Sumar rebaja ahora su pacto con el PSOE para "derogar" la ley mordaza y aclara que solo afectará a un artículo

El PSOE y Sumar acordaron este martes una pequeña modificación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, para eliminar la posibilidad de imponer multas de hasta 30.000 euros a periodistas que tomen fotografías a agentes de policía mientras realizan su trabajo en manifestaciones. Los dos partidos de la coalición incluirán esta medida en el plan de regeneración democrática que presentará este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, el acuerdo no contempla "derogar" la ley mordaza, ni siquiera reformarla en profundidad, como había anunciado a primera hora de la mañana del martes la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El encargado de concretar el anuncio y rebajar las expectativas creadas por Díaz fue el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, quien explicó que el único acuerdo alcanzado de momento por su formación con el PSOE en relación a la ley mordaza es la reforma de los puntos "que afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas". Eso, según apuntó Santiago, se traduce en "acabar con cualquier sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial", aunque solo se harán cambios en un artículo: el 36.

En concreto, este artículo de la ley considera falta grave —sancionada con entre 601 y 30.000 euros de multa— "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación". En la práctica, con la aplicación de este apartado se ha sancionado a fotógrafos por tomar imágenes de detenciones u operativos policiales.

El alcance de la reforma de la ley mordaza, por tanto, está muy lejos de ser la "derogación" que había anunciado Díaz por la mañana. En concreto, la vicepresidenta había anunciado solemnemente en torno a las 9.30 horas, a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra este martes en Bruselas, que acababa de "cerrar un acuerdo entre Sumar y el PSOE en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma". "La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el PSOE", insistió la vicepresidenta.

Díaz también avanzó que el acuerdo alcanzado con el PSOE a "todos los delitos vinculados a las injurias al rey y demás". Este punto, no obstante, no tiene ninguna relación con la ley de seguridad ciudadana, sino que requiere de una reforma del Código Penal que Sumar —y antes Unidas Podemos— lleva años exigiendo. Santiago concretó horas más tarde que su formación y los socialistas han acordado, para salvaguardar la "libertad de expresión", acabar con los delitos de injurias a la Corona, injurias contra altas instituciones del Estado y contra los sentimientos religiosos o de escarnio público.

"Estos delitos van a ser derogados, y quiero dejar claro que el hecho de que se deroguen no significa que vaya a haber una desprotección ante cualquier actuación que pueda suponer una injuria o una calumnia, puesto que sigue existiendo en el Código Penal el delito de injuria o calumnia y es aplicable a todas las personas, formen parte de altas instituciones del Estado o no", aclaró Santiago. La reforma, señaló el portavoz, busca "una mayor protección al ejercicio de la libertad de expresión para que, de forma espuria, no se pueda utilizar el Código Penal para limitar la actividad de los trabajadores de la cultura o los servicios de información".

Por último, el acuerdo entre PSOE y Sumar contempla modificar también la legislación relativa al derecho al honor en caso de instrucciones judiciales "interminables" y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado, según explicó Santiago. El portavoz argumentó que se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe "ningún tipo de prueba", que al final tienen un "claro efecto político" para "desprestigiar" a líderes "políticos, sociales y sindicales". No obstante, Santiago admitió que aún no está concretado el mecanismo concreto de la reparación, aunque apostó que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación.