La nueva mina de Aznalcóllar, en Sevilla, ha superado ya los trámites ambientales, un paso clave en su puesta en marcha, y se prevé que complete toda la autorización necesaria en el último trimestre de este año, por lo que empezaría en ese momento a construirse y tres años después, a final de 2027, estaría lista para extraer minerales.
La Junta de Andalucía ha otorgado la Autorización Medioambiental Unificada a Minera Los Frailes, encargada del proyecto, y ahora se abre el procedimiento para que la Consejería de Industria, Energía y Minas complete la luz verde, que se espera para antes de final de año si todo discurre como está previsto.
La autorización ambiental significa que el proyecto ha superado el aspecto más controvertido, la depuración y vertido de aguas, después del amargo recuerdo del desastre que ocurrió en 1998. A este respecto, los consejeros de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y de Industria, Jorge Paradela, han explicado a los periodistas que se cumplen "al cien por cien" todas las garantías ambientales y que nunca se va a permitir ningún vertido tóxico al Guadalquivir.
El ejecutivo andaluz insiste en que es un proyecto nuevo, que no tiene "nada que ver" con el que provocó el desastre. Se trata de otra mina en el mismo sitio y no de una reapertura. De hecho, será subterránea, no a cielo abierto, por lo que no incluye una corta.
Una garantía minera de 60 millones
El proyecto incluye un "exhaustivo" plan de control de agua, en el que la empresa está obligada a ejecutar tres programas diferentes, y se le obliga a contar con una garantía financiera de 60 millones a lo largo de toda la vida del proyecto, para salvaguardar posibles daños. Además, no habrá balsas de residuos y una parte de los que se generen se reutilizarán como relleno en el interior de la mina, una técnica novedosa, y la otra parte se deposita en la antigua corta para la restauración.
450 millones de inversión y 2.000 puestos de trabajo
En cuanto a la huella hídrica, más del 80 por ciento del agua se reutiliza en el proyecto. La inversión privada es de 450 millones, de los cuales 100 millones son para actuaciones ambientales, entre ellos una depuradora de última generación. Se estima la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, de los que la mitad será en los tres años de construcción de la mina y todo el equipamiento.
La vida del proyecto son 20 años, los tres primeros para su puesta en marcha cuando ya cuente con todas las autorizaciones pertinentes, y otros 17 años de explotación de los sulfuros polimetálicos. La mina cuenta con reservas de 45 millones de toneladas de cobre, cinc y plomo. La producción anual estimada es de 2,7 millones de toneladas.
En cuanto a la rehabilitación del espacio, se actuará sobre 500 hectáreas que abarcan las cortas, las escombreras y los suelos contaminados. Se trata de remodelar el terreno, su integración paisajística y la revegetación. Una vez que termine la explotación, las antiguas cortas pasarán a ser lagos mineros naturalizados.
Tres años de montaje
En la fase de construcción que puede iniciarse en el último trimestre del año se incluye el montaje de instalaciones, de la depuradora o la creación de las galerías de explotación y de transporte, entre otros. Todo ello se hará durante el periodo inicial de tres años. Para la construcción de la depuradora se estiman 18 meses, por lo que los primeros vertidos llegarían a mediados de 2026.
Los vertidos serán de 17,52 hm3, de los que 15 corresponden a la corta de los Frailes, que es la que se tiene que vaciar, con agua de buena calidad porque es de lluvia. Lo restante pertenece a la corta de Aznalcóllar, que se hará solo en caso de que sea necesario y siempre pasando por la estación de tratamiento.
Hasta ahora se han hecho 23 simulaciones y todas han estado por debajo de los límites máximos permitidos, incluso en el escenario "más desfavorable". Los vertidos de agua se van a analizar todos los días en tres puntos de control diferentes y si en algún momento se detecta que llega al 75 por ciento del límite máximo permitido, se parará automáticamente. El Gobierno andaluz garantiza que así será "imposible" un vertido por encima de lo permitido, ya que se parará al 75 por ciento, "con el semáforo en verde".
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