El Pleno que celebró este martes el Congreso terminó con un saldo agridulce para el Gobierno: se anotó una importante victoria, pero también encajó una durísima derrota que, no por esperada, es menos importante. El Ejecutivo logró salvar el decreto de medidas para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Pero su frágil mayoría se rompió al votar la reforma de la ley de extranjería para afrontar la crisis de refugiados de Canarias, ya que ni Junts ni el PP apoyaron un texto que hubiera obligado a las comunidades a asumir una parte de los menores migrantes no acompañados que ahora mismo se hacinan en los centros de acogida del archipiélago.
A pesar de que el Gobierno estuvo negociando hasta el último momento, finalmente el PP y Junts cumplieron con su amenaza de derribar ese último texto. En el debate parlamentario, los populares afirmaron ser víctimas de un "chantaje" por parte del Ejecutivo, e insistieron en la necesidad de que el Estado proporcione medios económicos a las autonomías para costear la acogida de estos menores migrantes. "Esta modificación es un 'yo reparto y tú te apañas'. Frivolizan con los menores y estamos hartos de lecciones de humanidad. Dejen de hacer demagogia: sentimientos tenemos todos, pero responsabilidad parece que no", espetó el PP, que también pidió la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos para poder avanzar en este asunto.
"Retiren la ley y trabajen un acuerdo negociado con Cataluña", exigió por su parte la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que aseguró que el Gobierno no ha querido "negociar, empatizar ni tener la voluntad de conocer la realidad" de este territorio con el fin de garantizar el bienestar "de los que viven en Cataluña". Según Nogueras, la respuesta del Ejecutivo ante esta crisis migratoria ha sido "la de siempre: abusar de la solidaridad del pueblo de Cataluña", y acoger una parte de los niños y adolescentes que se hacinan en Canarias sería, a ojos de Junts, "seguir sobresaturando a Cataluña" y tensionando "la convivencia en el país", puesto que no se les garantiza "una vida digna y con condiciones y se dan alas a la derecha y a la ultraderecha".
Pese a que PP, Junts y también Coalición Canaria (que sí apoyó la reforma y que incluso era cofirmante de la misma) pidieron al Gobierno retirar el texto para intentar alcanzar un acuerdo, el PSOE y Sumar rechazaron esta posibilidad y alargaron las negociaciones hasta el final. Fue infructuoso: finalmente la iniciativa se votó y logró 171 votos a favor y 178 en contra, por lo que no iniciará siquiera su tramitación. El Ejecutivo recibió el apoyo de ERC, PNV, EH Bildu y Podemos, pero sin Junts esa mayoría no fue suficiente, y el PP optó por no salvar la votación y dejar caer la reforma de la ley de extranjería.
Podemos salva el decreto anticrisis
Por el contrario, sí seguirá vigente el contenido del decreto para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, y lo hará, al menos, hasta el 31 de diciembre. El texto recibió los votos a favor del Ejecutivo y sus habituales aliados: ERC, Junts, PNV, EH Bildu y Podemos. Y fueron estos últimos, los morados, quienes salvaron la convalidación del decreto después de que sus negociaciones con el Gobierno dieran sus frutos y el Ejecutivo se haya comprometido a retirar antes de octubre el recorte progresivo en el bono social eléctrico que contenía inicialmente el paquete de medidas.
La votación se desbloqueó el martes por la mañana, cuando la líder de Podemos, Ione Belarra, anunció que votarían a favor del decreto porque el PSOE había aceptado acabar con esta rebaja en el nivel de ayuda a las familias vulnerables para pagar el recibo de la luz. El bono social, por tanto, se mantiene en un 80% de descuento en el recibo de la luz para familias vulnerables severas y en un 65% de rebaja para familias vulnerables. Y, además, con la aprobación del decreto siguen en vigor medidas como la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables, la rebaja del IVA del aceite de oliva hasta fin de año o la moratoria de desahucios hipotecarios.
Además de todas estas medidas de corte social, el decreto anticrisis incluye de refilón un artículo con el que el Gobierno se ha garantizado los siete votos de Junts para la convalidación del texto: la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reforzaba la posible paralización de la amnistía si se recurre ante la justicia europea. Según el Gobierno, la supresión de este precepto legal no tiene "consecuencias prácticas", aunque lo cierto es que debilita la posible paralización de procedimientos cuando se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En la tribuna del Congreso, el decreto fue defendido por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que aseguró que "este decreto ley es un ejemplo más de que este Gobierno cree en la justicia fiscal, cree en la mejora de los servicios públicos y cree en el apoyo a nuestra industria, a nuestras empresas y a nuestros autónomos". Por ello, Montero pidió apoyo a la convalidación del texto apelando al "interés general" y resaltando que el paquete incluye medidas que están esperando "muchos hogares y empresas".
En respuesta, el PP, pese a que se abstuvo y evitó rechazar la extensión de las medidas de protección ante la crisis económica, hizo una crítica general a la política económica del Gobierno, incluso admitiendo los buenos datos a nivel macro. “España crece, pero menos que diez países europeos en 2024", denunció el diputado popular José Vicente Marí, que sostuvo que "España lidera el paro en Europa y el maquillaje del Gobierno no ha arreglado la precariedad, que es cada vez mayor, y la productividad, que muestra una enorme debilidad".
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