Menores migrantes no acompañados: cuántos hay en España, de dónde proceden y cuál es el coste para Canarias

Un sanitario lleva a una niña que llega en un bote con 56 migrantes subsaharianos el 17 de junio de 2021 en Fuerteventura, Islas Canarias, España.
Un sanitario lleva a una niña que llega en un bote con 56 migrantes subsaharianos el 17 de junio de 2021 en Fuerteventura, Islas Canarias, España.
Europa Press via Getty Images
Un sanitario lleva a una niña que llega en un bote con 56 migrantes subsaharianos el 17 de junio de 2021 en Fuerteventura, Islas Canarias, España.

Son niños y adolescentes que llegan solos a nuestro país. Sin sus padres. Sin ningún otro adulto que les proteja. Cerca de 6.000 pisan tierra firme en Canarias tras un viaje que a menudo comienza mucho antes de subirse a una patera. Ahora, las islas, que han sobrepasado su capacidad de acogimiento, están cerca del colapso y el Gobierno ha acordado con las comunidades reubicarles por todo el país para garantizar su bienestar.

¿De dónde provienen?

Huyen de la pobreza, de la exclusión y de la falta de oportunidades y, en ocasiones, buscan protección por la violencia que afrontan en sus países de origen. Los que llegan a España son, mayoritariamente, marroquíes y argelinos, "aunque poco a poco ha ido aumentando el número de los que provienen, sobre todo, de distintos países de África Subsahariana", afirman desde Unicef.

¿Cuántos menores migrantes no acompañados hay?

En el último año y medio, Canarias ha recibido a la mitad de todos los menores extranjeros sin familia que han llegado a España. Pero, ¿cuáles son las cifras concretas de esta emergencia migratoria?

Los datos solo se hacen públicos una vez al año en la Memoria de la Fiscalía. Además, existe un Registro de Menores Extranjeros no Acompañados donde se les inscribe "cuando su minoría de edad no ofrece dudas, o se determina mediante una serie de pruebas", explica la organización.

Sin embargo, la situación de colapso en la que se encuentran las islas está retrasando la documentación de los niños y adolescentes: aunque se han grabado en el sistema a casi 3.900 menores -según revelan fuentes de El País- solo se han resuelto unas 300 solicitudes porque el Gobierno de Canarias no da abasto para presentar la documentación necesaria para legalizar la situación de los niños.

En octubre de 2017, había inscritos en el Registro 5.380 menores extranjeros no acompañados, "una de las cifras más altas de los últimos años, cercana a las de 2006 y 2007", aseguran en Unicef. Algo más elevada es la cifra de 2022, cuando se acogieron a 5.868 niños y adolescentes, según datos de Statista.

¿Cuál es el coste del acogimiento en Canarias?

El presidente canario, Fernando Clavijo, afirmaba en enero que el coste de la gestión de la crisis migratoria en Canarias es de unos 104 millones de euros, y que los 50 millones procedentes de la Unión Europea que ya han sido transferidos no son suficientes: gasta 13,5 millones de euros mensuales, a razón de 90 por día y menor, que entrega a entidades que se ocupan de la acogida, según El País.

Además, Canarias se enfrenta a otro problema: la falta de personal cualificado y de recursos alojativos, porque muchos centros están colapsados y los niños y adolescentes duermen hacinados. "Ahora mismo los recursos que tenemos, los 80 centros que tenemos, los tenemos saturados, ya están sobredimensionados", afirmaba la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

¿Cuánto pagará el Gobierno a las CCAA por el acogimiento?

Tras el acuerdo del Gobierno con las comunidades para el traslado voluntario de 347 niños y adolescentes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmaba que ''se ha incluido más claridad con respecto a la financiación. El texto remite a la financiación establecida en la conferencia sectorial de septiembre de 2022: 145 euros por niño o niña''.  

De este modo, el ministro subrayaba que el Estado ofrecerá a las comunidades recursos para infraestructuras y para la integración social y educativa de los menores. Desde la aprobación de la modificación legislativa, las comunidades tendrán tres meses para que la Conferencia Sectorial incluya nuevas propuestas.

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