La proposición de reforma de la ley de extranjería ha sido registrada este lunes en el Congreso de los Diputados por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Su objetivo es establecer una distribución vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las autonomías desde los territorios de llegadas que estén saturados, como es el caso de Canarias. El Gobierno lleva días pidiendo el apoyo del PP para aprobar esta ley con el fin de solucionar la situación de estos menores migrantes de forma definitiva, después de que en la última conferencia sectorial solo se haya logrado el acuerdo para el traslado voluntario de casi 400 de ellos a la península, lo que detonó la ruptura de Vox con el PP en las cinco autonomías donde gobernaban juntos y en Baleares. No obstante, el PP mantiene su apoyo en el aire a esta ley.

El texto modifica el artículo 35 de la ley de extranjería con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. El Gobierno necesita el apoyo del PP para aprobar esta iniciativa, ya que se requiere mayoría absoluta y Junts ya avanzó que votaría en contra, por ello, desde el Ejecutivo llevan presionando con la aprobación de esta iniciativa desde la semana pasada.

"Es muy importante lo que haga el PP", ha señalado este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha acudido junto con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al registro de la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. También han asistido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que comparte coalición con el PP en el archipiélago y pactó con el Gobierno la reforma, así como los portavoces del PSOE, Patxi López, y de Sumar, Íñigo Errejón.

El texto de la norma fija en 15 días naturales el tiempo máximo para reubicar en otra comunidad autónoma a un menor desde la fecha en el registro. Pero el principal objetivo de la norma es establecer una "solidaridad obligatoria" que de solución a territorios tan tensionados como Canarias, que con una capacidad para acoger a 3.000 menores migrantes, actualmente atiende a 6.000. Lo que no incluye el texto -al presentarse como proposición y no como proyecto de ley- es una memoria económica, por lo que no precisa las cuantías que recibirían las comunidades autónomas. El documento se limita a señalar que "se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente".

Mientras que el PSOE aboga por la proposición de ley para obligar a la reubicación para evitar la inseguridad jurídica de los menores, Coalición Canaria pide recurrir al decreto para actuar de inmediato mientras se tramita la norma. Al respecto, la ministra Rego ha recordado que la reforma del artículo 35 lleva asociado el mecanismo de acogida aprobado por "unanimidad" en la conferencia sectorial de 2022 por todas las comunidades autónomas.

El PP deja en el aire su apoyo a la ley de Extranjería

El PP ha criticado tanto las formas como el fondo: "Llevamos seis meses pidiendo un plan nacional de inmigración y hoy de prisa y corriendo el Gobierno plantea esto". Según el portavoz nacional, Borja Sémper, la respuesta a la migración irregular tendría que haberse presentado como un proyecto de ley, lo que hubiera obligado a analizar "los informes preceptivos técnicos y un debate mucho más solvente". Asimismo, ha sido crítico "con la ausencia de política migratoria de este Gobierno porque trata a los inmigrantes como paquetería exprés y porque no afronta a medio y corto plazo este problema".

Los populares siguen exigiendo un plan nacional de inmigración "que no piense solo en hoy, sino a medio y largo plazo", y que incluya una batería de medidas. "Pedimos al Gobierno que declare la emergencia migratoria, que ofrezca recursos y financiación a las comunidades autónomas, que se implique en la gestión de los menores no acompañados; exigimos un mayor control de nuestras fronteras, negociaciones que inicien un proceso de negociación con Europa para que nuestros socios europeos nos ayuden, inversiones y acuerdos en los países de origen donde las mafias hacen su agosto". 

Además, Sémper ha reclamado en rueda de prensa que se convoque "con urgencia" la conferencia de presidentes autonómicos para que todas las comunidades puedan "compartir sus circunstancias" y explicar los recursos que necesitan "para seguir acogiendo a los inmigrantes en condiciones humanitarias".

La dirección nacional del PP se ha sumado a las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha avisado de que la ley del Gobierno generará "un efecto llamada". Según Sémper, "una mala política migratoria o la ausencia de ella genera desastres como el efecto llamada".