Cataluña suspende en energías renovables: solo aportan el 13% y dependen de la nuclear

Una instalación de placas solares en un campo de Mollerusa.
Una instalación de placas solares en un campo de Mollerusa.
ACN
Una instalación de placas solares en un campo de Mollerusa.

El incremento de capacidad de generación eléctrica renovable durante 2023 en Cataluña ha sido de 34,39 MW, una cifra casi cuatro veces inferior a la del año anterior. Así lo constata el Observatorio de Energías Renovables en el informe que analiza la implantación de energías limpias durante el último año, que certifica que Cataluña "se está alejando" de la soberanía energética

Así, el documento avisa que la cobertura de demanda eléctrica con renovables ha sido del 13,6%, dato que habría que multiplicar por cinco para lograr el hito de 2030 del Govern, que fija que un 50% de esta demanda se tiene que cubrir con fuentes renovables. El Observatorio atribuye esta lentitud al "colapso" de proyectos de eólica y fotovoltaica que se encuentran en tramitación.

El informe presentado este martes detalla que la demanda eléctrica de 2023 se ha cubierto en un 50,7% con energía nuclear, dos puntos menos que el año anterior. Y añade que los reactores nucleares de Cataluña, que empezarán a desconectarse en octubre de 2030, han aportado hasta siete veces lo que han generado la energía hidráulica y más de 55 veces lo ha generado la energía solar fotovoltaica.

De esta manera, el Observatorio ha constatado que las importaciones han sido la segunda fuente de abastecimiento de electricidad en Cataluña, un hecho que atribuyen a la caída de la generación hidráulica a causa de la sequía, la nuclear y la quema gas fósil, que ha requerido aumentar muy notablemente las importaciones de electricidad. En concreto, estas importaciones han cubierto el 14,2% de la demanda eléctrica, un 0,6% más que el año anterior.

En rueda de prensa este martes, Victor Cusí, presidente de EOLICCAT, ha apuntado que estas cifras indican que la transición energética en Cataluña dependerá de los intercambios, puesto que el saldo importador catalán es de 6.266,56 GWh, casi el doble que el de 2022. Cusí ha remarcado que en 2023 la situación de sequía ha agraviado el nivel de dependencia en las importaciones, puesto que "la energía hidráulica no se ha podido sustituir con otras fuentes". "Es el precio que tenemos que pagar si no hacemos los deberes en soberanía energética", ha avisado.

En cuanto a las fuentes renovables, la eólica se ha posicionado como la más importante con una cobertura del 7% de la demanda eléctrica, aportando un 25,3% más que el año anterior. Le sigue la hidroeléctrica, que ha cubierto un 5% de la demanda, la cifra más baja de este tipo de energía desde el año 1990. La solar fotovoltaica – sin contar con el autoconsumo- ha cubierto un 1% de la demanda, un 3,8% más que el año anterior, y el resto de tecnologías de generación un 2%.

La tramitación de proyectos, "un embudo"

Esta dependencia energética se explica, según Cusí, por las dificultades administrativas y la lentitud en la tramitación de proyectos. El presidente de EOLICCAT ha asegurado que desde 2019 se estima una cartera potencial de 176 proyectos eólicos y de 750 proyectos solares fotovoltaicos presentados y pendientes de tramitación, ritmo que también ha empeorado respecto al 2022.

Las medias de tiempos de espera acumuladas desde la presentación de un proyecto hasta la autorización es de casi 1.500 días, es decir, de más de cuatro años. Una cifra que, según ha dicho, se aleja de la establecida por el Govern en la Prospectiva Energética de Cataluña 2050 (PROENCAT-2050), que fijaba tramitar proyectos en un plazo de dos años.

Por todo esto, Cusí ha asegurado que "es urgente" hacer un cambio en la tramitación de proyectos porque "hay un enfriamiento notable del interés de promotores en los proyectos". "Prefieren invertir en otras comunidades autónomas porque es más rápido y efectivo que en Cataluña", ha avisado.

Para revertirlo, el presidente ha pedido simplificar los procedimientos administrativos, incrementar el número de personas destinadas a resolver los expedientes e implementar mecanismos de apoyo a la actividad de la administración.

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