El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís, la denominada Ley de Concordia, que sustituye a la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de 2017. El Gobierno, por su parte, ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional con el fin de proteger del "atropello" los derechos de las víctimas de la dictadura.
Al finalizar la votación, los diputados del grupo socialista ha mostrado una pancarta en la que se podía leer "veritat, justícia, reparació" (verdad, justicia, reparación), mientras que los parlamentarios de Compromís han enseñado libros relacionados con la memoria democrática. La nueva norma fue debatida este miércoles por el pleno de Les Corts entre enfrentamientos de los diferentes grupos parlamentarios que expusieron visiones de la Historia opuestas para argumentar su posición de voto.
La ley de Concordia abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, mientras que la hasta ahora vigente se refería a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo. Según sus impulsores, la nueva norma supone "la reconciliación frente al odio" y restaura "por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de con qué manos y dónde fueron asesinadas", mientras que para PSPV y Compromís deroga "una ley cargada de derechos de la ciudadanía" y quiere "igualar dictadura con democracia".
Compuesta por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.
La ley aprobada crea la Unidad de Concordia; establece que la Generalitat elaborará un Catálogo de vestigios y habla de "lugares de concordia", donde han ocurrido "hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva". Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, excepto los procesos de exhumación.
El Gobierno recurrirá la ley
Tras la aprobación de la ley, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, en la Cámara valenciana ha anunciado que el Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional para proteger del "atropello" los derechos de las víctimas de la dictadura. "Lo vamos a hacer igual que con la Ley aragonesa" con el objetivo de apelar "al tribunal de los derechos constitucionales del país porque la Constitución protege los derechos de las víctimas del franquismo".
Con la votación de este jueves, según Morant, "se culmina la infamia de una propuesta de ley de PP y Vox que, por primera vez, convierte en ley el blanqueo del franquismo, que iguala a las víctimas con los verdugos y que infringe los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la Dictadura y la Guerra, como dice la ONU".
Para la socialista, "la hoja de ruta y el ideario del PP y Vox es convertirse en el modelo más radical de la historia de la Comunitat Valenciana" con una normativa que "nada tiene que ver con la concordia ni con la mayoría de los valencianos". Asimismo, ha lamentado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no haya condenado este jueves la dictadura franquista y cree que, de este modo, ya no se "distingue" de Vox.
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