La situación no tiene precedentes en esta democracia: un juez ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado al apreciar indicios de que ha cometido un delito de revelación de secretos. Así quedó reflejado este lunes en un auto del instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena, que tras meses investigando ha llegado a esta conclusión. Todo ello a raíz de una nota de prensa publicada por instrucción de Álvaro García Ortiz, el fiscal general, que narraba con detalle la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental.
Aún sin precedentes, la decisión que tomó el lunes el juez Goyena no pilló a nadie desprevenido, dado que el fiscal general había asumido públicamente la responsabilidad por la nota de prensa y había pedido al propio instructor que elevara la causa al Supremo. Lo cual no quiere decir que García Ortiz reconozca la comisión de un delito. A su juicio, la emisión de la nota no tiene consecuencias penales, fue más bien el paso lógico para "poner fin a un bulo".
¿Qué delito aprecia el instructor?
Francisco José Goyena coincide con el novio de Ayuso, que se querelló contra la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que pudo haber un delito de revelación de secretos. Esto ocurrió en marzo, tras revelarse que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba siendo investigado por defraudar a Hacienda y falsear documentos. Salieron a la luz varias informaciones periodísticas sobre un acuerdo que la Fiscalía había propuesto al abogado de González Amador para evitar una eventual condena.
Pero el 14 de marzo la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa en la que desmentía las noticias publicadas: había sido el propio González Amador, y no el Ministerio Público, quien había propuesto llegar a un acuerdo de conformidad. Aquella nota, según determinó el juez este lunes, "supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".
En un primer momento, una vez admitida a trámite la querella interpuesta por González Amador, el juez del TSJM imputó a los dos fiscales que firmaban la nota de prensa: el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez. Y entre sus primeras diligencias ordenó identificar "al máximo responsable (en rango) del Ministerio Público" que diera luz verde u ordenara publicar aquel escrito.
EL 15 de abril, García Ortiz asumió de forma verbal que él era el responsable último de la emisión del desmentido, y más adelante pidió por escrito al TSJM que enviara la causa al Tribunal Supremo dado que él mismo había ordenado difundir la nota. Finalmente, el juez ha decidido enviar la causa al alto tribunal.
¿Por qué el juez envía la causa al Supremo?
Álvaro García Ortiz, máximo representante de la Fiscalía General del Estado, goza de condición de aforado. Esto implica que sólo la Sala Segunda del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena puede investigarlo. Lo explicó con claridad el escrito del fiscal general, en un párrafo que Goyena recupera en su auto: "el Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en tanto que su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas".
De ahí que el juez Goyena haya trasladado al Supremo una exposición razonada en la que le invita a continuar con la instrucción "si así lo estima procedente". El juez, probablemente debido a un error, señala ante la Sala Segunda que los hechos encajan en el artículo 419 del Código Penal -que abarca el cohecho- en vez de aludir al 417, que versa sobre la revelación de secretos. Y señala que "la práctica de diligencias" sin la presencia de García Ortiz (como investigado) "podría causarle indefensión por cuanto, de resultar en alguna medida incriminatorias en su contra, no estarían sometidas a los principios de contradicción y defensa".
En cuanto a los dos fiscales investigados, el instructor Goyena tomó el lunes dos decisiones distintas. Por un lado considera que el papel de Julián Salto fue "meramente instrumental", y por ende ha dictado el sobreseimiento libre de la causa en lo que a él respecta. Por el contrario, el juez piensa que la participación de María Pilar Rodríguez "no ha quedado nítidamente establecida". Por tanto no retira su condición de investigada "al menos en este momento y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de una más cumplida investigación, ya en sede de la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
¿Qué va a hacer García Ortiz?
El fiscal general del Estado confirmó este lunes lo que venían advirtiendo en su entorno desde hace semanas: no se plantea dimitir por mucho que lo imputen en la Sala Segunda. "García Ortiz asegura que el hecho de que se haya elevado esa exposición razonada no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del Fiscal General", indicaron este lunes en el Ministerio Fiscal.
Pese a asumir la responsabilidad del comunicado, García Ortiz nunca ha considerado que su comportamiento fuera delictivo. Más aún, siempre ha defendido que publicar la nota era una necesidad, "para poner fin a un bulo, amparar a un compañero y extraordinario fiscal y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía".
En un comunicado de la Fiscalía tras la exposición razonada se aseguró este lunes que "el deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones es un mandato legal que la Fiscalía ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro". Además, la institución recalcó que "la nota de prensa no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada y en otros divulgando el contenido literal de las comunicaciones".
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