Barcelona se dota de una hoja de ruta para hacer frente a la multirreincidencia y pide al Gobierno reformas legislativas

La comisión no permanente de estudio sobre la multirreincidencia delictiva en el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este miércoles, en su quinta y última sesión, su informe de conclusiones, una hoja de ruta para hacer frente al fenómeno. Esta aboga por pedir al Gobierno modificaciones legislativas y también incluye medidas administrativas y sociales.  

El documento de conclusiones de la comisión, presidida por el portavoz de Junts, Jordi Martí Galbis, recoge aportaciones de este grupo municipal, así como de PSC, PP y ERC. Galbis ha recordado, sin embargo, que "no es un texto articulado, ni que se vote formalmente en esta comisión ni en el pleno". 

No obstante, lo ha considerado necesario porque cree "urgente una solución" a la multirreincidencia, que ve como un problema "grave" en la ciudad. "Tenemos la obligación de dotarnos de herramientas para dirigir un mensaje claro a la ciudadanía de que queremos una ciudad más segura", ha señalado, y ha recordado que hace años que la inseguridad es la primera preocupación de los barceloneses en los barómetros municipales. 

Entre las propuestas concretas que recoge el documento, está la modificación del Código Penal para castigar la reincidencia, así como cambiar las leyes procesales para agilizar el enjuiciamiento y reforzar los juzgados para que no haya demoras. De este modo, asegura el documento, se aprovechará el “buen” trabajo policial en la detención de los ladrones.

El texto señala que en la multirreincidencia los tipos penales que más influyen son los hurtos y los robos con violencia e intimidación, y una parte muy importante de estos los comete un colectivo relativamente reducido de delincuentes que actúa de manera reiterada.

Se constata que se incrementa año tras año el número de personas detenidas y puestas a disposición de la justicia, pero “la buena tarea policial no se traduce en un descenso del fenómeno”. Esto se atribuye a, varias causas, como por ejemplo, a deficiencias normativas tanto en el ámbito del derecho objetivo (Código Penal) como en las normas procesales (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que frustran los resultados policiales.

El texto destaca la dificultad para detectar las insuficiencias técnicas de la última reforma del Código Penal, y para su puesta en práctica, por el poco tiempo que lleva vigente. Apunta también que no ayuda el no contar con algún tipo penal específico para los hurtos de teléfonos móviles.

Por otro lado, señala que la falta de recursos humanos y materiales de la planta judicial (personal y órganos judiciales) es un obstáculo insalvable para que la administración de justicia pueda funcionar adecuadamente.

Asimismo, el texto afirma que la penalidad para los delincuentes en España es menor que en otros países y el tratamiento judicial, más ineficiente. Denuncia, además, la incapacidad para incorporar circuitos de acompañamiento y reinserción social plenamente integrados y efectivos.

Todos estos elementos, apunta el documento, pueden llegar a comportar una sensación de impunidad ante el delito entre la ciudadanía. Los partidos coinciden en que esta no es una problemática de todas las ciudades de España, sino que en algunas, como Barcelona, el fenómeno de la multirreincidencia tiene una especial afectación tanto en número de casos como en impacto social.

Eje legislativo

Entre las medidas legislativas que propone el informe está instar a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a que desarrollen y tramiten con carácter de urgencia las iniciativas legislativas presentadas para la modificación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Demarcación y Planta Judicial y otras disposiciones con rango de ley.

En concreto, se propone la modificación del artículo 234.2 y 235.1 del Código Penal para corregir los déficits demostrados en la última modificación de julio de 2022. También se defiende añadir al artículo 235.10 la pena de prisión de 1 a 3 años para los que roben teléfonos móviles o dispositivos electrónicos o tecnológicos. Además, se propone la modificación del artículo 22.8.2 del Código Penal para que contemple la reincidencia como circunstancia agravante, así como la modificación del artículo 66.2 para que los jueces tengan más discrecionalidad con los delitos leves.

También se señala la necesidad de modificar la Ley de Demarcación y Planta judicial para incrementar el número de juzgados, juzgados de guardia, jueces de refuerzo para delitos leves y juzgados de ejecutorias.

Los grupos municipales quieren también la modificación del artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los entes locales puedan ejercer la acción penal.

Por otro lado, defienden reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para dotar a la Generalitat de la competencia para implantar la justicia de proximidad, de forma que pueda desarrollar la potestad que el Estatuto de Autonomía de Cataluña le otorga.

Asimismo, proponen reformar la Carta Municipal en el Congreso y en el Parlament para desarrollar la justicia de proximidad en Barcelona y que esto sirva para que los delitos leves se puedan tratar con más rapidez en los juicios.

Eje administrativo

Entre las medidas administrativas para hacer frente a la multirreincidencia está el mantenimiento del segundo juzgado de guardia de Barcelona para el enjuiciamiento de delitos leves de manera permanente, con el objetivo de que siga absorbiendo trabajo del primer juzgado de guardia. También se apuesta por incrementar los recursos humanos y presupuestarios en el sistema judicial para evitar que muchos juicios tengan unas fechas de señalamientos muy alejadas del hecho a juzgar.

Otras medidas que se defienden son profundizar más en la interconexión de las bases de datos de los cuerpos policiales y desplegar recursos de atención y apoyo a las víctimas, especialmente para facilitar las denuncias. Además, el texto apuesta por incorporar a los objetivos de actuación de los cuerpos policiales la detección y detención de los “receptadores”, que son quienes facilitan la información y dirigen las acciones delincuenciales.

Eje social

El informe también recoge medidas sociales, como avanzar en el despliegue de medidas alternativas, mecanismos de justicia restaurativa y otros recursos de apoyo para dar respuesta a la situación de personas concretas que puedan cometer delitos leves vinculados a su situación de riesgo o de vulnerabilidad. Propone, asimismo, incorporar trabajadores sociales en los juzgados.

En el ámbito penitenciario, se apuesta por un acompañamiento de los profesionales de las prisiones, con un enfoque dirigido a la reinserción. Se defiende incluir en este acompañamiento los familiares del recluso, para evitar que el impacto de tener a un familiar encarcelado les conduzca a una situación precaria o para detectar una situación precaria preexistente.

Además, el documento subraya la necesidad de que haya una colaboración entre policía -especialmente, unidades de barrio-, vecinos y comercios de las zonas más afectadas por la multirreincidencia. De esta forma, señala, se facilita la detección e identificación de delincuentes y se aligera el impacto social y económico de la multirreincidencia.

Los grupos municipales

El concejal de los comunes Marc Serra ha dicho que las conclusiones parecen ya escritas desde el principio, por lo que ha considerado que “no había que” hacer la comisión.

Por su parte, el PP se ha preguntado por qué otras ciudades españolas con la misma legislación y el mismo sistema judicial no tienen tanta reincidencia y lo ha atribuido a la ideología política de los últimos años, que no ha promovido una buena imagen de la policía.

Vox ha criticado que no se haya hecho ninguna referencia al origen extranjero de la mayoría de ladrones reincidentes, mientras que ERC ha considerado un “fracaso” la comisión. Esquerra ha lamentado que se han hecho propuestas, como la modificación del Código Penal, contra la opinión mayoritaria de los expertos que han comparecido. 

Martí (Junts), por su parte, ha afirmado que hoy se ha dado un paso adelante “importante”. Según él, Barcelona no tiene por qué ser la ciudad española donde la situación de la reincidencia es “más grave”. “Nosotros no nos conformamos”, ha dicho.

En su opinión, hay varios factores que explican que la situación sea esta. Se ha referido, por ejemplo, a la actitud de “comprensión y poco proactiva” de los gobiernos de Colau y Collboni para afrontar los problemas de inseguridad y multirreincidencia. También se ha referido a otros factores, como por ejemplo la gran cantidad de turistas que visitan Barcelona.