Montero se abre a un consorcio tributario catalán, pero niega que el Gobierno esté negociando con ERC

El Ministerio de Hacienda se abre a la creación de un consorcio tributario como el que se recoge en el Estatuto de Autonomía catalán para que el Estado pueda compartir con la Generalitat la recaudación de los impuestos en Cataluña. Una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa en la negociación abierta entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat. 

Interrogada sobre esta cuestión tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este lunes, la vicepresidenta ha señalado que los estatutos de autonomía "son de obligado cumplimiento" y que "nadie se puede negar al desarrollo de una ley". "Si en su momento se entendió que esta es una línea que se podía explorar, perfecto", ha señalado. Además, la vicepresidenta ha recordado que la creación de un consorcio similar ya está previsto en otros estatutos de autonomía.

Montero ha intentado echar valores fuera y ha dicho desconocer la propuesta que han intercambiado socialistas catalanes y ERC. De hecho, la ministra ha negado que el Gobierno forme parte de las conversaciones con ERC para hacer presidente a Illa, aunque la singularidad catalana tendrá que traducirse en un cambio normativo que pase por las Cortes Generales. "Esto empieza y termina en Cataluña", ha zanjado Montero.

Minutos antes de la comparecencia de la vicepresidenta, la consellera de Economía catalana en funciones, Natàlia Mas, ha situado la singularidad catalana como un elemento "crucial y nuclear" de la negociación de investidura. "La lucharemos, no será fácil", ha señalado Mas, que ha dicho que primero negociarán con PSC y después buscarán el aval del Ejecutivo. 

La reforma del sistema, entre Sánchez y Feijóo

Aunque no formaba parte del orden del día, la cuestión de la singularidad catalana ha sobrevolado en todo momento la reunión del CPFF, el foro en el que las autonomías y el Gobierno discuten sobre cuestiones económicas. Los consejeros de Economía y Hacienda del PP han vuelto a hacer frente común contra la singularidad catalana. "Insolidaridad", "agravio", "privilegio" o "chantaje" son algunos de los términos que se han utilizado para describirla. Unas críticas a las que se ha sumado también Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. 

Sobre este aspecto, María Jesús Montero ha circunscrito cualquier singularidad en financiación para Cataluña en el marco del sistema de financiación actual. "Nos referimos a algo que ya existe, el reconocimiento de especificidades de un territorio", ha señalado. La vicepresidenta ha puesto como ejemplo de singularidad la insularidad de Baleares o Canarias y ha recordado que las comunidades que tienen traspasadas más competencias reciben fondos para compensarlas.

Los representantes populares han lamentado el desarrollo de la reunión de CPFF, de la que esperaban salir al menos con una propuesta de reforma del sistema de financiación por parte del Gobierno. En este punto, Montero ha señalado que este foro no es el adecuado para empezar a trabajar en la reforma, dado que las autonomías acuden con posiciones de máximos e intereses contrapuestos.

Para Montero, deben ser los líderes de PP y PSOE y no las comunidades autónomas quienes se sienten a esbozar las líneas generales de una reforma de esta índole que tendría que pasar por el filtro del Congreso. La vicepresidenta ha pedido a Feijóo que "deje la hipérbole en la que está instalado" y se siente a negociar. 

En otro orden de asuntos, Hacienda y las comunidades también han intercambiado opiniones sobre la condonación de la deuda autonómica ligada a la crisis financiera de 2008. Una medida que el Ejecutivo acordó primero con Cataluña, pero que se extiende también al resto de territorios que deseen acogerse. Montero se reunirá con las comunidades a lo largo del mes de julio y tras las vacaciones para tratar de acordar una metodología que se adapte a cada caso. La primera cita será con Cataluña, una decisión que la ministra justifica en que es el territorio con más competencias transferidas. 

Un ajuste sin precedentes desde 2007

Aunque no lo parezca, el motivo principal por el que Montero había reunido a las comunidades este lunes era para informar a los gobiernos de las entregas a cuenta para 2025 y la senda fiscal que deberán seguir en los próximos tres años. Sobre este asunto, la vicepresidenta ha comunicado que las autonomías recibirán el año que viene la cifra récord de 147.000 millones de euros, un 9,5% más que el desembolso realizado en 2024. 

Sobre la senda fiscal, la vicepresidenta ha suavizado los objetivos de las autonomías, que de estar obligadas a un superávit del 0,1% del PIB pasan a poder incurrir en un déficit del 0,1% durante los próximos tres años. Los objetivos de déficit también se han aligerado para los ayuntamientos, que deberán presentar sus presupuestos en equilibrio entre 2025 y 2027.

Montero ha adelantado también las cifras del ajuste fiscal al que tendrá que someterse el conjunto del país los tres próximos años para cumplir con las nuevas reglas europeas. El objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones en 2025 se sitúa en el 2,5%, una cifra que se reducirá al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. La senda es exigente porque implicaría llevar el desequilibrio entre ingreso y gasto público del país a un nivel no visto desde antes de la gran crisis financiera de 2008.