Dudas y respuestas sobre el fallo del despido improcedente en España: ¿cambiará la ley? ¿cómo quedaría la indemnización?

El sistema español de despido improcedente ha quedado en entredicho. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a UGT en una reclamación presentada en 2022 y ha resuelto que la legislación de España es contraria a la Carta Social Europea. Un tratado suscrito por el Gobierno en 2021 de obligado cumplimiento para quienes lo firman, pero que no está del todo claro que sea vinculante para el Gobierno y los jueces. 

La resolución favorable a UGT se conoce desde el pasado mes de marzo. Pero el sindicato desgranó el fallo con más detalle el lunes, aunque el texto definitivo no se hará público hasta el próximo 29 de julio. El fallo del CEDS sostiene que el despido improcedente en España —el que no cumple con ninguna de las causas fijadas por la ley— no es lo bastante disuasorio para las empresas ni tampoco resarce adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores.

Según trasladó UGT, la resolución cuestiona el límite máximo de 33 días por año trabajado para este tipo de ceses, pero también otros puntos clave como el tope de 24 mensualidades, el escaso potencial disuasorio para trabajadores con poca antigüedad o que no se tengan en cuenta las circunstancias personales del trabajador. También critica que los casos de readmisión son escasos y plantea recuperar los salarios de tramitación (el sueldo que se deja de cobrar entre el despido y la declaración de improcedencia)

¿El fallo es vinculante? 

El quid de la cuestión reside en cuál es el alcance real de la decisión del CEDS, que depende del Consejo de Europa. En este apartado, desde UGT defienden que las resoluciones de este organismo son vinculantes. Es decir, que son de obligado cumplimiento tanto para jueces —que deben tenerla en cuenta en sus decisiones— como para el Gobierno, que estaría obligado a cambiar la legislación para adaptarse al fallo. Dentro del Ejecutivo, la vicepresidencia segunda que ostenta Yolanda Díaz es partidaria de incorporar a la legislación esta materia. 

Sin embargo, este punto no está nada claro. Prueba de ello es que otros países que han recibido reprimendas parecidas como Italia, Francia o Finlandia han hecho caso omiso de las mismas y no han cambiado su legislación. En el ámbito jurídico, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Francia niega que la resolución tenga valor. El ala socialista del Ejecutivo comparte esta visión de que la decisión no es vinculante, igual que la patronal. Ambos presentaron alegaciones contrarias a las demandas de UGT ante el CEDS.

¿Cómo quedan las indemnizaciones? 

Aunque el efecto real de la resolución del CEDS está en entredicho, ya hay tribunales que están concediendo indemnizaciones superiores al límite de 33 días que marca la ley por vulneración de la Carta Social Europea. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco otorgó una indemnización de 30.000 euros a un trabajador del Ayuntamiento de Oñate que fue cesado de forma improcedente. 

La empresa alegó un error en su contratación y le cesó tan solo un mes después de haberle incorporado y pese a que se le garantizaba al menos un año de trabajo. El empleado había abandonado un puesto fijo en otra empresa para aceptar un trabajo en el consistorio y el TJSPV consideró que la indemnización que le correspondía por ley (493 euros) no resarcía lo suficiente. 

En UGT estiman que hay al menos otras dos sentencias similares en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde el sindicato creen que a partir de la resolución del CEDS aumentarán los casos de despido improcedente en los que se pedirán indemnizaciones superiores al máximo legal. El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, trasladó el lunes su intención de ir "litigio a litigio" si es necesario para que se cumpla la resolución. En este punto, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, que es quien deberá fijar doctrina a medida que otras instancias inferiores vayan resolviendo. 

¿Va el Gobierno a cambiar la ley? 

Más allá de su trascendencia jurídica, la resolución del CEDS tiene una relevancia política de primer orden. Y es que el cumplimiento con la Carta Social Europea en materia de despido forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar para esta legislatura. En concreto, los dos partidos se comprometieron a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".

La formulación es algo ambigua, pero suficientemente clara como para que Sumar reclame una reforma del sistema de despido. El lunes, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en que el despido "es un elemento susceptible de reforma" que se puede debatir en el diálogo social y que debe acomodarse "a la legislación europea". 

El departamento de Díaz ya dio el primer paso hacia esa reforma con la derogación del despido automático por incapacidad sobrevenida. Sin embargo, la cuestión no resulta acuciante de momento. La carpeta del despido tendrá que esperar a que se cierren previamente las de reducción de jornada y las prácticas no profesionales en empresa, todavía pendientes.

En cambio, para el ala socialista del Gobierno la reforma del despido ni siquiera está sobre la mesa. Así lo trasladó a comienzos de mes en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias formuladas por los diputados de Vox en el Congreso. En la respuesta, a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, el Ejecutivo trasladó que no prevé modificar la indemnización por despido improcedente al considerarla "adecuada" y "tasada y basada en criterios objetivos"