Dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona piden 21 años de cárcel para dos activistas de Greenpeace que participaron en una protesta en el mar, a los que acusan de intentar matarles embistiendo su embarcación policial, en un caso que comparan con el de la narcolancha de Barbate.
En un escrito, los dos agentes, a los que a raíz de estos hechos se les reconoció la invalidez absoluta y total y por la que han perdido la condición de policías, atribuyen a los acusados los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, atentado a la autoridad y desórdenes, por los que también piden sendas indemnizaciones de 420.967 y 172.048 euros.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona procesó a los dos acusados, Vicens M.F. y Francisco Alejandro P.C., por resistencia a la autoridad, contra el orden público, lesiones y contra la integridad física, al efectuar "peligrosas maniobras" con dos lanchas, en una "temeraria" navegación en la que obligaron a la embarcación policial a llevar a cabo "bruscos movimientos" evasivos.
Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2021 cuando los dos agentes, que iban a bordo de la embarcación policial 'Guaita' en las aguas costeras de Barcelona, vieron a dos embarcaciones en las que se desplegaban pancartas de Greenpeace. Se encontraban en las inmediaciones del hotel "W", donde se llevaba a cabo un acto con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su auto, el juez remarca que los agentes se dirigieron hacia ambas embarcaciones activando las luces y haciendo sonar los silbatos para que parasen la navegación y recogieran las pancartas, si bien los activistas desplegaron otras más pequeñas, mientras una de las lanchas daba vueltas alrededor de la policial. Posteriormente, ambas embarcaciones de la protesta de Greenpeace salieron navegando a toda velocidad, con lo que se inició una persecución, en la que las lanchas de los acusados hicieron maniobras para acometer a los policías.
De esa forma, mantiene el auto, les obligaron a virar su rumbo y pusieron en peligro la integridad física de los agentes: a dos de ellos se les acabó concediendo la invalidez y un tercero resultó herido aunque no tuvo secuelas. Finalmente, las embarcaciones entraron en el Port Forum de Sant Adrià (Barcelona), donde los activistas fueron identificados.
En su escrito de acusación, los dos agentes resaltan que los activistas se aprovecharon de la superioridad de sus embarcaciones y su mejor capacitación como pilotos para intentar colisionar con ellos, en un caso que comparan con el de la narcolancha que embistió a una embarcación de la Guardia Civil en Barbate, donde murieron dos agentes.
La acusación ejercida por los dos agentes se basa, entre otros elementos, en las grabaciones de la emisora policial, en las que se les oye dirigirse a la central con frases como "han intentado matarnos... Si nuestro patrón no modifica el rumbo, hubiéramos tenido un grave accidente, con el fin último de intentar zafarse de la acción policial" o "han intentado atentar de forma clara y expresa".
Paralelamente, los agentes han interpuesto en los juzgados de Barcelona una querella contra el teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, y varios mandos de la Urbana, por los delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones por omisión. Alegan que tuvieron que intervenir debido a una "brecha de seguridad" ante la protesta de Greenpeace sin la formación y los medios materiales necesarios.
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