La limitación de los pisos turísticos en Sevilla se retrasará dos meses más, hasta septiembre. Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla -PSOE, Vox y Con Podemos-IU- han vuelto a impedir este miércoles con su abstención el debate de la nueva propuesta del equipo de gobierno para limitar los alojamientos de uso turístico (VUT) en la ciudad que se había llevado a la Comisión de Urbanismo.
En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado la postura adoptada por el "tripartito bloqueador", que ha conseguido que el citado punto "no pudiera entrar en el orden del día y no se pudiera debatir". A este respecto, ha señalado que "para Partido Socialista, Vox y Podemos, la limitación de licencias de vivienda de uso turístico no es un tema urgente que este Ayuntamiento tenga que resolver cuanto antes. Una cosa más que tenemos que agradecer a las tres formaciones", ha añadido Sanz.
El regidor hispalense ha informado que esta abstención impide llevar el asunto al pleno de la próxima semana, retrasándose hasta el siguiente, que será el de septiembre, salvo que se convoque una comisión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, ha explicado el primer edil. Mientras tanto este Ayuntamiento ha "perdido otro mes". Mientras tanto el número de VUT de Sevilla inscritos en el Registro de Turismo de la Junta sigue aumentando y este miércoles suman ya un total de 9.458, diez más que los que constaban este lunes. Precisamente, el alcalde viene insistiendo desde hace tiempo en que si se hubiera aprobado la propuesta que limita los pisos turísticos en el último Pleno, en este mes de julio no se hubiera dado ninguna licencia.
Por su parte, desde el grupo municipal socialista, consideran que queda tiempo suficiente para llegar a una "verdadera limitación" de las VUT, ya que el pleno ordinario de julio es la próxima semana. En este sentido, el edil socialista, Francisco Páez, ha realizado "una nueva propuesta que limitaría la concesión de esa licencia a cero", frente a la medida planteada por el Ejecutivo popular, que según el PSOE permitiría más de 23.300 viviendas de uso turístico en nuestra ciudad. Así, han incidido en que "es el alcalde y su Gobierno quien tiene la pelota en el tejado para llegar a una verdadera limitación de licencias".
En la misma línea, la portavoz de la coalición de izquierdas Podemos-IU, Susana Hornillo, ha criticado que tras tres semanas de reuniones y negociación, el Gobierno del Partido Popular "no haya incorporado al texto ni una sola medida encaminada a la lograr la limitación real de VUT e impulsar un proceso de decrecimiento que mejore la convivencia en los barrios".
Desde Vox, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox, Gonzalo García de Polavieja , ha achacado a la "soberbia del PP, la imposibilidad de tramitar la regulación de los pisos turísticos" al tiempo que ha señalado que "el PP ha pretendido introducir el asunto por vía de urgencia" y en este sentido, ha matizado, que "la oposición se ha abstenido a la tramitación por dicha vía" y, por tanto, el asunto no se ha tramitado, por carecer su apoyo de mayoría absoluta.
Ampliación de la propuesta
Cabe recordar que el Gobierno local trasladó este martes a los grupos municipales una propuesta ampliada de limitación de este tipo de viviendas que contemplaba la revisión del número máximo de pisos en las zonas de 'alto esfuerzo familiar' -donde se invierte más del 30% del sueldo en la vivienda-, en las zonas acústicamente saturadas y de carácter patrimonial, al objeto de establecer un porcentaje distinto al 10% planteado inicialmente. Porcentaje máximo que se permitiría en la ciudad de pisos turísticos sobre el total de viviendas y que actualmente se supera en algunos barrios del centro y Triana.
Si bien, se trataría de un compromiso, toda vez que este porcentaje habría que estudiarlo, en base a criterios legales y jurídicos, no arbitrarios, abundaba el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa. Otra de las medidas planteadas por el Ayuntamiento es la creación de una 'mesa de seguimiento' que se reuniría mensualmente para supervisar la eficacia de las iniciativas adoptadas y con la finalidad de convertirse en un instrumento desde donde emanen nuevas propuestas. Además, se recoge la revisión trimestral donde se irán fiscalizando los porcentajes, "siempre con criterios legales y técnicos, no arbitrarios".
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