Hasta ahora, España ha sido uno de los alumnos aventajados en política climática dentro de la UE. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en vigor fue considerado en 2020 como un ejemplo de buenas prácticas en la evaluación que hizo la Comisión Europea. Tres años más tarde, a finales de 2023, Bruselas situó el proyecto de revisión de la estrategia española para el despliegue de renovables, del autoconsumo o el coche eléctrico, sobre el papel del gas y la eficiencia energética "por encima" del nivel de ambición marcado por la UE, una categoría en la que solo entraron seis de sus 27 países, dentro de su un informe con recomendaciones que era uno de los últimos pasos antes de que el pasado 30 de junio España y el resto de gobiernos enviaran el documento definitivo del nuevo PNIEC. Como otros 22 países, el Gobierno ha incumplido este plazo y todavía no hay una fecha para enviárselo a Bruselas en medio del desconcierto en el sector energético, que afirma no saber a qué se debe el retraso.
"Estamos a la espera de poder disponer de la evaluación ambiental estratégica y que pueda aprobarse cuanto antes". Así explicó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el mesa pasado en el Congreso la marcha de los trámites para enviar a Bruselas el nuevo PNIEC, que actualiza el vigente, con medidas hasta 2030 para conseguir que este año el 81% de la electricidad en España sea de origen renovable o se reduzca la dependencia energética, y con ella el consumo de combustibles fósiles, en un 44%. Para cuando Ribera dijo estas palabras, el Gobierno ya iba tarde, porque solo hacía quince días que su ministerio había abierto a información pública este estudio ambiental sobre los elementos nuevos que contempla el nuevo PNIEC con respecto al vigente y este proceso de recogida de comentarios y propuestas por parte de sectores implicados no se cerró hasta el pasado viernes, 12 de julio. Una vez cerrado este trámite, Transición Ecológica tendrá que estudiar y condensar las aportaciones. "La trabajaremos con el máximo rigor y esperamos tenerla lo antes posible", trasladan desde el Ministerio de Ribera sobre la evaluación ambiental estratégica.
Retraso generalizado
El efecto de forma de este manejo de los tiempos es que España ha incumplido el plazo que la Comisión Europea fijó hasta el 30 de junio para que los 27 gobiernos europeos le remitieran sus estrategias revisadas de energía y clima. Solo lo hicieron a tiempo Suecia, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca, a los que Italia se unió solo un día después del toque de campana. El gobierno de Francia no tenía previsto hacerlo hasta después de la segunda ronda de las elecciones legislativas, que se celebraron el domingo pasado.
Como el resto de instituciones de la UE, en estos momentos la Comisión Europea se encuentra en un periodo de transición entre una mandato y otro después de la elecciones europeas del 9 de junio, pero la maquinaria comunitaria no deja de girar. El 1 de julio, su portavoz de Acción Climática y Energía, Tim McPhie, urgió a los numerosos países que todavía faltaban por enviar a Bruselas su nuevo plan de clima a que lo hicieran cuanto antes. En principio, la Comisión iba a mencionárselos a los ministros "como cuestión de urgencia" en el consejo informal de Medio Ambiente que se celebró a finales de la semana pasada en Budapest aunque finalmente no fue así. Los planes nacionales de energía y clima de cada Estado miembro forman parte del engranaje comunitario para que la UE alcance sus compromisos climáticos y no responder en los plazos previstos, como el del 30 de junio, podría llevar en última instancia a la apertura de procedimientos de infracción contra los países incumplidores.
En el fondo, la consecuencia de que el Gobierno no haya finalizado aún el trámite para aprobar la actualización del PNIEC es que sigue sin cerrarse la estrategia que cuenta con hacer inversiones por casi 300.000 millones -privadas en su mayoría, en el 85%- para disparar de aquí a 2030 el despliegue de energías renovables en España y darles el timón sobre la generación eléctrica. El Gobierno estima esto provocará un aumento del PIB en un 2,5% para ese año y la creación de 522.000 empleos.
De acuerdo con el borrador que presentó Transición Ecológica el año pasado y del que se espera la versión final, esta estrategia de energía y clima debería llevar a que en 2030 las renovables supongan el 48% del consumo final de energía -6% más que en el plan vigente que ahora se actualizará- y la eficiencia energética alcanzará el 44% -frente al objetivo actual del 41,7%-.
Para ello, el Gobierno prevé producir 105 gigavatios (GW) de renovables nuevas hasta 2030, que reparte entre 62GW de eólica (frente a 50GW en el actual PNIEC) y 3GW de eólica marina frente a la horquilla de entre uno y tres prevista hasta ahora. La expectativa de generación de fotovoltaica casi se duplica, desde 39 GW a 76 GW y también crece notablemente la parte dedicada al autoconsumo, hasta los 19 GW.
La próxima versión del PNIEC espera que en 2030 estén en funcionamiento electrolizadores capaces de producir 11 GW de hidrógeno verde, en lugar de 4GW previstos inicialmente y que ese año circulen por España 5,5 millones de vehículos eléctricos, medio millón más de los 5 millones que se estimaron en 2020.
También plantea que para 2030 España sea capaz de reducir en un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero -nueve puntos más que lo que se planteó en 2020- y mantiene invariable con respecto a 2019 la generación eléctrica con gas, en los ciclos combinados, de 26,6 GW, así como la energía nuclear, con 3 GW para 2030, cuando ya se hayan cerrado cuatro de las siete centrales que hay en España. Ribera estima que las centrales térmicas de carbón "cesarán de aportar energía al sistema desde el año 2025".
El sector de la energía, a la espera
La manera en la que la versión final del PNIEC que espera Bruselas modifique estas metas es una incógnita en el sector de la energía, donde incluso se ve con extrañeza que Ribera no haya cumplido el plazo estipulado.
Hay quien vincula el retraso a motivos relacionados con el almacenamiento de electricidad renovable, en el que "no se ha hecho nada", a pesar de que el borrador que se conoció el año pasado se pasaba de tener 20 GW a 22 GW en 2030, aunque sin precisar mediante qué tecnologías. También se considera que el tiempo se está echando encima con respecto a la creación de mercados de capacidad -como reaseguro del suministro con tecnologías que puedan garantizarlo, por ejemplo, ante una caída de las renovables, que el Gobierno quería elevar a 26,6GW en 2030 antes de saber que la Comisión Europea excluyó esta cuestión de la reforma del mercado eléctrico y lo dejó para más adelante.
Por otra parte, el PNIEC cuenta con aumentar las interconexiones eléctricas con Francia, apenas conseguido, y reforzar las redes de transporte y distribución de electricidad, en las que Ribera acaba de enmendarse a sí misma, para ampliar el plan hasta 2026 y para elevar los límites de inversión en redes que eran inamovibles cuando el año pasado presentó su borrado.
Biogás, captura de CO2 y financiación
Junto a estos puntos de incertidumbre, algunos sectores llevan meses reclamando mejoras. Por ejemplo, las empresas del gas reclaman objetivos "más ambiciosos" para la producción de biogás y biometano, para llegar al 10-13% de la demanda nacional, aunque el borrador plantea duplicar la producción de 10 a 20 teravatios/hora para 2030. También desde el ámbito del gas, hace unos días la Plataforma Tecnológica del CO2 (PTECO2), de la que son miembros Repsol, Naturgy y Enagás, así como industrias del cemento, metalurgia o minería, reclamó a Ribera que incluya en el PNIEC definitivo "objetivos concretos" para poder desarrollar en España tecnologías de transporte, almacenamiento y uso del CO2 de difícil abatimiento que emite la industria.
En diciembre pasado y como hizo para el resto de países, la Comisión Europea también comunicó al Gobierno sus propias recomendaciones, que espera que plasme en el plan que debía haber remitido de vuelta el 30 de junio. Entre ellas, que concrete cómo se movilizarán los casi 300.000 millones que el Gobierno calcula que costará la transición ecológica hasta 2030, que fije un objetivo de producción de biocombustibles, delimite las zonas de aceleración para implantación de renovables y dé más detalles sobre la supresión de los subsidios a los combustibles fósiles y las consecuencias que esto puede tener en la población más vulnerable.
Comentarios