El TSJC declara nula la 'tasa Amazon' del Ayuntamiento de Barcelona

Camiones de Amazon en la planta de Martorell.
Camiones de Amazon en la planta de Martorell.
ACN
Camiones de Amazon en la planta de Martorell.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la llamada ‘tasa Amazon’ aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en febrero de 2023, que graba el reparto a domicilio de productos comprados por internet. El tribunal considera, como pedía la patronal del sector, que la tasa infringe el principio de libre circulación de mercancías, puesto que no graba específicamente la utilización de las zonas de carga y descarga, sino que supone un impuesto a los ingresos de los operadores postales, cosa que el consistorio no puede hacer. La sentencia, que se puede recurrir, tiene un voto particular contrario.

El pleno del consistorio aprobó la ordenanza fiscal que incluye la tasa el 24 de febrero de 2023 y la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) presentó un recurso contencioso-administrativo y pidió la anulación, que ahora el tribunal ha acordado. La patronal considera que la tasa vulnera el principio de libre circulación de mercancías, el mercado único digital, el secreto de las comunicaciones y varias disposiciones legales de la Constitución, la ley del servicio postal universal y la ley de haciendas locales. También cree que el hecho de que la recaudación de la tasa se destine al comercio local supone una ayuda de estado ilegal.

El Ayuntamiento se defendió asegurando que la ordenanza tenía interés público por el uso intensivo de la vía pública que hacen tanto circulando como estacionando los vehículos de reparto a domicilio de mercancías.

El tribunal recuerda que el importe de la tasa es del 1,25% de los ingresos brutos facturados por cada empresa y, en cambio, las zonas de carga y descarga son gratuitas para el resto de distribuidores de mercancías. También recuerda que, según la misma memoria económica y legal justificativa de la tasa, la distribución de e-commerce a domicilio ocupa un porcentaje inferior de la vía pública que otros tipos de distribución de mercancías que no pagan la tasa. Así, el tribunal considera que los distribuidores no reservan una parte del espacio público, como sí hacen las terrazas de restaurantes o los cajeros automáticos bancarios a pie de calle, ni tampoco lo hacen sus destinatarios finales, que están en su domicilio.

Por eso, el tribunal considera que más que una tasa por uso del espacio público, se trata de un impuesto a una actividad económica que graba los potenciales o previsibles rendimientos obtenidos por las distribuidoras.

“Si la ordenanza tiene como justificación finalista evitar la carga y descarga en la vía pública para envíos puntuales, esta protección tiene que afectar a todo vehículo susceptible de utilizar de igual forma el dominio público, pero no exclusivamente a los operadores postales que distribuyen bienes adquiridos a través del e-commerce”, dicen los magistrados.

Por su parte, la magistrada Isabel Hernández Pascual ha emitido un largo voto particular contra la mayoría de los otros seis magistrados. Considera que la tasa está bien aplicada y calculada según los ingresos brutos de las compañías postales, y que no supone ninguna discriminación hacia el comercio local u otras formas de distribución de mercancías.

El Ayuntamiento recurrirá la anulación de la tasa

El consistorio ha expresado su disconformidad con la sentencia del TSJC  y celebra el voto particular que se recoge en la misma sentencia que, recuerda, no es firme. En estos momentos, los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación ante para continuar defendiendo los intereses del Ayuntamiento y la tasa.

Asimismo, consistorio ya está trabajando en propiciar los cambios legislativos necesarios para poder asegurar el poder tributario municipal en esta materia. El gobierno municipal pone de manifiesto la necesidad de gestionar este tipo de actividad a través de regular el uso intensivo del espacio público que realizan los operadores de reparto de comercio electrónico en la ciudad. 

"La economía y la sociedad avanzan hacia nuevos modelos económicos, y las administraciones públicas necesitan poder tener las herramientas legales necesarias para poder regular estos nuevos modelos y gestionar el uso privativos que hacen del espacio público", dicen fuentes municipales. Con esta medida, el consistorio dice que busca proteger el comercio de proximidad y el pequeño comercio frente a la “amenaza” que suponen las grandes plataformas.

Sirera propone una rebaja de impuestos

El líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, ha propuesto una rebaja de impuestos para el pequeño comercio "tras demostrarse que la ‘tasa Amazon’ fue una chapuza". Lo ha dicho este martes en un comunicado este martes tras la anulación por parte del TSJC. El popular recalca que "no ha beneficiado en nada al pequeño comercio y solo respondía a un afán recaudatorio".

En concreto, Sirera propone una rebaja de los principales impuestos que repercuten en los pequeños negocios como el IBI, la tasa de recogida comercial de residuos y el impuesto de construcciones y obras (ICIO), entre otros.

ERC pide que se recurra

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Castellana, considera que el Consistorio debe recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. "Como dice el voto particular: el uso hiperintensivo del espacio público de las grandes operadoras de comercio electrónico se debe grabar", afirma en un mensaje en 'X'. Por eso, añade que las ciudades deben exigir "mayores competencias para regular y hacer tributar estas actividades".

Por su parte, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha considerado que la anulación de la 'tasa Amazon' es "otro fracaso" del anterior gobierno de la exalcaldesa, Ada Colau, y el entonces primer teniente de alcalde, Jaume Collboni.

"Colau y Collboni han querido hacer intervencionismo en todo y lo único que han conseguido es hacer doblemente el ridículo con la tasa Amazon", afirma de Oro en un comunicado este martes.

De Oro ha pedido que el gobierno municipal deje de "poner tasas a todo lo que les molesta" y que se centre en mejorar las políticas a favor del comercio local, para conseguir comercios de más calidad, protegiendo los emblemáticos y con más ayudas en campañas como la de Navidad o rebajas. 

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