Hacienda se reúne con las comunidades con el telón de fondo de la financiación singular catalana

María Jesús Montero se reunirá este lunes con los consejeros de Economía y Hacienda de las autonomías para informarles de los objetivos de déficit y deuda pública. La ministra de Hacienda ha convocado el cónclave con esa intención, pero el encuentro estará marcado, una vez más, por la propuesta de financiación singular que persigue Cataluña. Asunto de plena actualidad, que se debate mientras el PSC y ERC negocian la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Precisamente con el marco de la singularidad catalana como punto clave para que los socialistas se hagan con el Govern.

Montero se ha abierto a debatir propuestas para reformar el sistema de financiación autonómica en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este lunes. Una postura que ha llevado a que la Generalitat se haya decidido a enviar esta vez a un representante de primera línea a este foro tras el plantón del pasado diciembre, en el que Cataluña mandó a cargos de segunda fila al encuentro. La última vez que la Generalitat envió a un representante con rango de consejero fue en 2021. 

En representación de la Generalitat acudirá Natàlia Mas, consellera de Economía en funciones nombrada por ERC. Mas ha dejado claro que su presencia en este foro se limita a presentar la propuesta de concierto catalán con la que la formación independentista pretende obtener plena capacidad normativa y recaudatoria sobre los impuestos que se pagan en Cataluña. La representante catalana señaló la semana pasada que es "urgente e inaplazable" que Cataluña abandone el régimen común de financiación que rige en todas las comunidades, a excepción de Navarra y País Vasco.

Por el lado del PSC no están dispuestos a llegar a tanto, pero la formación que lidera Salvador Illa sí ve aceptable crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat para que Cataluña recaude el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio. Una posibilidad que ya se recoge en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía catalán, pero que todavía no se ha puesto en la práctica.   

Desde Moncloa el mensaje que se ha enviado sobre la financiación singular ha sido ambiguo. Tanto María Jesús Montero como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han hablado de reconocer las singularidades de Cataluña, pero dentro de una reforma global del sistema de financiación en el que se tenga en cuenta las singularidades que pueda tener cada territorio, que pueden ser por motivos tan dispares como razones históricas o la orografía. 

Enfado en el resto de comunidades

La financiación singular catalana no gusta en las otras 14 comunidades autónomas de régimen común; doce de ellas gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha y Asturias, en manos socialistas. Las autonomías populares volverán a hacer frente común, como ya hicieran en la reunión anterior de diciembre, contra lo que ven como un trato de favor a Cataluña. 

Desde Génova temen que la reunión se utilice para "blanquear el chantaje del independentismo" y creen que la propuesta "va a perjudicar a muchos, para que uno siga sentado en el sillón de la Moncloa y otro pueda conseguir el Gobierno de la Generalitat". Así se expresó el domingo Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica en el PP.

Autonomías influyentes como Andalucía o Comunidad Valenciana mostraron su rechazo rotundo a la singularidad catalana la semana pasada. "Nos vamos a oponer a cualquier privilegio en la financiación porque los privilegios de un territorio se convierten en agravios para el resto", trasladó Carolina España, consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Andalucía pedirá a Montero que presente una propuesta de reforma de la financiación por escrito. 

Desde Comunidad Valenciana, la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, cree que la "singularidad" que persigue Cataluña es "una humillación para el resto de ciudadanos de España". Su comunidad —que hace frente común con otras autonomías que se consideran infrafinanciadas como Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha— volverá a pedir un fondo de nivelación temporal que garantice ingresos suficientes hasta que se pacte una reforma.

Senda de déficit y después techo de gasto

Más allá de la trascendencia del debate político, el Consejo de Política Fiscal y Financiera servirá para que Hacienda presente a las comunidades autónomas cuáles serán los límites de déficit y deuda pública en los que podrán incurrir entre 2025 y 2027. Referencias que posteriormente tendrán que validar el Congreso y el Senado, ya después de las vacaciones. También se informará se las entregas a cuenta que corresponderán a cada administración. 

Se trata de dos cuestiones relevantes, sobre todo si se tiene en cuenta que los presupuestos autonómicos y locales para 2025 se tienen que elaborar ya conforme a las nuevas reglas fiscales europeas, que exigirán al país un ajuste importante en los próximos cuatro años. La clave en este punto reside en cómo se reparten los esfuerzos entre las diferentes administraciones públicas. 

Las autonomías recibirán esta información un día antes de que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros el techo de gasto para los Presupuestos Generales de 2025. El Ejecutivo aprobará el límite de gasto no financiero en una sesión en la que también actualizará sus previsiones macroeconómicas para este año y el próximo. Según ha adelantado el ministro Cuerpo a El País, el PIB nacional avanzará un 2,4% en 2024 y un 2,2% en 2025 y se crearán un millón de empleos.