El Gobierno admite que sin el PP no tiene los apoyos suficientes para reformar la ley de extranjería y pide a Feijóo "altura de miras"

El Gobierno afronta la Sectorial de Infancia de este miércoles sin un plan B en el caso de que el PP se posicione en contra de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Sin el apoyo de los populares y sin el de Junts —que ha emitido unas exigencias que el Ejecutivo se ha negado a conceder—, la iniciativa legislativa se quedaría sin recorrido parlamentario y caería en saco roto, según ha reconocido este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien, sin embargo, se ha mostrado confiado en que los de Génova acaben respaldando el documento.

"Plan B no hay, porque no tenemos un apoyo suficiente para modificar la ley con otros apoyos. Pero lo importante es que lo saquemos. Estamos tendiendo la mano al máximo. Al final todo esto acabará en pocos días o semanas con una manifestación parlamentaria, y ahí es donde se van a retratar todos los grupos", ha aseverado Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Porque la reunión que se celebrará este miércoles en Tenerife será meramente informativa. Simplemente se pondrá sobre la mesa la propuesta negociada durante meses con el Gobierno canario —del que forma parte el PP— para que las autonomías expongan sus dudas, pero no se someterá el texto a votación.

Servirá, eso sí, para comprobar si dan los números para poder asegurar su aprobación en el Congreso de los Diputados mediante una proposición de ley, que es la fórmula legislativa que prefiere el Ejecutivo central para asegurar que el Tribunal Constitucional (TC) no lo tumbe posteriormente por invasión de competencias. La Sectorial será, por tanto, el penúltimo paso antes de que aterrice en la Cámara Baja la reforma del artículo 35 del reglamento de extranjería y, si todo va según espera el Gobierno, que vea la luz este mismo verano. 

Pero la incógnita se mantiene por ahora. La pelota está en el tejado del PP, cuyas comunidades han demostrado cierta disparidad a la hora de posicionarse a favor o en contra de la iniciativa. Algo que ha sido reprochado este martes por la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ha exigido al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo que tenga "responsabilidad" y "altura de miras". "Pero sobre todo una posición común", ha añadido, señalando la diferencia de posturas entre territorios como Canarias, Ceuta o Melilla —que tienen una mayor presión migratoria— y el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. 

Para Alegría, esa "divergencia de discursos" es fruto de la "presión" que reciben los 'populares' y de los "invites constantes de la ultraderecha de Vox", que ha amenazado con romper sus gobiernos con el PP en cinco comunidades autónomas y más de 140 ayuntamientos si aceptan la reforma. "Ha llegado el momento de que Feijóo rompa ya de una vez con la ultraderecha en este país", ha instado la portavoz del Ejecutivo. 

De quien sí saben que no van a tener el apoyo es de Junts, que pidió dejar a Cataluña fuera de ese reparto obligatorio. El Gobierno ha asumido que no contarán con los siete votos de los independentistas, con los cuales no necesitaría el respaldo del PP. Pero la exigencia que hicieron hace unas semanas "no es aceptable" para el Ejecutivo, que ha dejado claro que, de aprobarse, esa responsabilidad compartida se hará efectiva para todas las comunidades, salvo las tres excepcionales, que son Canarias, Ceuta y Melilla.

Solidaridad por ley

La propuesta negociada con el Gobierno de Canarias, que también se presentó hace unas semanas a los grupos parlamentarios, recoge la reubicación de los menores migrantes cuando un territorio sobrepase el 150% de su capacidad de acogida. Por ejemplo, en el caso del archipiélago canario, que es el más tensionado actualmente, esto supondría hacer corresponsables al resto de comunidades autónomas de 3.000 de los 6.000 menores migrantes que atiende actualmente. 

Esa "solidaridad obligatoria" a la que apela el Gobierno es, según ha defendido Torres en más de una ocasión, la única vía que se ha encontrado para poder garantizar la atención de esos menores. "La Conferencia Sectorial tiene sus dificultades administrativas, porque es solidaridad voluntaria. Solo nos queda una solidaridad obligatoria que pasa por una modificación de la ley", ha asegurado este martes. En esa línea defendió también la propuesta la ministra de Juventud, Sira Rego, quien recordó hace unos días que en 2023 las autonomías solo acogieron un 15% del cupo de menores migrantes acordado y financiado por el Estado.