Pedro Sánchez se apoya en la UE para que los partidos respalden su "plan de regeneración democrática", y la realidad es que no ha inventado nada nuevo. El presidente del Gobierno hizo este anuncio este miércoles en el Congreso en medio de una creciente presión ante la situación judicial de su esposa y alegando que se trata de una manera de luchar contra "los bulos" y la desinformación. Lo cierto es que España, más allá de los matices que Moncloa quiera añadir, tiene que trasponer un Reglamento comunitario -que se traslada tal cual a la legislación nacional-: la Media Freedom Act, o lo que es lo mismo, la ley de libertad de medios de comunicación.
Pactada en marzo por parte del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, la normativa establece un nuevo conjunto de normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE. "Estas normas garantizarán que los medios de comunicación, públicos y privados, puedan operar más fácilmente a través de las fronteras en el mercado interior de la UE, sin presiones indebidas y teniendo en cuenta la transformación digital del espacio mediático", según explican desde Bruselas, en un marco que, eso sí, no incluye a las redes sociales. El matiz ahí es importante.
¿Cuáles son las claves de la Media Freedom Act?
Bajo este paraguas legislativo, los medios de comunicación públicos deberán financiarse mediante procedimientos transparentes y objetivos, y la financiación deberá ser sostenible y predecible. "Para evitar que los medios de comunicación públicos sean utilizados con fines políticos, sus directores y miembros de la junta directiva deberán ser elegidos mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios por períodos suficientemente largos". No será posible despedirlos antes de que finalice su contrato, a menos que dejen de cumplir los criterios profesionales, añade la norma.
El foco se pone principalmente tanto en la transparencia como en la rendición de cuentas. Así, todos los medios de comunicación y de actualidad, independientemente de su tamaño, tendrán que publicar información sobre sus propietarios en una base de datos nacional, incluso si son propiedad directa o indirecta del Estado. Según el Reglamento, los medios también tendrán que informar sobre los fondos recibidos de la publicidad estatal y sobre el apoyo financiero estatal, incluso de países no pertenecientes a la UE.
"Los fondos públicos destinados a los medios de comunicación o plataformas en línea deberán asignarse con arreglo a criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad será pública, incluido el importe anual total y el importe por medio", expresa la ley. Es decir, los Estados miembros -o los gobiernos de turno, mejor dicho- no podrán 'premiar' a los medios de comunicación de una determinada línea editorial.
Asimismo, se creará un nuevo Comité Europeo de Servicios de Comunicación, independiente, compuesto por representantes de las autoridades u organismos nacionales de comunicación y asistido por una secretaría de la Comisión, que empezará a funcionar en febrero de 2025. El Comité, entre otras cosas, promoverá "la aplicación eficaz y coherente del marco legislativo de la UE en materia de medios de comunicación". Sustituirá al Grupo de Entidades Reguladoras Europeas de Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA) que se creó en virtud de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Comentarios