En el siglo I antes de Cristo, Quinto Tulio Cicerón escribió a su hermano Marco, que se presentaba a la elección consular, este consejo: "Ya que dependes de esta reputación, tendrás que presentarte siempre tan bien preparado para hablar como si en cada una de las causas se fuera a someter a juicio todo tu talento".
Lo ideal sería, en efecto, que las personas con responsabilidad pública estuvieran siempre dispuestas a hablar para despejar cualquier duda que su actividad haya suscitado en los ciudadanos. Lamentablemente, no parece fácil que esto vaya a suceder en el caso que ha acabado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, investigada por el juez Peinado, quien aprecia indicios de los delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios; y con el propio Pedro Sánchez citado a declarar como testigo el próximo 30 de julio.
Todo comenzó con una serie de informaciones periodísticas (la mayoría de las cuales no han sido desmentidas) sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense y directora de un máster en el mismo centro, informaciones que sirvieron de base a la denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Lo publicado incluía que Gómez había enviado cartas de recomendación (si bien las suyas no fueron las únicas) a favor del empresario Carlos Barrabés, que financiaba el máster y que obtuvo contratos de la empresa pública Red.es, imponiéndose a competidores que presentaban ofertas públicas más ventajosas para la Administración. También se informó del intento de Begoña Gómez de registrar el software que varias empresas habían realizado gratuitamente para la Universidad Complutense, la cual ha pedido que se investiguen todos los pormenores del asunto.
El caso se desenvuelve en una maraña judicial, pues la Fiscalía Europea ha pedido hacerse cargo de la parte que afecta a fondos europeos (los contratos de Red.es); Gómez y Barrabés están investigados; y el presidente, citado como testigo. El testimonio del empresario Barrabés, obligado a decir la verdad en su calidad de testigo, incluyó la mención de ocho reuniones celebradas en el palacio de La Moncloa, en dos de las cuales estuvo presente Pedro Sánchez. Por tal razón, el magistrado lo convoca a testificar.
El enrevesado asunto suscita varias preguntas. ¿Fue una buena idea que la mujer del presidente eligiera una actividad profesional que podía suponer, apariencias aparte, una muy probable colisión de intereses por la captación de fondos precisamente públicos?
¿Sería una buena estrategia por parte del presidente, tras haberlo atribuido todo a la "máquina del fango", negarse el día 30 a dar explicaciones al juez pues, en tanto que testigo, carece de aforamiento? ¿Le beneficia ahora callarse cuando ha reiterado que todo es una falsedad maliciosa y pese a que le asiste el derecho a callar como cónyuge de la investigada?
¿Es lo más conveniente que el PSOE opte por desacreditar en bloque la labor del juez, aunque sea cuestionable en aspectos como su interés declarado en investigar toda la actividad de Begoña Gómez desde que su marido es presidente?
Sean cuales sean las respuestas y termine como termine el proceso en vía judicial, será triste que se pierda la oportunidad de extraer lecciones de sentido común, prudencia y transparencia en un asunto que parece estar lleno de equivocaciones y que no entraría en un máster de buenas prácticas. Más de dos mil años después sigue siendo raro encontrar a un político preparado para hablar, como pedía Quinto Tulio Cicerón a su famoso hermano mayor, Marco Tulio Cicerón.
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