La reforma del reglamento de Extranjería que propone el Gobierno de España sigue sin convencer a las comunidades autónomas lideradas por el PP. Regiones como Madrid han afeado la falta de información sobre los planes para atender a las personas que llegan a diario a las costas y han exigido intensificar la protección en las fronteras, convocar una conferencia de presidentes y declarar la emergencia migratoria. Asimismo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha afeado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que acuse a los gobiernos autonómicos de insolidarios cuando llevan meses alertando de la situación migratoria, sin propuestas ni recursos.
"El que no está siendo solidario es el Gobierno de España con las comunidades autónomas que estamos alertando desde hace ya casi un año de esta situación que pone en riesgo todo el sistema de protección de menores", ha manifestado Dávila antes de entrar en la Conferencia Sectorial de Inmigración de este lunes. Las palabras de la consejera se producen tras las declaraciones de Saiz quien consideró que en la reforma del reglamento "no caben medias tintas" y "se es solidario o no se es solidario". Además, llega tres días después de la carta enviada por Ana Dávila al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le urge a cerrar "de una vez el coladero del aeropuerto de Barajas" por el riesgo de colapso de la red regional de atención a migrantes.
Entre los puntos que se modifican en el reglamento de Extranjería se introduce la obligatoriedad a las autonomías para atender a los menores, hasta ahora asumir estas cuotas era voluntario. El borrador recoge que estos repartos se harán ante una situación extraordinaria y cuando la región receptora tenga una insuficiencia de medios para dar una asistencia adecuada, en un plazo de 15 días desde que el menor se inscribe en el registro. Asimismo, se seguirán "los criterios objetivos consensuados entre todas las comunidades autónomas y adoptando las medidas financieras que resulten necesarias". La toma en consideración del texto se votará este martes en el Congreso de los Diputados y contará, previsiblemente, con el voto contrario del Partido Popular.
"Venimos una vez más con muy poca información: dos folios y tres líneas sobre los planes que tiene el gobierno para trabajar en esta grave crisis migratoria que estamos viviendo en todo el territorio", ha indicado Dávila. La consejera de la Comunidad de Madrid ha insistido en la necesidad de tener más información para "actuar de una manera ágil para poder atender a todas esas personas que nos traslada el gobierno". La consejera madrileña ha reiterado que la llegada de personas migrantes, entre ellos niños y niñas, en el último año han generado un "colapso" en los centros de la región.
La reforma del reglamento ya fue tratada en la Conferencia Sectorial de Infancia de hace unas semanas, al involucrar el asunto de la acogida de menores migrantes. Las comunidades autónomas solicitaron un aplazamiento para poder pronunciarse sobre las modificaciones introducidas. En esa ocasión, Madrid se mostró contraria a imponer unas cuotas y, además, apuntó que esto podría "invadir competencias autonómicas" reservadas, como es la cuestión de los niños y niñas no acompañados.
Entre las medidas que Madrid lleva reclamando meses se encuentran convocar la Conferencia de presidentes entre Pedro Sánchez y los dirigentes autonómicos, declarar la emergencia migratoria en todo el territorio nacional e instar a la Unión Europea a incrementar los recursos de Frontex, a agencia de la UE encargada de vigilar y proteger las fronteras exteriores y del espacio Schengen. "Hay que actuar en esa ruta Canaria y en todas las costas. En el sur y Baleares también sufren una llegada masiva que es necesario atender", ha añadido Dávila.
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