Qué demandan las comunidades y los socios del Gobierno ante la decisiva reunión sobre la acogida a menores migrantes

La reunión que se celebrará este miércoles en Tenerife entre Gobierno y comunidades será decisiva para predecir cómo será el destino de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de los menores migrantes no acompañados. La Sectorial de Infancia abordará el texto que negoció el Ejecutivo central con Canarias para imponer esa "solidaridad obligatoria" al resto del país cuando los servicios de acogida de un territorio estén colapsados. Y de la postura que expresen entonces los consejeros del ramo se vaticinará el respaldo que pueda tener la norma cuando aterrice en el Congreso, ya que en el Pleno se necesitará el apoyo o la abstención del PP, que gobierna en 11 comunidades —en cinco de ellas con Vox—, cogobierna en Canarias y preside las dos ciudades autónomas. 

Hasta ahora, prácticamente todas las autonomías han manifestado su "solidaridad" con la acogida de menores migrantes y, en concreto, con las Islas Canarias, sobrepasadas actualmente con la acogida de 6.000 niños, el triple de su capacidad de acogida. Con más o menos recelo, la mayoría reconoce que es urgente impulsar medidas para evitar el colapso de los servicios de acogida en periodos de crisis migratorias, pero piden más recursos y financiación para poder cumplir con ese compromiso con efectividad.  

"Somos conscientes de que tenemos que aportar y que tenemos que colaborar", reconoció este martes el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), quien pidió que esa distribución sea "equitativa" entre las comunidades y que no admita "autoexclusiones", como la que pide Junts para que Cataluña no esté obligada a acoger a los menores migrantes y que el Gobierno no está dispuesto a aceptar. De hecho, esta exigencia es la que ha hecho que todo dependa del PP, pues con el apoyo de los independentistas la iniciativa contaría con los votos necesarios cuando llegue a la Cámara Baja en las próximas semanas.

"Plan B no hay, porque no tenemos un apoyo suficiente para modificar la ley con otros apoyos. Pero lo importante es que lo saquemos. Estamos tendiendo la mano al máximo", sostuvo este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tanto él como la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pidieron insistentemente al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó que tenga "responsabilidad" y "altura de miras" para apoyar su propuesta. 

El PP reprocha no haber recibido la reforma todavía

Junts ha roto los esquemas políticos de Pedro Sánchez. Su rechazo a la ley de extranjería ha obligado al PSOE a buscar el apoyo del PP. No obstante, a diferencia de otras negociaciones que mantienen en paralelo, como es la renovación de varios órganos, esta vez no reluce una voluntad de acuerdo entre las dos grandes formaciones. En plena crisis migratoria, el PP, que gobierna el 70% del territorio nacional, se queja de que el Gobierno no le haya hecho llegar todavía el contenido de la ley que pretende trasladar el Ejecutivo al Congreso antes de que acabe el mes de julio. Mientras, los socialistas exigen al PP que apoye la reforma de esta ley que aspira a obligar a las comunidades a que atiendan a los menores migrantes.

Los reproches cobran más peso en vísperas de que el Gobierno se reúna con las comunidades autónomas para abordar una crisis que, según varias organizaciones, se recrudecerá en las próximas semanas. Desde Génova subrayan que las formas "no son serias", ya que si quisieran un apoyo real, los presidentes autonómicos acudirían a la cita con más información. Por su parte, las 11 comunidades del PP lanzarán una misma propuesta, basada en el principio de la solidaridad siempre que sea con responsabilidad: un fondo con "dinero suficiente" para que las comunidades puedan acoger a los menores inmigrantes y que, además, esté incluido en un plan que se haga "público y por escrito".

Precisamente, Ángel Víctor Torres dijo en rueda de prensa que la ley que aspira renovar ya prevé financiación suficiente para las comunidades. "Pues que se lo explique a las comunidades", exclaman desde Génova. En definitiva, la dirección nacional del PP no se opone de forma frontal a apoyar una ley que no ha podido analizar. Pero sí avanzan que sus comunidades serán muy rígidas con respecto a los recursos que le ofrezca el Estado, ya que si bien su voluntad es la de acoger a los menores migrantes, lo que no pueden es hacerlo en condiciones arriesgadas. También pondrán como condición que Cataluña se sume al plan, "todas las comunidades sin excepción", como apuntó este martes el portavoz del PP, Borja Sémper.

Dicho esto, en Génova desoyen las amenazas que reciben a ambos lados del tablero político: "Ni nos impresionan los órdagos de Vox ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno. La posición del Partido Popular se concreta en lo siguiente: solidaridad toda, pero chantajes, ninguno".

Las comunidades piden más recursos 

Así, sin un documento en mano todavía, y sabiendo únicamente que la propuesta plantea reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución cuando se exceda el 150% de la capacidad de acogida, las comunidades acudirán a la reunión de este miércoles especialmente interesadas en un asunto que será clave para determinar su apoyo: la cantidad de recursos y fondos que se destinen a este cambio legislativo.

"No todas las comunidades están en igualdad en su capacidad sanitaria, en sus recursos económicos, para atender a estos chicos", incidió la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga (PP), quien aseguró que, aunque la comunidad es "solidaria, también "necesita medios y recursos para dar esta atención a los jóvenes". En esa línea va la postura de La Rioja, cuya red de atención está ocupada entre el 85 y el 90% de las 135 plazas disponibles, según aseguró el portavoz Alfonso Domínguez (PP). 

También la Comunidad Valenciana aseguró el lunes que sus centros están sufriendo "dificultades extraordinarias" con una ocupación del 170%. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pidió entonces que el esfuerzo que se exija a las comunidades sea "conjunto" y con los recursos suficientes. Andalucía —que asegura que está al 115% de su capacidad— irá más allá y, aparte de pedir más financiación para abordar esta situación, reclamará al Ejecutivo que reconozca a los más de 400 migrantes menores de edad que, según afirmó la consejera Loles López (PP), han llegado a la comunidad bajo la apariencia de adultos, "sin información, coordinación ni financiación".

Hasta Canarias, que es una de las promotoras de la reforma, ha asegurado que los 50 millones de euros consignados en el convenio anual para la atención a los menores migrantes son "insuficientes", ya que el coste mensual roza los 14 millones, lo que evidencia la urgencia de que se apruebe una "financiación adicional". Con todo, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello (Coalición Canaria), expresó su temor a que la iniciativa no salga adelante, ya que no cuenta con "plan b" si fracasan las negociaciones. "No hay más recursos ni medios técnicos, el sistema ha sido llevado al límite", advirtió en rueda de prensa.

Pero quien quizás ha sido el más contundente y defensor de la necesidad de aprobar un mecanismo de reubicación que sea "vinculante y automático" entre las comunidades, ha sido el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). Como líder de uno de los territorios más afectados por la inmigración irregular, Vivas ha asegurado que las derivaciones deben ser "automáticas" por ley, sobre todo vista la experiencia en su comunidad, donde, "para desviar a la península a 40 menores tardamos seis meses". Así, ha pedido, tanto a Feijóo como al Gobierno central que aparquen la "confrontación política y partidista" y dejen de usar un asunto tan sensible como este "para cuitas o batallas ideológicas". 

La "única solución posible" para el Gobierno central

Para el Ejecutivo, la "única solución posible" para esta problemática es reformar la ley de extranjería e imponer esa "solidaridad obligatoria". Se trata, según defendió Torres en más de una ocasión, de la única vía efectiva, vistos los precedentes que demuestran que la "solidaridad voluntaria" acaba en la mayoría de ocasiones con las comunidades despojándose de los compromisos adoptados en la Sectorial. 

Y es que, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, las comunidades solo han acogido el 15% del cupo de menores migrantes acordado y financiado por el Estado el año pasado con 20 millones de euros para trasladar a 396 menores de Canarias y Ceuta: 30 en Andalucía; 16 en Aragón; otros 16 en Asturias; y cinco que se ha comprometido a trasladar Navarra a finales de julio. 

De hecho, más allá de la reforma legislativa, en la orden de la Sectorial de este miércoles se votará la distribución de 347 menores migrantes con 20 millones de euros que las comunidades del PP bloquearon en la última reunión, a mediados de junio.