Agredir o amenazar a un agente forestal será atentado contra la autoridad y se limitará la jornada laboral de los bomberos ante el fuego

Amenazar o agredir a un agente forestal, tanto si está o no de servicio en sus tareas de protección de la naturaleza o la prevención de incendios será considerado atentado contra la autoridad según la ley básica para este colectivo que ha aprobado el Congreso este martes y de los reconoce propias de policía judicial y también los equipara a policías o bomberos por lo que respecta a la jubilación anticipada, con la inclusión de coeficientes de reducción. El Pleno de la Cámara Baja ha dado también su visto bueno a la ley básica de bomberos forestales. Aunque su contratación seguirá en manos de los gobiernos autonómicos, se fijan pautas sobre su formación, funciones y clasificación profesional y se mandata al Gobierno para que en el plazo de un año reduzca su jornada de trabajo que la ley fija ahora en hasta 12 horas y amplíe los tiempos mínimos de descanso y reconozca como enfermedades profesionales las contraídas por el ejercicio de sus funciones.

Como ya sucedió en comisión parlamentaria, las dos leyes se han aprobado sin votos en contra y con la abstención del PP y Vox. Ahora pasarán al Senado, que se espera que las apruebe definitivamente en septiembre. De esta manera, los alrededor de 7.000 agentes forestales y 23.000 bomberos forestales contarán por primera vez de sendas leyes básicas que contemplan a nivel estatal la naturaleza de sus funciones y cuestiones laborales, como la jubilación anticipada que, tras el trámite parlamentario, quedará reconocido para ambas profesiones con la introducción de coeficientes reductores. Aunque la contratación seguirá en manos de las comunidades autónomas, son leyes estatales que el sector llevaba reclamando años y que este martes ha sido aplaudida desde la tribuna del Congreso por algunos de los agentes y bomberos forestales que, de manera más numerosa, se han desplazado a la Cámara Baja, donde se han reunido, entre otros responsables políticos, con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Durante los debates que han precedido a la votación de las dos normas, todos los grupos políticos han reconocido el trabajo de protección del medio ambiente y de los derechos de los ciudadanos en materia contra los incendios forestales, a pesar de las críticas que PP y Vox han vertido contra el Gobierno, por ser "muy mejorables", según ha dicho el diputado  popular Tomás Cabezón, o por mantener las competencias autonómicas en lugar de ser una regulación verdaderamente nacional, como ha criticado la diputada de Vox, Patricia Rueda, que ha cargado especialmente contra una de las disposiciones en ambas leyes, que no serán de aplicación en el País Vasco y Navarra, donde seguirán operando sus normas forales para dejar fuera "cualquier atisbo de recentralización", ha dicho la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal.  "Al Gobierno solo le importa la política antiincendios para atacar al PP, cuando hay un incendio en una comunidad del PP. Cuando es del PSOE, es debido al cambio climático", ha criticado Cabezón. En defensa del Ejecutivo, el ponente de la norma, el socialista José Luis Aceves, ha afirmado que ambas normas han salido adelante "por el compromiso del presidente de Sánchez y el enorme esfuerzo de la vicepresidenta Ribera".

En todo caso, las leyes han salido aprobadas del Congreso justo el mismo día de las elecciones generales del año pasado, cuya convocatoria hizo decaer una tramitación que ya había empezado y que tuvo que volver a empezar con la nueva legislatura. En los dos casos, se trata de definir la figura del agente y del bombero forestal, sus funciones, su formación y, sin invadir competencias autonómicas, cuestiones laborales como el carácter de autoridad de los agentes forestales o la posibilidad de que los bomberos forestales que no ejerzan como tales puedan tener una segunda actividad, se fijen límites particulares a las horas durante las que pueden estar ante el fuego o se determinen enfermedades profesionales particulares, si bien en estos dos casos será necesario un desarrollo reglamentario para el que se da un año al Gobierno.

Agentes de la autoridad

En el caso de los agentes forestales, se les reconoce como "agentes de la autoridad" y, tras el paso de proyecto de ley por el Congreso, la norma incide en las consecuencias de atacarles de una forma u otra, tanto cuando estén "de servicio" o no pero como "consecuencia o motivación de su ámbito profesional", entre las que se incluyen la vigilancia, protección e inspección de espacios naturales, seguimiento de especies tóxicas, de placas y todo tipo de fauna y flora o participar también en tareas de prevención, vigilancia y extinción de incendios. 

Los agentes forestales tendrán funciones propias de policía administrativa especial y policía judicial y, como tal, deberán "velar" por el cumplimiento de las leyes de conservación del medio ambiente y en relación con la flora, la fauna protegida, recursos de caza y de pesca.

En este sentido, la ley busca acabar con la desprotección que han tenido estos agentes -en los últimos años hasta tres han sido abatidos por disparos sin que a su familia se les reconozcan indemnizaciones- y determina que "cuando se cometa delito de atentado que pueda poner en peligro grave la integridad física de los agentes tendrán al efecto de protección penal la consideración de agentes de la autoridad". Lo mismo sucederá si se producen "agresiones, amenazas o atentados" debido a sus funciones, tanto si están de servicio como si no. "Las faltas de respeto y consideración" serán también consideradas infracciones penales de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Por otra parte, la tramitación parlamentaria ha incluido en el proyecto de ley del Gobierno el reconocimiento de la jubilación anticipada para los agentes forestales y el Ejecutivo tendrá tres meses para elaborar un régimen específico sobre coeficientes reductores. Asimismo, tendrá un año para identificar y gestionar los riesgos laborales específicos a los que se enfrentan.

Límites ante el fuego de los bomberos forestales

La segunda ley sienta las bases de la profesión de bombero forestal, un cuerpo formado por unos 23.000 profesionales, para los que se fijan cuestiones como la obligación de adaptar equipos de protección y ropa y calzado a "la morfología de las mujeres", de manera que "no se permita el uso general de modelos unisex".

La contratación de los bomberos seguirá en manos de las comunidades autónomas, que seguirán decidiendo si son funcionarios, personal laboral o de empresas externas, pero esta ley básica prevé establecer ciertos límites porque la norma recoge el compromiso de reforma de la legislación vigente sobre las jornadas especiales de trabajo para adaptarlas a "las labores de extinción de incendios (...) teniendo en cuenta las consecuencias de su exposición a condiciones adversas, incluidos fenómenos meteorológicos extremos".

La ley actual, de 1995, marca una jornada máxima en circunstancias excepcionales de hasta 12 horas y el descanso mínimo de nueve horas seguidas, y esta es la base sobre la que el Gobierno reducirá y ampliará según el caso. La diputada de Sumar Verónica Martínez ha lamentado que la ley no reflejara ya estos límites y ha adelantado que su grupo exigirá que la jornada total de trabajo, incluyendo tiempos de espera y de actividad, "no debería superar las 12 horas" y en tareas de extinción "en ningún caso superar las ocho horas".

En su proyecto de ley, el Gobierno ya reconocía la jubilación anticipada, con coeficientes reductores, para los bomberos forestales, pero la norma que ha salido este martes del Congreso la refuerza da al Ejecutivo un año de plazo para que reconozca para ello todo el tiempo trabajado, también en tareas de vigilancia y no solo de extinción.

El Gobierno tendrá un año para crear una comisión con sindicatos y médicos para reconocer enfermedades laborales que tengan que ver con las especificidades de los trabajos de extinción de incendios y abre la puerta a que los gobiernos autonómicos posibiliten una segunda actividad a sus empleados públicos con consideración de bomberos forestales para que puedan prestar otras tareas distintas a la extinción de incendios cuando tengan disminuida su capacidad pero acrediten incapacidad