Condenado a prisión un exalcalde socialista de Los Palacios por una ayuda de los ERE
Mientras el Tribunal Constitucional (TC) termina de resolver los recursos de amparo presentados por los ex altos cargos andaluces que fueron condenados en la pieza política del caso de los ERE, la Audiencia de Sevilla sigue adelante con las más de cien piezas que siguen abiertas en esta macrocausa relativas cada una a ayudas concretas que se concedieron, presuntamente, sin seguir los mecanismos legales. Y ahora, el juzgado provincial acaba de condenar a prisión a un exalcalde socialista por una de estas subvenciones.
En concreto, la Sección Primera ha condenado al exalcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) Antonio Maestre a un año y dos meses de cárcel, un año y once meses de inhabilitación especial y dos años y nueve meses de inhabilitación absoluta, como cooperador de un delito de prevaricación en concurso con malversación, derivado de una ayuda de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, el llamado "fondo de reptiles" del que se nutría la trama de los ERE fraudulentos.
El tribunal también ha condenado, como interventora accidental del Consistorio, a Trinidad Rodríguez Velasco a un año de cárcel, un año y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años y seis meses de inhabilitación absoluta por el mismo delito, pero con la atenuante de reparación del daño; y ha absuelto de esos cargos al también exalcalde socialista palaciego Emilio Amuedo, al considerar que los delitos han prescrito en su caso al haber pasado diez años, que es lo que estipula el Código Penal.
Hechos probados
La sentencia considera probado que Amuedo, que gobernó hasta 2004, firmó en 2003 con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (condenado en la pieza política y fallecido en 2020) un protocolo para que la Junta aportase una ayuda excepcional de seis millones de euros al Ayuntamiento para la construcción de un complejo de actividades ecuestres, si bien dice el auto que el proyecto debía contar con un plan de viabilidad que "no aparecía unido ni se ha localizado".
A pesar de ello, Guerrero gestionó el pago por parte del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de 901.518 euros como ayuda específica e "incondicionada respecto del proyecto de viabilidad", dinero que se abonó en tres pagos, uno de 50.000 euros con Amuedo aún de alcalde y otros dos ya con Maestre de regidor, que ascendieron entre ambos a 750.000 euros. El dinero, dice la Audiencia, se entregó con una "falta completa de tramitación de expediente administrativo, sin que, a fecha de su concesión, el titular de la Dirección General de Trabajo ostentara delegada la competencia para la adjudicación de dicha ayuda, porque correspondía al titular de la Consejería de Empleo", toda vez que Amuedo declaró en su defensa que confiaba en Guerrero porque como cargo autonómico "tenía infinitamente más capacidad de control" que un responsable municipal.
La sentencia apunta también a que Guerrero era conocedor de la "falta de tramitación" de un expediente para la concesión de la ayuda; mientras que los tres acusados "eran plenamente conscientes de que se había incumplido la legalidad en la concesión y recepción en el Ayuntamiento de la ayuda excepcional". Concretamente, Amuedo conocía, según el auto, que no había solicitud formal del dinero ni se había cumplimentado la documentación. Y Maestre, como su sucesor y miembro del equipo de Gobierno del primero, "conocía" el protocolo que se había firmado y ejecutó las actuaciones necesarias para obtener el resto de las cuantías concedidas.
El papel de la interventora
Respecto a la interventora, la Audiencia señala que, "a pesar del pleno conocimiento de la falta de cumplimiento de la legalidad y de la ausencia de cualquier documentación mínimamente exigible, dio el visto bueno al convenio de colaboración" mencionado. Y que "no efectuó una fiscalización real de los ingresos ni de los pagos derivados de la ayuda" recibida ni "controló la legalidad de los procedimientos seguidos".
Si bien, en su caso, la sentencia reconoce que, una vez iniciado el expediente de revisión de oficio por la Consejería de Empleo para obtener la devolución de las cantidades transferidas, la interventora "contribuyó a la devolución íntegra por el Ayuntamiento de todos los importes obtenidos de forma ilícita", concediéndole así la atenuante de reparación del daño.
Sobre el proyecto objeto de las ayudas, los magistrados aseveran que el centro ecuestre "no llegó a ejecutarse" finalmente, de manera que "no se conoce el destino" que tuvo la ayuda recibida, excepto el abono de una factura por 10.440 euros para la ejecución de un levantamiento topográfico en la ubicación prevista; toda vez que Antonio Maestre dijo en el juicio que el dinero fue destinado a sufragar "el día a día" del Consistorio, siempre a "gasto público", asegurando que la Administración andaluza no "especificó" que se tratase de fondos concretos para el proyecto del centro ecuestre.