El Supremo archiva la investigación por terrorismo contra Puigdemont por el caso de Tsunami Democrátic

La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, a cargo de la investigación de la derivada del caso de Tsunami Democrátic que afectaba a Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, ha archivado este martes la investigación, un día después de que lo hiciera el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. 

En un auto, Polo explica que toma esta decisión tras la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró invalidadas las diligencias acordadas por García Castellón en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la causa. 

Ese pronunciamiento de la Sala fue el que originó que el juez de la Audiencia Nacional archivara posteriormente el procedimiento respecto a las diez personas investigadas, incluida la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La magistrada del Supremo señala que antes del 29 de julio de 2021, que es el límite temporal para haber realizado diligencias de investigación según lo acordado por la Audiencia Nacional, "no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación" de Puigdemont y Wagensberg, pues así "se desprende del auto de archivo dictado" por García Castellón.

Además, remarca que no se ha acordado ni tomado declaración a ninguno de los investigados en la causa, lo que "impide que las actuaciones puedan continuar por los trámites" para llevar el caso a juicio. La causa, que pasó años bajo la batuta de García Castellón, sufrió una escisión en febrero cuando el Tribunal Supremo aceptó la competencia para investigar a los dos implicados aforados: Puigdemont y Wagensberg. García Castellón lo solicitó a través de una exposición razonada que había elevado en 2023. Esta diligencia, por tanto debía quedar apartada de la causa. 

Un error procesal del juez García Castellón ha tirado por la borda la investigación en cuestión de horas. El instructor firmó el 30 de julio de 2021 una prórroga de seis meses en unas diligencias que estaban completamente paralizadas. Resulta que el plazo para dictar aquella prórroga terminaba el día anterior, con lo que la investigada Marta Molina recurrió la decisión. 

García Castellón, no obstante, señaló que la prórroga había entrado en plazo dado que "se dio continuidad" a la investigación "sin que se produjese interrupción alguna". Entonces la investigada recurrió en apelación, de forma que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contestó este lunes propinando un duro varapalo al juez instructor. 

"No cabe sostener sin detrimento de la congruencia que un plazo finaliza el 29 de julio de 2021 y también que no ha finalizado el día 30 siguiente", subraya el tribunal, y puntualiza: "Aunque ambos hechos, la expiración y su prórroga, sean cercanos -están separados por menos de 24 horas-, es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo".

El juez García Castellón, que estaba de vacaciones, tuvo que interrumpirlas para archivar el caso este lunes por la noche. En estas circunstancias, la causa que instruía Susana Polo había quedado muy perjudicada, hasta el punto en que la magistrada ha decidido este martes seguir los pasos del instructor de la Audiencia Nacional. 

Ambos jueces se encontraban, de hecho, analizando la posibilidad de aplicar la ley de amnistía a los investigados en la causa de Tsunami. El encaje de estos hechos en la ley de amnistía fue una de las grandes controversias en la tramitación de la norma. El Partido Socialista tuvo que hacer varias cesiones ante los independentistas, que pedían reformular el texto ante el temor a que los imputados quedaran fuera de la medida de gracia. 

Todos aquellos esfuerzos han resultado completamente irrelevantes ahora que los investigados se han librado, no gracias a la ley de amnistía, sino a un descuido de Manuel García-Castellón.