El Gobierno no acaba de encarrilar su política migratoria pese a que, en las últimas semanas, hasta cuatro ministerios se han implicado en ella a raíz de la crisis por el hacinamiento de unos 6.000 niños y adolescentes en centros de acogida de Canarias. Las negociaciones con las comunidades autónomas para repartir a estos menores por todo el territorio español y descongestionar así las instalaciones canarias aún no han dado sus frutos. Y no lo han hecho pese a que sobre migración y menores tienen competencias, de una u otra manera, los ministerios de Política Territorial, Juventud e Infancia, Seguridad Social y Migraciones e Interior.
Quien está llevando la batuta por parte del Gobierno en estas negociaciones y, en general, en lo relativo a la coordinación de la crisis migratoria está siendo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que conoce bien la realidad canaria puesto que, hasta el año pasado, era presidente autonómico de esa comunidad. No obstante, Torres admitió esta semana que el Ejecutivo no cuenta por el momento con la mayoría suficiente en el Congreso para sacar adelante una reforma de la ley de extranjería que desbloquee la situación.
Para el ministro, esta reforma es la clave para solucionar la crisis migratoria y para que, en el futuro, este tipo de situaciones no vuelvan a producirse. Básicamente, por lo que apuesta Torres es por una reforma legal que obligue a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes en situación irregular cuando el territorio al que han llegado y en el que se encuentran instalados esté sobrepasado. "Ya no hay más demora posible: o se aprueba esa modificación legislativa o tendremos una situación dramática en los territorios frontera, Ceuta y Canarias, y en cualquier otro que en el futuro tenga presión migratoria", advirtió este jueves el titular de Política Territorial.
Para Torres, "está claro que la única opción es que esta solidaridad sea obligatoria en todo el conjunto del país". No obstante, el Gobierno se queja de que el PP se ha negado a comprometer su apoyo en el Congreso a esta reforma legal. Y lo cierto es que tampoco ha logrado, hasta ahora, armar una mayoría alternativa con sus habituales socios parlamentarios a causa de la negativa de Junts a apoyar una norma que obligaría a todas las comunidades a recibir a niños y adolescentes en situación irregular. "Si no hay una exclusión de Catalunya de esta ley, y por tanto del reparto [de menores migrantes], nosotros no podemos votar a favor de una ley que todavía tensiona más a Cataluña", espetó el miércoles la portavoz de los nacionalistas catalanes, Míriam Nogueras.
En paralelo a Torres, que lleva días presionando públicamente al PP para que se avenga a apoyar la reforma en la ley de extranjería y también el reparto de los cerca de 6.000 menores que se encuentran hacinados en Canarias, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha exigido que "ningún gobernante se ponga de perfil" a la hora de atender a unos niños y adolescentes "que llegan solos, absolutamente desprotegidos y en situación de desamparo". Saiz, que está manteniendo sin embargo un papel secundario pese a que cuenta con las competencias de migraciones, ha lamentado "la carrera hacia la insolidaridad que protagonizan PP y Vox" en relación a este asunto y ha pedido a los populares que estén "junto al Gobierno en una política de Estado" como esta.
El rol de Saiz, en cualquier caso, no está siendo de primer orden. Por el contrario, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sí está teniendo más protagonismo ante la crisis: aunque la batuta la está llevando Torres, Rego participó junto a él en la conferencia sectorial que se celebró en Tenerife el miércoles con los consejeros que tienen las competencias de infancia en las comunidades. Allí, pidió al PP "que busque un hueco en su agenda y, antes de valorar la reforma de la ley de extranjería, venga a uno de estos centros y mire a los ojos a los niños que están aquí".
El último en intervenir en este asunto por parte del Gobierno es quien tiene las competencias sobre fronteras: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El dirigente, no obstante, se ha limitado a presionar al PP para que acceda a reformar la ley de extranjería y ha asegurado que el plan de contingencia pactado el miércoles para el traslado de apenas 400 de los 6.000 menores alojados en Canarias "evidentemente es una copia de los planes de contingencia de estos dos últimos años", y denunció que "incluso con esos números absolutamente insignificantes, hay que decirlo, no han sido cumplidos".
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