Sumar y el PSOE han llegado a un acuerdo para modificar la 'Ley Mordaza', según anunció la vicepresidenta Yolanda Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra este martes en Bruselas. Aunque inicialmente la ministra de Trabajo habló de "derogar" la norma, finamente solo se modificará un artículo relativo al ejercicio de los periodistas y la toma de imágenes de agentes policiales.
La Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como 'Ley Mordaza' por sus detractores, se aprobó en marzo del año 2015 con los votos a favor del PP, que en ese momento contaba con mayoría absoluta, y la oposición del resto de partidos.
La norma, que fue creada para dotar de nuevos poderes y capacidades a los cuerpos policiales, generó una gran polémica desde su aprobación hasta la actualidad: sus detractores la consideran un ataque a los derechos de manifestantes, como los de libertad de expresión y de reunión.
¿En qué consiste la 'Ley Mordaza'?
La 'Ley Mordaza', que se define en su artículo 1 como un conjunto de acciones orientadas a la a proteger la seguridad ciudadana, la protección personas y bienes y al "mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos" enumera las competencias de las autoridades policiales para preservar la seguridad y les atribuye diferentes capacidades y facultades para actuar en favor de esa seguridad. Entre esas capacidades: dictar órdenes y prohibiciones, disponer de actuaciones y recursos y disponer de la colaboración ciudadana, quienes deben colaborar de forma obligatoria con los cuerpos de seguridad.
La norma establece, además, una serie de sanciones e infracciones para los ciudadanos que desobedezcan los principios de la norma y establece un listado de infracciones tipificadas como leves, graves o muy graves. Entre ellas, destacan:
- Realizar manifestaciones no anunciadas ni notificadas en edificios o instalaciones públicos (muy grave).
- Empleo de armas u objetos peligrosos (grave o muy grave).
- Perturbación de la seguridad ciudadana frente a sedes de instituciones públicas (grave).
- Actos de "desobediencia o resistencia a la autoridad" a los agentes en el ejercicio de sus funciones, "cuando no sean constitutivas de delito" (grave).
- Desórdenes en vías y espacios públicos (obstaculizar calles con vehículos o mobiliario urbano) (grave).
- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos, y el traslado de personas para facilitar el acceso de estas a estas sustancias (grave).
- El uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (leve).
- Ocupación de inmuebles contra la voluntad de su propietario (leve)
- No identificarse ante las autoridades (leve).
- Las faltas de respeto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ejercicio de sus funciones (leve).
Sanciones de hasta 600.000 a actos de desobediencia
Las sanciones contempladas por la ley establecen multas de 100 a 600 euros para infracciones leves, de 601 a 30.000 para acciones graves y de 30.001 a 600.000 euros para las infracciones muy graves.
En la práctica, la ley blinda las actuaciones policiales frente a situaciones consideradas "de desorden público" y permite a los agentes establecer sanciones ante actuaciones que consideren un desafío a la seguridad ciudadana. En 2020, durante la pandemia, fue la ley que permitió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sancionar a los ciudadanos que eludiesen el confinamiento obligatorio y las restricciones de movilidad.
Su derogación, una aspiración del bloque de la izquierda
Desde el momento de su aprobación, el bloque de la izquierda se ha opuesto a la norma al considerar que muchos de sus puntos vulneraban derechos fundamentales como los de libertad de expresión, reunión o manifestación. Desde su aprobación recibió el sobrenombre de 'mordaza', ya que sus detractores consideraban que la norma 'amordazaba' a los ciudadanos ante las fuerzas del orden.
Su derogación es una aspiración política desde la conformación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos: ya en aquel acuerdo de gobierno, el ministro Grande-Marlaska prometió su decaimiento, aunque su reforma despertó fuertes protestas de los sindicatos y asociaciones policiales.
Finalmente, la nueva reforma contempla eliminar la posibilidad de imponer multas de hasta 30.000 euros a periodistas que tomen fotografías a agentes de policía mientras realizan su trabajo en manifestaciones. Los dos partidos de la coalición incluirán esta medida en el plan de regeneración democrática que presentará este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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