El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado este lunes la causa que investigaba como terrorismo los actos violentos de Tsunami Democrátic, después de que la Sala de lo Penal haya invalidado todas las diligencias realizadas por su juzgado a partir del 30 de julio de 2021 debido a que había prorrogado la investigación fuera de plazo. Entre los imputados estaba la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Esta decisión aboca también el archivo de la causa que abrió en su día el Tribunal Supremo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, imputado en este órgano judicial por terrorismo a petición del propio García Castellón. De hecho, el magistrado ha acordado en su resolución remitir testimonio de la misma a la Sala Segunda del Supremo "para su unión y demás efectos que procedan". El sumario con el que trabaja el alto tribunal es el mismo que ahora ha quedado invalidado y archivado.

La sorpresa saltó a mediodía de este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en respuesta a una de las imputadas en esta causa de Tsunami Democrátic, resolvió que García Castellón había dictado una prórroga de la instrucción de forma "extemporánea". Lo hizo el 30 de julio de 2021 cuando debía haberlo hecho un día antes, que era el plazo legal que tenía el instructor.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 solo tenía dos opciones: o proponía juzgar a los investigados partiendo de las pruebas obtenidas antes del 30 de julio de 2021 -lo cual no incluía a Puigdemont o Rovira- o decretaba el sobreseimiento libre y archivo de la causa.

El juez no se ha hecho esperar. Solo unas horas después de la resolución de la Sala de lo Penal -e interrumpiendo sus vacaciones, según fuentes jurídicas-, el magistrado ha dictado un auto en el que asume el criterio de la Sala de lo Penal, que ha hecho constar ese error formal que invalida los tres últimos años de la causa.

La Sala señalaba que una vez anuladas todas las diligencias acordadas en estos últimos tres años, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor solo podía pronunciarse en base al material existente hasta julio de 2021. El juez explica en su auto que este artículo recoge las distintas vías de actuación que tiene el instructor una vez que se han practicado todas las diligencias de investigación y que pasan en este caso por continuar el procedimiento con el auto de procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento- o el sobreseimiento de la misma.

Según el magistrado, a las personas investigadas en esta causa, que imputó en los últimos meses tras reactivar la investigación en otoño de 2023, no se les ha tomado declaración en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la Sala de lo Penal, por lo que procede el archivo de las diligencias.

Para el instructor, lo investigado después de esa fecha incluye hechos que son susceptibles "de manera inequívoca de un delito de terrorismo", pero con el pronunciamiento de la Sala "no existen motivos suficientes" para atribuir la comisión de ese ilícito a los investigados.

El archivo beneficia directamente a Marta Rovira, el asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay y otras ocho personas que estaban imputadas en la Audiencia Nacional. Por su parte, Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg deberán esperar a la resolución de la magistrada del Supremo Susana Polo, encargada de las diligencias por terrorismo en contra de los dos, pues solo el alto tribunal podía investigarles al estar aforados.

Puigdemont ve así despejarse en parte su futuro judicial, aunque sigue procesado en el Tribunal Supremo por un delito de malversación por la financiación del proceso independentista en 2017, una causa en la que los magistrados han decidido que no le puede beneficiar la ley de amnistía.