El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido este miércoles la revisión de todos los recursos de amparo interpuestos por doce ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE con la exoneración en parte del exconsejero de la Presidencia, y mano derecha de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, y el ex director general de Presupuesto Antonio Vicente Lozano, ambos con penas de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
El Pleno de la corte de garantías ha estimado parcialmente ambos recursos al considerar que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal, por lo que ha ordenado devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que dicte una nueva sentencia "respetuosa con los derechos fundamentales infringidos", lo que se traducirá en una rebaja de las condenas actuales.
Esta dos últimas resoluciones, igual que las anteriores, han contado con los votos particulares de los magistrados del bloque conservador Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera.
Misma interpretación
El alto tribunal ha seguido también en estos dos últimos casos la doctrina aplicada en otros recursos, como el del expresidente Manuel Chaves y la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, condenados igualmente en primera instancia a nueve años de inhabilitación y exonerados en parte por el TC. Así, las resoluciones sobre Zarrías y Lozano señalan, por un lado, que la elaboración y aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos no pueden constituir un delito de prevaricación ya que "ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo", que a los que se refiere el mencionado delito.
Además, acota el delito de prevaricación solo a las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001, y no así por las actuaciones cometidas entre los años 2002 y 2009. Y es que, detalla de nuevo la corte de garantías, estas últimas actuaciones contaban con el amparo legal de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos de la comunidad, cuya elaboración y aprobación en el Parlamento, dice el TC, no puede someterse al control judicial. Y añade que los órganos judiciales "no pueden interferir en las relaciones institucionales" entre la Cámara y el poder ejecutivo, "so pena de infringir el principio de separación de poderes".
Zarrías ha valorado este miércoles a través de un audio difundido por el PSOE andaluz la resolución del TC y ha mostrado su "gran satisfacción" porque se haya "impuesto la verdad", que en su opinión es que "no había una trama para hacer algo incorrecto o ilegal". "Nos limitamos a cumplir con la ley que había aprobado el Parlamento de Andalucía", y lo que hubo fue "un gran montaje por parte del Partido Popular para poner en marcha la cacería política más infame que se conoce en la España democrática", ha añadido el también exvicepresidente de la Junta, que ha concluido lamentando que a ex altos cargos socialistas se les condenó en este caso "siendo inocentes, violando nuestros derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la legalidad penal".
También este miércoles se ha pronunciado en sus redes sociales la mujer de Griñán, María Teresa Caravaca, que valora que el TC haya "dado la razón jurídica" a su marido y haya "reconocido que en este interminable y kafkiano proceso se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y a la legalidad penal". Añade además que "casi nos hundimos con la sentencia, tres a dos, del Tribunal Supremo" que ratificó la de la Audiencia, y que "nos pareció injusta, pero la acatamos sin atacar al tribunal", ha apostillado. "Llevábamos razón y nos la dieron", ha proclamado antes de dedicar palabras de agradecimiento "a cuantos en estos doce años no nos dieron la espalda".
Cinco excarcelaciones
Estos han sido los últimos recursos que tenía que abordar el TC de los doce que se presentaron. Cabe recordar que solo dos de ellos han sido rechazados por unanimidad: el del exconsejero José Antonio Viera, que disfruta del tercer grado desde hace un año; y el del ex director general de Trabajo Juan Márquez, condenado a tres años de prisión tras rebajar el Supremo su condena inicial, ahora en prisión por otro caso independiente a los ERE.
El resto de recursos han sido los de los expresidentes Chaves y Griñán; los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Antonio Fernández; el exviceconsejero Jesús María Rodríguez; y los ex directores generales Miguel Ángel Serrano y Antonio Vicente Lozano.
Estos diez han sido estimados parcialmente y en casi todos ello se ordena que la Audiencia dicte un nuevo fallo, excepto en el caso de Miguel Ángel Serrano, al que el TC anula por completo la condena. Además, en el caso de Griñán, Martínez Aguayo y Vallejo, las resoluciones exoneran del todo el delito de malversación. Los recursos han concluido finalmente con la excarcelación de quienes habían sido condenados a prisión y cumplían su pena desde enero de 2023: Serrano, Vallejo, Rodríguez y Fernández, además de Martínez Aguayo, con el tercer grado desde el pasado junio.
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