Un tribunal valenciano ha condenado a un antiguo concejal y a un empleado del Ayuntamiento de Calpe por sacar ilegalmente a un difunto de un nicho del cementerio municipal y colocar en su lugar el cuerpo de la abuela del segundo de ellos.
Ambos fueron sentenciados a penas de nueve y dos años y tres meses, respectivamente, de inhabilitación para el desempeño de cargos y empleos públicos por un delito de prevaricación administrativa.
Por el contrario, fueron absueltos, al no considerarlos debidamente acreditados, de los delitos de falsedad documental, contra el respeto a los difuntos, contra la integridad moral y coacciones, según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la región de Valencia.
En 2018, la familia del empleado condenado, que era jefe de Recursos Humanos del ayuntamiento, se interesó por el estado de un nicho que estaba situado adyacente al que ya acogía los restos de su abuelo.
La abuela estaba enferma, los familiares temían que falleciera en breve y se lo comunicaron al que era entonces concejal delegado del cementerio. Este último pidió información a la responsable administrativa del servicio del camposanto.
Esta trabajadora consultó con una superiora y le indicó que el nicho en cuestión no podía ser adjudicado a la familia del jefe de Recursos Humanos porque en él descansaban los restos de una persona muerta en 1973, y sus herederos tenían la concesión de uso durante 99 años.
Sin embargo, en enero de 2019, cuando era inminente el fallecimiento de la abuela, el concejal ordenó a la responsable administrativa a que hiciera lo necesario para sacar al difunto del nicho en cuestión.
Según la sentencia, el argumento del concejal era que "había que hacerlo sí o sí" y que "diera una orden verbal a los sepultureros y mirara para otro lado". La responsable administrativa, sin embargo, ignoró las presiones.
Entre los días 22 y 23 de enero de 2019, y habiendo fallecido ya la mujer, los condenados manipularon una providencia con la orden explícita de exhumación, que finalmente recibieron los sepultureros.
Y estos ejecutaron la orden, "desconociendo la irregularidad del mandato que contenía", según la sentencia, por lo que sacaron el féretro con los restos del fallecido en 1973, los trasladaron a un nicho común y colocaron en su lugar el cuerpo de la abuela del que era jefe de Recursos Humanos.
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