El Gobierno da vía libre para instalar placas fotovoltaicas en los 63 pantanos estatales con concesiones de hasta 25 años

El Gobierno ha dado este martes vía libre para que los promotores de energía fotovoltaica puedan empezar a solicitar autorización para instalar placas solares en los 63 embalses de titularidad estatal. Podrán ocupar entre el 5 y el 15% de su superficie, un 5% menos del máximo que figuraba en un borrador, y su concesión discurrirá en paralelo a la concesión de la explotación del agua, sin superar los 25 años.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha llevado para su aprobación en el Consejo de Ministros una regulación que responde a las peticiones que venían haciendo desde hace tiempo los promotores de fotovoltaica, para poder instalar placas en los embalses estatales, de la misma manera que ya se instalan en balsas de riego, a modo de autoconsumo con el que los regantes consiguen rebajar el precio de su electricidad. Con la aprobación de este real decreto sobre fotovoltaica flotante, se estala esta tecnología renovable para generar mayores cantidades de electricidad. Por el contrario, la decisión cuenta con el rechazo de organizaciones como Ecologistas en Acción, que temen por los perjuicios para la flora y fauna de estos lugares.

"España es el primer país del mundo en cobertura de demanda con energía solar", ha dicho Ribera citando datos de la Agencia Internacional de Energía que eleva este porcentaje al 21%. "Hemos avanzado estos años, pero, además del desarrollo del despliegue de la energía fotovoltaica en tierra, veníamos advirtiendo del interés creciente para poder instalar plantas solares flotantes", ha explicado la vicepresidenta.

A partir de ahora, serán los promotores quienes soliciten autorización para estas instalaciones fotovoltaicas en los embalses, mediante un procedimiento que se regulará mediante una orden ministerial y para lo que también deberán tener los derechos de acceso y conexión al la red eléctrica. Adicionalmente, las Confederaciones Hidrográficas también podrán convocar concursos públicos para otorgar estas concesiones, que no tendrán una duración superior a los 25 años que otorgará el Ministerio independientemente de su potencia debido a que se ubicarán en dominio público hidráulico.

Los promotores podrán pedir autorización ese periodo máximo, independientemente de los años de concesión que tenga -o le queden- a la explotación hidráulica de cada masa de agua pero ambas "podrán tramitarse y otorgarse simultáneamente la concesión de dominio público hidráulico y la autorización administrativa previa", en la "ventanilla única" que el Consejo de Estado reclamó como "sugerencia importante" al Ministerio de Transición Ecológica.

La fotovoltaica flotante podrá instalarse en los 63 embalses de titularidad estatal y, dependiendo de la calidad de sus aguas, podrán ocupar entre el 5 y el 15% de su superficie, lo que supone una rebaja del 5% con respecto a la ocupación de un máximo de un 20% que figuraba en el borrador que Ribera sometió a consulta pública hace ya dos años. No obstante, el Ministerio apunta que estos límites "se podrán reducir atendiendo al régimen de explotación o los usos y derechos preexistentes, entre otras causas". 

Estará prohibido poner placas fotovoltaicas en lagos, lagunas u otras masas de agua que no se consideren muy modificadas o artificiales o en aquellas que tengan algún tipo de protección ambiental.

Más electricidad y rechazo ecologista

Como ha dicho Ribera, esta regulación obedece al interés de los promotores de fotovoltaicas en poder generar energía solar también sobre superficies de agua y el Ministerio de Transición Ecológica las instalaciones fotovoltaicas flotantes "son beneficiosas tanto para la producción energética como para el medioambiente" porque "producen más electricidad que sus equivalentes en tierra, gracias a los efectos del enfriamiento del agua y la disminución del polvo, y mejoran la protección y el potencial de las masas de agua, reduciendo su evaporación y las floraciones de algas, gracias a la sombra que proporcionan".

De acuerdo a las estimaciones que figuran en el borrador del real decreto que se ha aprobado este martes, Transición Ecológica cuenta con instalar placas fotovoltaicas en una superficie de cerca de 5.500 hectáreas, de las 79.000 que ocupan los 63 embalses, repartidas por los distintos pantanos, menos en 27, en los que en 2022 aún no se había definido el estado biológico, la mayoría de ellos en la cuenca del Guadiana y también en la del Ebro y del Guadalquivir.

Sin embargo, esta regulación cuenta con el rechazo de organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, que recelan de los efectos negativos sobre la flora y la fauna de los pantanos, dado que se permitirá instalar más placas fotovoltaicas en aquellos con un peor estado fitosanitario. También rechazaban los porcentajes de ocupación -rebajados en el decreto definitivo- porque los máximos aumentarían proporcionalmente en los meses del año en los que se utilice más agua, reduciendo a su vez la capacidad del embalse para abastecer a la agricultura o al consumo y llevar incluso a que se reclame la construcción de otro anexo para cumplir esas funciones, según alertaba esta organización.