El camino judicial de la llamada pieza política del caso de los ERE, que sentó en el banquillo de los acusados a 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, de los que finalmente fueron condenados 16, está a punto de llegar a su fin con las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) de los recursos de amparo presentados por la cúpula de los gobiernos que se vieron involucrados en esta macrocausa.
Y es que, a los exconsejeros y exviceconsejeros que ya han sido exonerados del todo o en parte se suman ahora los expresidentes Manuel Chaves, a quien la corte de garantías también ha perdonado casi toda la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación; y José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación.
Así lo ha determinado este martes el Pleno del TC, que ha estimado parcialmente los recursos de ambos expresidentes contra las sentencias de la Audiencia de Sevilla de 2019 y del Tribunal Supremo de 2022. Al tiempo que ha ordenado retrotraer las actuaciones a la Audiencia provincial para que dicte un nuevo fallo "respetuoso con los derechos fundamentales infringidos", es decir, acotando los delitos solo a unos hechos determinados y dejando fuera otros que en su día sí se juzgaron. Por lo que las nuevas sentencias rebajarán considerablemente la condena que se les había impuesto a los socialistas.
Las resoluciones del TC, como ha venido ocurriendo hasta ahora, ha contado con los votos particulares de los magistrados del bloque conservador Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera. Y se ha producido, además, después de que el Constitucional haya rechazado la petición del PP de apartar por posible incompatibilidad a dos magistrados de los recursos, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, al considerar que la composición del Pleno se conoce desde hace un año y medio y que ya se han dictado hasta ahora siete sentencias sin que el PP las recurriera.
Qué dice el TC de Chaves
En el caso del expresidente Chaves, el TC considera que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal por lo que los magistrados del bloque progresista sí han avalado el borrador de la ponencia de Montalbán, que ha seguido la misma doctrina aplicada en el caso de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. Así, el alto tribunal considera que Chaves debe volver a ser sentenciado por prevaricación, pero solo en lo relativo a las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001, y no así por las actuaciones cometidas entre los años 2002 y 2009, con él como presidente de la Junta, cargo que ostentó entre los años 1990 y 2009.
Y es que, detalla de nuevo la corte de garantías, estas últimas actuaciones contaban con el amparo legal de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos de la comunidad, cuya elaboración y aprobación en el Parlamento, dice el TC, no puede someterse al control judicial. Además, tampoco pueden constituir un delito de prevaricación ya que "ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo", que a los que se refiere el mencionado delito.
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