Los inquilinos morosos de los pisos sociales de Madrid deben 118,5 millones en cuotas

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima, gestionó el año pasado 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes, un ingente volumen de propiedades que en la mayoría de los casos están en régimen de alquiler. El grueso de los inquilinos abona en tiempo y forma sus recibos, pero cada año hay un porcentaje de personas que incumple sus deberes y deja de pagar. Estos comportamientos incívicos, porque no se trata tanto de situaciones de vulnerabilidad que se encauzan con trabajadores sociales como de dejadez a la hora de atender las obligaciones de pago, se ha traducido en un 'agujero' de 118,5 millones de euros para el organismo público.

Así consta en el informe de actividad de la AVS del ejercicio 2023, a cuyos datos ha tenido acceso este diario. El documento recoge que los deudores presupuestarios deben al Ivima 124 millones de euros, de los que un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferentes naturaleza y el 95,5% restante, 118,5 millones, derivan de impagos de recibos. El grueso de esta cantidad, hasta 107,8 millones, se corresponden con cuotas de alquiler no abonadas, mientras que 10,7 millones provienen de la falta de pago de letras de viviendas de titularidad pública que en algún momento fueron enajenadas.

La Consejería de Vivienda, de la que depende la AVS, asegura que la Comunidad "está cumpliendo el protocolo de morosidad" que comenzó a aplicar hace ahora dos legislaturas y que así lo refleja la memoria de actividad de la Agencia correspondiente al pasado ejercicio. Ese protocolo pasa por iniciar los procedimientos de reclamación cuando se adeudan 300 euros o se han dejado de pagar tres recibos.

"Gracias a este cumplimiento y a la formalización de compromisos de pago se han logrado suspender 4.183 procesos (de deuda) en 2023", detallan fuentes del departamento que dirige Jorge Rodrigo, que precisan que de esta cifra de procesos del año pasado 1.553 son compromisos de pago ordinarios y 2.630 compromisos de pago fraccionado. "Se han completado 2.383 procedimientos de deuda saldada", aseveran, a la vez que subrayan que en otros casos se ha acudido a vía judicial. De hecho, el año pasado se contrató un bufete de abogados externo para que se hiciera cargo de este tipo de causas y defendiera los intereses de la Comunidad.

Los casos que se judicializan son aquellos en los que la acumulación de deuda es elevada y el responsable de la misma no ha respondido a los sucesivos requerimientos de pago de la Comunidad ni tampoco ha procedido a la firma de un compromiso de pago. La cantidad reclamada en 2023 en el conjunto de las demandas interpuestas asciende a alrededor de 3,3 millones, una cantidad a la que habría que sumarle los intereses.

La morosidad de algunos inquilinos de la AVS es un problema que viene de largo, como refleja el volumen actual de la deuda. La Cámara de Cuentas regional ha venido advirtiendo de ello en diferentes informes de fiscalización, como el último publicado, que analiza las cuentas de 2022.

"Tanto la no ocupación de estos inmuebles como su ocupación ilegal, conlleva ingresos dejados de percibir por la AVS", advirtió el órgano fiscalizador, que igualmente alertó de que una parte de la deuda podría haber prescrito y la Comunidad no podría reclamarla "teniendo en cuenta la antigüedad y las reclamaciones infructuosas realizadas por la Agencia", por eso le animó a ser más estricta con el control de los impagos.