![fotografo: Jose Gonzalez Pérez [[[PREVISIONES 20M]]] tema: Entrevista a abogado penalista. César Pinto.](https://imagenes.20minutos.es/files/image_640_360/uploads/imagenes/2024/07/12/fotografo-jose-gonzalez-perez-previsiones-20m-tema-entrevista-a-abogado-penalista-cesar-pinto.jpeg)
Cada 12 de julio se conmemora en España el día de la justicia gratuita, protegida en el artículo 119 de la Constitución y regulada en una ley, la de asistencia jurídica gratuita, que data de 1996. Sobra decir que de aquel entonces a esta parte, España ha cambiado mucho. Pero esos cambios y la falta de adaptación legal a los nuevos tiempos son la razón por la que la situación de los abogados de oficio es insostenible, según relatan varias organizaciones a este periódico. "La asistencia jurídica gratuita es un derecho que descansa en la precariedad de los abogados de oficio", señalan desde la asociación de Abogados y Juristas en Pro del Estado de Derecho (Aproed).
Precisamente esta semana, el 10 de julio, el Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo de la Abogacía Española publicó un informe sobre la situación a nivel nacional. Algunos datos. Casi uno de cada tres abogados en España están inscritos al turno de oficio, a través del cual ofrecen servicios a la ciudadanía de forma gratuita y reciben remuneración del Estado y las comunidades autónomas. 40.748 profesionales que en 2023 cobraron una media de 151 euros por servicio. Esto costó 6,6 euros de media a cada ciudadano y sirvió para resolver más de dos millones de expedientes. En total, la inversión fue de 314 millones de euros.
El sistema de asistencia gratuita se divide entre las comunidades que no tienen transferencias transferidas y las que no. En este segundo grupo se encuentran Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla. Lo presupuestado para todas ellas en su conjunto en 2023 fueron 42.882.323 euros. En ese mismo año, Cataluña por sí sola obtuvo un presupuesto superior (más de 66 millones) y Madrid, también (más de 49 millones).
Muchos colegios de abogados vienen reclamando desde hace años una subida de los baremos y una reducción de la desigualdad entre territorios. El Ministerio de Justicia, de hecho, va camino de reformar la ley de 1996 y abrió el mes pasado una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita. Pero no será sencillo cubrir todas las grietas que este sistema público acumula desde hace casi tres décadas.
Juan Manuel Mayllo es responsable del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y está entre los más de 40.000 profesionales inscritos en este servicio público. A las diez de la noche de este viernes, coincidiendo con el día de la justicia gratuita, Mayllo comenzó una guardia de 24 horas por la que recibirá 228 euros brutos. "Nadie se apunta al turno de oficio por tema económico. Es absurdo, no te da para vivir. Al contrario, hay auténticas historias de vocación", explica a este periódico.
Lo cierto es que el turno de oficio es, en teoría, obligatorio para todos los abogados. Pero tal y como explica Mayllo, habitualmente no se va obligado porque "hay muchos compañeros apuntados voluntariamente y no es necesario". Pese a que el trabajo es "muy vocacional", este letrado admite que con el paso del tiempo "terminas muy quemado". Más aún cuando hay algunas actuaciones que no se llegan a pagar. Lo explican varios entrevistados, entre ellos el vicepresidente de Aproed, Antonio Agúndez: "Hay actuaciones que ni siquiera nos pagan".
Cuando se dicta una sentencia, el letrado aún debe encargarse de su ejecución en los dos años siguientes. En el caso de un divorcio, por ejemplo, se encarga de presentar denuncias de ejecución cuando los divorciados no se ponen de acuerdo sobre el colegio al que llevar a un hijo común, o sobre con quién pasará las vacaciones. "Todas estas actuaciones, que pueden llegar a ser siete o más a lo largo de dos años, no se pagan nunca, van incluidas en lo que se te ha pagado previamente", denuncia Agúndez.
El abogado Juan Manuel Mayllo, además de denunciar las condiciones en las que trabajan los abogados del turno de oficio, reivindica durante la conversación la labor de sus compañeros. "El mito de que el abogado de oficio no tiene ganas o no está preparado está muy lejos de la realidad", defiende. Y para ello se apoya en un dato: El nivel de satisfacción de los clientes es del 82% -como recoge el informe mencionado-. Además, añade orgulloso que "hasta el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha puesto de relieve la excelencia técnica de los recursos de casación de los abogados del turno de oficio".
César Pinto, el oficio hasta el final
Si uno pregunta por un ejemplo de la labor profesional y vocacional de los abogados de oficio, muchos coinciden en mencionar el nombre de César Pinto. Así ha ocurrido, de hecho, con varias personas consultadas por este periódico. Pinto es abogado de oficio porque le gusta "asistir a las personas más vulnerables". Quedó demostrado en 2012, cuando el letrado llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para frenar el desahucio inminente de una joven y sus hijos. "Era una vivienda social de la Comunidad de Madrid, y la comunidad había solicitado la entrada en el domicilio", relata Pinto a 20minutos.
El juzgado autorizó la entrada en la casa de aquella familia y, aunque cabía un recurso de apelación, este no serviría para frenar el desahucio. "Se me ocurrió solicitar medidas cautelarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que había menores de edad y no existía una alternativa habitacional", relata el letrado, de forma que "pocos días antes del desahucio el tribunal ordenó suspenderlo".
No fue la última vez que este abogado se enfrentó al poder y ganó. En otra ocasión llegó a sus manos, por sorteo, el caso de uno de los ciudadanos afectados por la venta de 2.935 viviendas, garajes y trasteros del parque público de Madrid a un fondo buitre. El inquilino, Rachid Bouikou, acudió a la justicia gratuita tratando de salvar una situación desesperada. Con tres hijos y sin empleo, su alquiler subvencionado en un 95% pasaba a manos de Goldman-Sachs Azora.
La única opción que encontró Pinto para defender a su cliente fue impugnar la venta total de esas viviendas, pero el juzgado le dijo que "un inquilino no tenía legitimidad para recurrir un tema de contratación pública". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al juzgado y Pinto presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que lo estimó y acordó retrotraer las actuaciones al juzgado.
Los tribunales acabaron dando la razón a Bouikou, pero la Comunidad de Madrid estimó que la sentencia solo afectaba a ese domicilio. "Como pensaba que la sentencia afectaba a todas las viviendas", Pinto continuó con su batalla judicial y en octubre de 2021 "los tribunales declararon que la sentencia afectaba a toras las viviendas que no se hubieran vendido en ese periodo a terceros de buena fe".
Aparte de su labor en el turno de oficio, Pinto trabaja con otros asuntos porque si no, "no te da para vivir". ¿Su conclusión? "Que a las administraciones, las personas a las que prestamos servicios, las más vulnerables, no deben importarle mucho".
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