El Gobierno se enfrenta, de nuevo, a serios problemas para sacar adelante uno de sus paquetes de medidas estrella de los últimos meses: la prórroga del llamado escudo social, que se puso en marcha en 2022 para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Ucrania y que el Ejecutivo ha ido extendiendo desde entonces por periodos de seis meses. La última de estas prórrogas fue aprobada en Consejo de Ministros hace un par de semanas, e incluye el recorte paulatino del bono social eléctrico que sufraga hasta un 80% del coste de la luz a las familias vulnerables. Y Podemos aseguró este lunes que no piensa tragar con ese recorte y amenazó con no apoyar el texto cuando se vote en el Congreso en los próximos días si no se retira.
Aún no está claro si el debate y la votación del decreto en la Cámara Baja tendrá lugar este jueves o el de la próxima semana: reglamentariamente, el Gobierno tiene hasta finales de mes para someter su texto a la confianza del Congreso, por lo que aún cuenta con tiempo para amarrar los apoyos que le permitan sacarlo adelante. No obstante, todos los votos son necesarios: salvo que el Ejecutivo lograse una abstención del PP, algo que parece poco probable, el presidente Pedro Sánchez no se puede permitir perder el apoyo de Podemos al texto, puesto que cualquier posición que no fuera un voto a favor de los morados (o de cualquier otro de sus habituales socios) daría al traste con el paquete de medidas. Pese a todo, por ahora el Gobierno ha cerrado la puerta a retirar su recorte.
Desde junio de 2022, cuando se aprobó el primer decreto para hacer frente a la crisis derivada de la guerra, los hogares con menos recursos se han visto beneficiados por un incremento muy notable en la ayuda que reciben para poder costearse la electricidad. En concreto, los consumidores considerados "vulnerables" —familias numerosas, perceptores de la pensión mínima o personas con ingresos por debajo de los 12.600 euros al año— han recibido un 65% de descuento en la tarifa de la luz. Y aquellos hogares que entran dentro de la categoría de "vulnerables severos" —familias numerosas con ingresos menores a 16.800 euros al año, hogares de una sola persona que viven con menos de 6.300 euros anuales o perceptores del ingreso mínimo vital— tienen derecho a una reducción del 80% en el precio de la luz.
Según la prórroga del decreto anticrisis aprobada hace un par de semanas, esos porcentajes de descuento se mantendrán hasta el 30 de septiembre. A partir de ahí, no obstante, se produce el recorte: el Gobierno ha diseñado una senda de reducción de la rebaja que la disminuye en 7,5 puntos porcentuales cada trimestre, por lo que, en octubre, los hogares vulnerables se beneficiarían solo de una reducción del 57,5% en el precio de la luz y los vulnerables severos pasarían a tener un descuento del 72,5%. Estas bajadas progresivas se extenderán, según lo aprobado, hasta julio de 2025, cuando el descuento a familias vulnerables se quedará en un 35% y el destinado a vulnerables severas, en un 50%.
El Ejecutivo pretende, por tanto, reducir en nada menos que treinta puntos porcentuales la rebaja en los precios de la luz de las que disfrutan los beneficiarios del bono social, argumentando que de aquí a un año lo previsto es que vaya "mejorando la situación de los precios" de la electricidad. El decreto admite el "impacto en los consumidores más vulnerables" que tendrá esta decisión, pero también resalta que el porcentaje de descuento total que proporcionará el bono social una vez acabe su recorte progresivo, en julio del año que viene, será "mayor que el establecido con anterioridad al inicio de la guerra de Ucrania, para poder seguir ofreciendo una protección adecuada a estos consumidores".
Esa afirmación es cierta: el bono social, según los planes del Gobierno, permitirá a las familias vulnerables descontarse un 35% del precio de la luz y a las vulnerables severas, un 50%. Hasta hace dos años, esos porcentajes estaban en un 25% y un 40%, respectivamente. Pero el descuento es notablemente inferior al que se aplica ahora mismo, del 65% para familias vulnerables y el 80% para vulnerables severas. Y, a juicio de Podemos, esa senda de reducción de los beneficios sociales es motivo más que suficiente para oponerse a la convalidación del decreto.
El aceite, con IVA del 4% en enero
En una situación similar se encuentran otras medidas contenidas en el paquete que deberá convalidar en los próximos días el Congreso, como la referente al IVA de productos como el aceite de oliva. Desde el pasado 1 de julio, el Gobierno eliminó temporalmente la aplicación del impuesto a ese producto, uno de los que más se ha encarecido en la espiral inflacionista de los últimos meses. Lo previsto, no obstante, es que ese IVA pase del 0% al 2% el próximo 1 de octubre, y vuelva a crecer, en este caso hasta el 4%, el 1 de enero de 2025. En principio, allí se quedará, por lo que el aceite de oliva pasará a engrosar la lista de los productos de primera necesidad gravada por este IVA superreducido.
No obstante, para Podemos tanto esa recuperación de una parte de la carga impositiva del aceite como, especialmente, la drástica reducción de los descuentos en el bono social eléctrico van en la dirección contraria a la que lleva planteando la izquierda a la izquierda del PSOE desde el inicio de la crisis: que las medidas dejen de ser temporales y se conviertan en permanentes. "Creemos que ninguna persona de izquierdas o progresistas entendería que en esta legislatura se desmontaran medidas sociales que han funcionado", denunció este lunes el diputado morado Javier Sánchez.
Preguntada este lunes en relación a este asunto, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, se limitó a asegurar que el decreto no contiene "ningún recorte", pese a la evidente rebaja en el bono social eléctrico incluida en el paquete de medidas. Duval, no obstante, también afirmó que Sumar está "ya hablando con el PSOE" para convertir en permanentes algunas de las medidas que ahora mismo son temporales, si bien no ofreció detalles sobre el estado de estas conversaciones.
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