La Audiencia Nacional ha acordado preguntar a las partes personadas en la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR) si procede presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la posible aplicación de la ley de amnistía ante las dudas de los magistrados de que esta norma pueda contravenir "gravemente" el derecho comunitario y que pueda suponer "una infracción patente" del mismo.
En un auto, los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto y respondiendo a una cuestión de previo pronunciamiento, explican que en la causa de los CDR se investigan hechos que las acusaciones han tipificado como doce delitos de pertenencia a organización terrorista, ocho de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y otros ocho de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
Fue en noviembre de 2023 cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abrió juicio oral contra los 12 miembros de los denominados CDR procesados por pertenencia a organización terrorista.
Los magistrados de la Sección Tercera avalaban así la decisión adoptada el pasado octubre de 2023 por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.
Un núcleo radicalizado
La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduard Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.
Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.
Pese a aquellas peticiones, el 27 de junio de este año la misma Fiscalía pidió la aplicación de la amnistía a los 12 miembros de los CDR, para los que el propio Ministerio Fiscal pidió penas de hasta 27 años de prisión. Ante el presidente de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la teniente fiscal Marta Durántez defendió que no hubo "ninguna lesión" de los derechos humanos, y por tanto consideró que los hechos no eran amnistiables.
Según la investigación judicial, este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.
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