España se sitúa entre los países con menos trabas a la competencia, en comparación con el resto de naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, existen algunas excepciones ya que las barreras normativas que se imponen en el sector del transporte, así como también a los negocios profesionales y a la venta minorista hacen que España se sitúe por detrás de la mediana. La organización también observa algunos problemas en la gobernanza de las empresas estatales, según reflejan los indicadores de regulación del mercado publicados este miércoles.

El documento -que cuenta con datos de 43 países- indica que el marco regulador en España es "bastante favorable a la competencia", aunque muestra algunas deficiencias en los sectores de la energía, las comunicaciones y el transporte. En concreto, la institución sitúa al país en el puesto 24 en esta área, principalmente debido a los obstáculos que existen en el sector ferroviario. Sin embargo, los sectores con las mayores barreras de competencia son el profesional y el minorista, ya que la organización le da la posición número 39. Las barreras de entrada también suponen un problema en dichas áreas.

La institución explica, además, que España podría "alinear mejor la gobernanza de sus empresas estatales" con las prácticas de la OCDE para poder garantizar la igualdad de condiciones con las empresas privadas. Asimismo, señala que los requisitos administrativos para establecer nuevas empresas podrían reducirse. En materia de obtención de licencias y permisos, la OCDE sitúa a España en la decimoquinta posición de los 38 países miembros y otras nueve economías del mundo. Esto se debe a que la organización considera que nuestro país ya ha adoptado la mayoría de las buenas prácticas al respecto, pero que todavía le faltan algunas.

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En materia de transparencia España se sitúa por encima de la mayoría de los países, concretamente en la posición número 17. Esto se debe a que, a diferencia de otras naciones, nuestro país regula el lobby, lo que garantiza la rendición de cuentas sobre las interacciones que se producen entre funcionarios públicos y grupos de interés. España no logra obtener una mejor posición en el ranking debido a que los responsables de las políticas que participan en el proceso de regulación pueden llegar a estar sujetos a "períodos de reflexión" al dejar el cargo. Además, señalan que a estas personas se les podría exigir revelar la identidad de los grupos de interés consultados.

Los obstáculos reglamentarios en el sector de la distribución y en la venta minorista de medicamentos también son elevados. Por este motivo, la OCDE coloca a España en la posición 36 en estas áreas. Estas barreras también se observan en el sector del transporte ferroviario y rodado, ya que en el aéreo y marítimo España se sitúa entre las primeras posiciones. El informe también destaca que la mayoría de las actividades profesionales están menos reguladas que en la media de las economías de la OCDE, pero no los notarios. En lo que respecta a la regulación de los mercados digitales, España obtiene uno de los mejores resultados al situarse en tercera posición solo por detrás de Alemania y Dinamarca.

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En términos globales, la OCDE sitúa a España en la decimoquinta posición de los países más favorables a la competencia. El podio lo ocupan Lituania, Suecia, Irlanda y el Reino Unido, mientras que las últimas posiciones corresponden a Sudáfrica, Turquía, China y Brasil.

Confianza en las instituciones públicas

La OCDE también ha publicado este miércoles su informe sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Los países que tienen una mayor confianza en su Gobierno central son Suiza, Luxemburgo y México, mientras que los que manifestaron una menor confianza son Eslovenia, Reino Unido y República Checa. En Suiza, el 61,9% de la población dice confiar en su Gobierno, mientras que en República Checa esa cifra es del 18,6%.

España se sitúa cerca de la media, ya que solo un 36,7% de la población afirmó tener mucha confianza en el Gobierno. Sin embargo, un 37,4% manifestó no tener ninguna o muy poca confianza en el Ejecutivo. El documento también refleja que la inflación y la subida de los precios es la principal preocupación de los españoles en la actualidad. El paro también se halla entre los aspectos que más inquietan a la población.