La defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito al juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el que le solicita que, esta vez sí, acuerde sólo la grabación en sonido de su declaración del viernes 19 de julio dado que el vídeo de su anterior comparecencia acabó publicado en los medios de comunicación.
Así consta en un escrito en el que el abogado de la mujer de Pedro Sánchez, el exministro Antonio Camacho, reclama al juez Juan Carlos Peinado que aperciba a las acusaciones populares con la posibilidad de expulsarlas de la causa en caso de que haya un uso abusivo de su derecho a estar en el procedimiento.
Señala, no obstante, que desconoce el origen de la filtración de las imágenes del pasado 5 de julio y lamenta que no solo se difundieron imágenes de su breve declaración ante el juez, en la que negó conocer los hechos por los que se le investigaba, sino que también se hicieron públicas las imágenes de ella accediendo a los juzgados por los pasillos de las dependencias judiciales.
Advierte de que esas imágenes de los pasillos fueron obtenidas por "personas que accedieron a los juzgados, según los medios, con la colaboración de los letrados de las acusaciones". Tras esto, recuerda al juez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que las actuaciones se documenten pero, explica, "no existe obligación de hacerlo mediante la grabación de de la imagen y el sonido".
Carácter reservado
Por otro lado, el letrado indica que las actuaciones tienen un "carácter reservado o secreto" y que solo adquieren su carácter público "cuando se abre juicio oral". Y relaciona esto, además, con el derecho fundamental a la intimidad de aquellos que forman parte de un proceso y que recoge tanto el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como la Constitución Española.
Al hilo, apunta que la imagen y la voz de una persona son datos "dignos de protección". Y entiende que, dado que se está en fase de instrucción, la diligencia es "reservada y no pública" y no hay necesidad de recoger esa grabación habida cuenta de que no se le debe dar la publicidad que requiere un juicio oral.
Por todo ello, pide al juez que "se replantee su posición inicial" y atienda su petición de que solo se recoja el audio el próximo viernes "para limitar la vulneración de los derechos" de Begoña Gómez. Asimismo, pide medidas que impidan la filtración de las actuaciones a los medios y que se recuerde a las partes las consecuencias que acarrea el incumplimiento de la debida reserva.
Prevenir la filtración
Por último, recuerda que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que la prohibición de filmar en los pasillos de los juzgados "no conculca el derecho a la libertad de información".
Así, pide al juez que advierta a las acusaciones populares de que si hacen "un uso abusivo de su derecho a estar en el procedimiento colaborando para permitir actuaciones prohibidas (...) pueden ser expulsadas".
La defensa solicita además al juez que los técnicos introduzcan marcas en las grabación de manera que sea distinguible cada copia que se dé a las diferentes acusaciones, con el objetivo de conocer de quién procedería la filtración en caso de que se produzca.
La primera petición, denegada
La comparecencia de este viernes ocurre dos semanas después de la declaración frustrada del 5 de julio, que terminó suspendiéndose porque no se le había notificado a la investigada la admisión de una querella de Hazte Oír, personado en la causa como acusación popular.
Previamente a aquella citación, Begoña Gómez solicitó al juez Peinado que solo se grabase el audio, y no la imagen, en su declaración. Gómez razonó que la petición estaba justificada dada su "relevancia pública" como mujer del presidente del Gobierno.
El abogado de la esposa de Sánchez, Antonio Camacho, quiso prevenir el "uso que pudiera darse" a las imágenes de la comparecencia. El letrado explicó explicaba en su escrito que esta práctica "suele ser habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial".
Sin embargo, el magistrado rechazó la propuesta y le recordó a Gómez que ella "no tiene la condición de autoridad" y que "todos los españoles son iguales ante la ley". A tales efectos, la declaración quedó grabada y finalmente difundida en medios de comunicación.
El juez señaló que la solicitud solo estaría justificada si la investigada ostentase un cargo público de relevancia. "El hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario. No tiene la condición de autoridad ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución, que proclama el derecho a la igualdad".
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