El Consejo de Europa da la razón a UGT y sostiene que el sistema de despido improcedente en España —los ceses que no cumplen con ninguna de las causas fijadas por ley— va en contra de la Carta Social Europea, un tratado internacional suscrito por el Gobierno en 2021. La resolución, que ya se sabía favorable a las pretensiones del sindicato desde el pasado marzo, sostiene que el sistema de despido improcedente español no es lo bastante resarcitorio ni disuasorio y abre la puerta a que el Gobierno introduzca cambios legislativos para corregir esta situación.
El contenido de la resolución no se conocerá hasta el próximo lunes, pero desde UGT han dado este lunes algunas pinceladas del fallo. Quizá la más importante es que la resolución abre la puerta a que los jueces concedan indemnizaciones a la carta. Es decir, adaptadas a las circunstancias personales de cada trabajador y que pueden llegar a ser superiores a los 33 días por año trabajado que establece la legislación actual.
La idea es que no haya una referencia prefijada para que las empresas no puedan saber de antemano cuánto les va a costar cesar a un trabajador de manera improcedente. Así, se pretende disuadir a los empresarios de ejecutar recortes de personal y que el despido sea siempre el último recurso, trasladan desde UGT.
En este punto, ya hay juzgados que han decretado pagas superiores a ese límite amparándose en la resolución del Consejo de Europa, según han trasladado este lunes Pepe Álvarez, secretario general UGT, y Fernando Luján, vicesecretario general de Política sindical. En concreto, mencionan tres fallos de tribunales superiores de justicia: uno en el País Vasco y otros dos en Cataluña.
Desde esta central sindical sostienen que, más allá de la indemnización a la carta, una vía para cumplir con la Carta Social Europea podría ser eliminar el tope máximo de 24 meses a las indemnizaciones. En esta línea, plantean también fijar un mínimo de seis meses por despido improcedente para que no sea tan barato cesar a los trabajadores que llevan poco tiempo en la empresa.
De la misma forma, UGT reclama también recuperar los salarios de tramitación —el sueldo que se deja de percibir desde que se produce el cese hasta que un juez declara su improcedencia— que fueron suprimidos en la reforma laboral de 2012 que introdujo el gobierno del PP. Asimismo, plantean fomentar las reincorporaciones y agilizar las tramitaciones judiciales.
Cambiar el despido por ley
Desde UGT han defendido en numerosas ocasiones que las decisiones del Consejo de Europa sobre la Carta Social Europea son vinculantes. Es decir, que el Gobierno debe cambiar la legislación para cumplir con el tratado. Sin embargo, otros países que han recibido resoluciones similares, como Francia o Italia, no las han plasmado después en su ordenamiento jurídico.
No obstante, en UGT creen que sí debe cambiarse la ley y proponen abrir una carpeta en el diálogo social para negociar con el Gobierno y los empresarios una reforma del despido improcedente. "Lo razonable sería que el Gobierno, empresarios y sindicatos pudiéramos sentarnos y ver si merece la pena adaptar a la legislación esta resolución como tiene la obligación España. Depende de la voluntad que tenga el Gobierno y la CEOE, los sindicatos la tenemos", ha trasladado Pepe Álvarez, secretario general del sindicato.
Para Álvarez estamos ante una resolución "histórica" y que "va a cambiar el concepto que se ha mantenido en la legislación española a lo largo de los tiempos". Además, el secretario general ugetista sostiene que si el Ejecutivo decide no cambiar la ley, el sindicato dará la batalla en los juzgados por cada caso de despido, amparándose en la resolución. "No nos preocupa que tengamos que ir litigio a litigio", ha expresado Álvarez.
PSOE y Sumar, alejados
La pelota queda ahora en el tejado de PSOE y Sumar, que ya incluyeron esta cuestión en su acuerdo de gobierno. En concreto, se comprometieron a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".
Sin embargo, las visiones que tienen las dos alas del Ejecutivo están alejadas. La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado favorable en varias ocasiones a una reforma del sistema de despido. Díaz ha recordado este lunes que la reforma del despido está en el acuerdo de Gobierno y ha señalado que es "clave" que lo que es "fuente de derecho europeo forme parte de nuestra legislación".
En cambio, el PSOE es más reacio a tocar el despido, una cuestión que ya se quedó fuera de la anterior reforma laboral para facilitar el acuerdo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trasladó el pasado abril que el Gobierno está estudiando la resolución, pero que no la considera vinculante.
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