El Gobierno plantea un decreto ley para poder reubicar "cuanto antes" a los menores migrantes y el PP se indigna: "Lo que faltaba"

El Gobierno quiere acelerar al máximo la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de menores migrantes desde los territorios más saturados, como Canarias, a las distintas comunidades autónomas. Para ello, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha planteado al PP que si apoya la toma en consideración de la proposición de ley en el Congreso, el Gobierno aprobaría la norma en el Consejo de Ministros del próximo martes a través de un decreto ley, una vía que aceleraría mucho más los trámites de la reubicación y además tendría que contar con el sí del PP para convalidarla 30 días después. Por su parte, los populares aseguran que no fijarán su posición hasta que el Ejecutivo no dé respuesta a las seis exigencias que enviaron a Torres hace casi una semana.

La fórmula de decreto ley que les plantea el Gobierno se utiliza de manera excepcional para aprobar una iniciativa con rango de ley que se necesite aprobar urgentemente desde el Consejo de Ministros. Con todo, debe ser convalidada posteriormente por el Parlamento en un plazo no mayor a 30 días. Para ello, el Ejecutivo requeriría del apoyo del PP, puesto que Junts ya ha avanzado que no apoyará la norma si Cataluña no queda excluida en el reparto de menores migrantes, algo que el Gobierno descarta totalmente.

Si el PP se compromete a convalidar el decreto ley, la reforma para reubicar a los menores se podría poner en marcha al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo martes. Por lo que la reubicación de los menores migrantes no acompañados desde las comunidades autónomas saturadas no tendría que esperar a la tramitación que se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados. 

En declaraciones a los medios durante una visita a Valencia, Torres ha insistido en que necesita saber la posición de los populares, ya que si el Gobierno aprobase un decreto ley "sabiendo que no va a ser convalidado" habría que ver qué pasa con los menores durante las cuatro semanas que tarda la convalidación del decreto, puesto que ya se encontrarían reubicados en las comunidades autónomas. 

En este sentido, ha subrayado que hay cuestiones planteadas por los populares que el Gobierno ya ha tenido en cuenta, como la participación de todas las comunidades en la distribución de menores, incluida Cataluña. También ha garantizado la financiación, que es una de las principales exigencias del PP. Serían 145 euros por niño y día, más una partida para infraestructuras y una tercera para los traslados, que es la financiación establecida en la conferencia sectorial de septiembre de 2022 y a la que remite el texto de la proposición de ley, que cuenta con el apoyo tanto de las formaciones que la registraron como del PNV, ERC, Podemos o Bildu.

"Estamos hablando de distribuir personas vulnerables, que son niños y niñas, en comunidades autónomas, y la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular", ha insistido el ministro. A su juicio, el apoyo de los populares no es solo "preciso, imprescindible y básico" para dar luz verde a la reforma de la ley de extranjería, también para "colaborar" tras la aprobación de la misma. Torres también ha tendido su mano a todos los partidos para conseguir que estos menores tengan "una respuesta digna" y se distribuyan por todo el país para que sus derechos no se vean vulnerados.

En cuanto a la proposición de ley, que fue registrada este pasado lunes por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, Torres ha subrayado que se hizo con carácter de urgencia y ha asegurado que "si los servicios jurídicos lo permiten, será de lectura única" cuando se someta a la consideración del Congreso el próximo martes. "Por tanto, el Gobierno de España entiende que es de máxima urgencia", ha recalcado, y ha llamado a que los grupos la apoyen como "una cuestión de Estado".

El PP, a la espera de una respuesta a sus 6 exigencias

En Génova omiten por completo la nueva oferta del PSOE. "Lo que faltaba". Más aún cuando siguen a la espera de que el ministro Ángel Víctor Torres responda a las exigencias del PP que le hizo llegar el portavoz parlamentario Miguel Tellado el fin de semana pasado. El entorno de Alberto Núñez Feijóo asegura que, al menos hasta este jueves, no han recibido respuesta a las seis medidas que el PP aspira a incluir en el texto a cambio de apoyar la modificación de la ley de Extranjería.

En este contexto, los populares se niegan a fijar su posición del próximo martes. Es decir, no quieren confirmar si facilitarán el inicio de tramitación parlamentaria de la ley —sea con el sí o con la abstención— hasta conseguir que el Gobierno reconsidere su propuesta que envió el portavoz al ministro vía WhatsApp. Transcurrida casi una semana desde que los dos altos dirigentes intercambiaran mensajes, el PP se queja de la ausencia de respuesta por parte del PSOE, aun cuando necesitan de sus votos tras el rechazo de Junts.

La postura del PP sigue siendo la que defendió Tellado el martes: que el Gobierno exige al PP "un cheque en blanco" con la reforma de la ley de extranjería "mientras premia a sus socios", en relación con Junts que se muestra contrario a acoger inmigrantes pese a haber recibido la amnistía. Por esto mismo, Génova se remonta al día en que Feijóo avisó a Sánchez durante su investidura que el PP no estaría para salvarle cuando sus socios le dieran la espalda. "Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta a usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque".

Y en esta posición se mantienen ahora que Junts le ha retirado el apoyo al PSOE y este necesita negociar con el PP. "No estamos para solucionar un problema parlamentario", insisten desde Génova. En todo caso, las mismas fuentes recuerdan en que no han dado su negativa hasta el momento, por lo que se mantienen a la espera de que los socialistas quieran negociar sus cambio.

Estos son declarar la emergencia migratoria en todo el territorio nacional y no solo en Ceuta, Melilla y Canarias; garantizar que la edad de los menores; un plan de política migratoria del Gobierno que incluya más control de las fronteras e inversión; financiación del Estado para que las comunidades mantengan a los menores migrantes; habilitar medios a las comunidades que ya hayan excedido su capacidad de acogida y que el reparto sea para todas las comunidades sin excepción, es decir, incluyendo a Cataluña.