Cinco horas en las que el Gobierno pasó de prometer el fin de la ley mordaza a abrirse solo a "revisarla" en el futuro

9.30 de la mañana del martes. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, comparece ante los medios antes de reunirse con el resto de ministros de Trabajo de la UE y suelta un titular bomba: "La ley mordaza", el nombre con el que se conoce popularmente a la polémica Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, "va a ser derogada". "Acabamos de cerrarlo con el PSOE", se ufana.

14.30 de la tarde. El ala socialista del Gobierno, en el Consejo de Ministros, rebaja este acuerdo con Sumar a un mero compromiso de "abrir el debate" para la reforma de la ley mordaza. Fuentes socialistas se limitan a afirmar que están dispuestos a "revisar" la posibilidad de imponer multas de hasta 30.000 euros a periodistas que tomen fotografías a agentes de policía mientras realizan su trabajo en manifestaciones. Pero insisten: ni existe un texto cerrado, ni el PSOE contempla ahora mismo una reforma en profundidad, ni tampoco hay un compromiso temporal para poner en marcha estos cambios.

Entre las declaraciones de Díaz y el desmentido del PSOE solo pasaron cinco horas. Pero, en ese tiempo, el Gobierno se vio arrastrado a una suerte de juego del teléfono escacharrado en el que nadie terminó de aclarar en qué consiste un acuerdo que los socialistas y Sumar llevan semanas negociando, pero del que parece haber más relato que concreción. Lo previsto es que, este miércoles, el presidente Pedro Sánchez arroje algo de luz en su comparecencia ante el Congreso para exponer su plan de regeneración democrática. Pero pocas horas antes de ese Pleno, nadie tiene claro si despejará todas las dudas.

Quien sembró el martes por la mañana los primeros interrogantes fue Díaz, que compareció brevemente ante los medios para anunciar que acababa de "cerrar un acuerdo entre Sumar y el PSOE en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma". Ese pacto, tal y como lo explicó la vicepresidenta, hubiera supuesto un importante tanto para su formación, que desde hace semanas ha insistido públicamente en que, dentro del plan de regeneración que presentará Sánchez este miércoles, su prioridad era que los socialistas se comprometieran a retomar la reforma en profundidad de la ley mordaza, que estuvo a punto de cerrarse la pasada legislatura pero que cayó porque ERC y Bildu la derribaron en el último momento.

Díaz no ofreció ningún detalle en relación al contenido de esa reforma supuestamente pactada con el PSOE, pero la pelota ya había echado a andar. Entre los socialistas se difundió una consigna: no hablar con periodistas sobre este asunto hasta tener claro cuál era el contenido del acuerdo y cómo comunicarlo. La única respuesta que trasladaba oficialmente el PSOE es que el miércoles "hablará el presidente" y explicará todas las medidas pactadas. Ni una palabra más.

Tras varias horas de incertidumbre, Sumar dio un paso adelante para aclarar el entuerto. Pasadas las 12.15 de la mañana, su portavoz adjunto en el Congreso, Enrique Santiago, comparecía ante los medios. Lo hacía para admitir que el único acuerdo alcanzado de momento por su formación con el PSOE en relación a la ley mordaza es la reforma de los puntos "que afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas", para evitar sanciones a fotógrafos por tomar imágenes de detenciones u operativos policiales.

Solo se retocará un artículo... y hay dudas

Eso, según apuntó Santiago, se traduce en "acabar con cualquier sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial", aunque solo se harán cambios en un artículo: el 36. En concreto, este apartado considera falta grave —sancionada con entre 601 y 30.000 euros de multa— "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación".

El alcance de la reforma de la ley mordaza, por tanto, está muy lejos de ser la "derogación" que había anunciado Díaz por la mañana. Pero ni siquiera la aclaración de Santiago iba a servir para zanjar el asunto, puesto que el PSOE, un par de horas después, redujo aún más la trascendencia del acuerdo alcanzado con Sumar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitó a confirmar que ambos partidos han pactado retocar varios artículos del Código Penal para eliminar delitos como las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos. Pero, en lo tocante a la ley mordaza, el único acuerdo es "revisarla", en un futuro indeterminado y sin concretar qué aspectos.

Fuentes de Sumar, posteriormente, insistían en que la modificación del artículo 36 de esa norma para acabar con la posibilidad de sancionar a periodistas por tomar imágenes de operativos policiales está acordada con el PSOE. Y, ante el hecho de que los socialistas hubieran evitado corroborarlo, estas fuentes aventuran que Sánchez y los suyos no querrían anunciar un trato con Sumar para conseguir que se animen a suscribir la reforma también grupos como ERC o EH Bildu, que junto a Junts, PNV y BNG son imprescindibles para que salga adelante, esta vez sí, en el Congreso.

Pese a este barullo, fuentes oficiales de Sumar se enorgullecían este lunes de ⁠haber "abierto camino" y prometían "seguir trabajando para todo lo que aún queda". En esa senda, no obstante, por ahora hay más incertidumbres que certezas.