostrado seguro de que Puigdemont saldrá airoso durante una entrevista en el canal 324.
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