El Gobierno utilizará a la UE de "percha" para consensuar las medidas del plan antibulos aunque no descarta recurrir al decreto

Tras el esbozo del plan antibulos realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, serán dos ministros -Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar)- los encargados de emprender el próximo lunes las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios para avanzar en las medidas concretas que contendrá el mismo. Para ello, el Ejecutivo parte de una "percha", que es el reglamento comunitario aprobado este año por todos los grupos políticos -a excepción de los de extrema derecha- en el Parlamento Europeo, y también cuenta con un comodín, ya que de no lograr reunir la mayoría suficiente para aprobar las medidas a través de proposiciones de ley, no descarta hacerlo vía decreto.

Sánchez planteó este miércoles una estructura de su plan basada en tres ámbitos de aplicación: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el de medios de comunicación, sobre los que ha marcado ya algún paso. En las medidas referentes Ejecutivo, se compromete a aprobar una "Estrategia Nacional de Gobierno Abierto" y una nueva ley para ampliar la información que le llega al ciudadano del Ejecutivo.

Para las medidas que afectan al Legislativo necesitaría el apoyo de más grupos además del PSOE y Sumar, ya que propone reformar los reglamentos del Congreso y el Senado para endurecer las sanciones si los parlamentarios no presentan su declaración de bienes, y también una reforma de la ley electoral para obligar a celebrar debates entre los candidatos y profundizar en la información de las encuestas electorales. Al respecto, fuentes del Gobierno tampoco descartan una negociación para eliminar la prohibición de publicar encuestas en los últimos días de campaña.

Pero, sin duda, el ámbito que parece tener más relevancia para Moncloa es el de los medios de comunicación. En su comparecencia, Sánchez aludió a la actualización de la ley de publicidad institucional con el fin de conocer la propiedad, la asignación y la medición de audiencias de los medios privados, así como sus fuentes de financiación. Planteó imponer una limitación en el dinero público que reciben los medios que tienen, a su juicio, escasos lectores, junto con otras medidas como el refuerzo del derecho al honor y a la rectificación y la reforma de la conocida como 'ley mordaza'. 

Fuentes del Ejecutivo aseguran que el plan presentado por Sánchez es "muy valiente" y de "calado" pero, a su vez, también es seguro porque ya cuenta con el "aval" de la Unión Europea. A su juicio, que las medidas estén basadas en una normativa ya aprobada por su grupo en el Parlamento Europeo "ha pillado desencajado" al Partido Popular, lo que ven como una "percha" para negociar con ellos las medidas para el desarrollo de la trasposición de la norma europea que es "de obligado cumplimiento" y, a más tardar, tiene que estar incorporada en agosto de 2025.

Las negociaciones comienzan el próximo lunes y se extenderán el resto del mes de julio con el objetivo de que en septiembre este "esqueleto" ya sea un plan articulado con iniciativas concretas. La intención es que las mismas no se aprueben en paquete, sino que se desgranen y escalonen a través de proposiciones de ley para su aprobación en las Cortes, aunque fuentes gubernamentales no descartan la figura del decreto, que impulsaría el Ejecutivo y que solo precisaría la mayoría simple del Congreso para su aprobación.

El modelo sueco de "autorregulación" de los medios 

No hay nada cerrado en este plan antibulos, que se tiene que hablar tanto con los grupos, como con la sociedad civil y el sector periodístico. Aunque en el Ejecutivo ya recogen ideas de países como Suecia, con un modelo de "autorregulación" periodística donde no interviene directamente el Estado. Fuentes del Ejecutivo ponen sobre la mesa, de forma aún hipotética, la creación de un organismo de periodistas, que en Suecia se corresponde con el Consejo de Opinión de la Prensa, que supervisaría que los medios respeten las normas acordadas en un código ético. Lo que descartan totalmente en Moncloa es la colegiación obligatoria de los periodistas.

El Ejecutivo también propondrá a los grupos ampliar las funciones y la capacidad sancionadora del Comité Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que actualmente ya supervisa el funcionamiento del mercado de la comunicación audiovisual, aunque se limita a materias de protección de menores, del cumplimiento de CRTVE como servicio público, además de inspeccionar y sancionar en materia audiovisual. Fuentes gubernamentales no entran en muchos detalles, aunque sí plantean que el órgano pueda encargarse del registro de los propietarios de los medios.

En cuanto al anuncio de Sánchez de aprobar un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, aseguran que esta inversión responde a las "necesidades" de muchos medios, sobre todo los que han sufrido un mal tránsito del periodismo en papel al digital. Dentro de este paquete de subvenciones también aluden al uso "ético" y "debido" de la Inteligencia Artificial en los medios de comunicación, aunque sin dar más detalles al respecto.