El PSOE y el PP nombran diez vocales del CGPJ y aprueban la reforma judicial entre críticas del resto del Congreso

El PSOE y el PP han aprobado este martes en el Congreso de los Diputados el nombramiento de diez nuevos vocales que, junto a los que nombrará mañana el Senado, conformarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante cinco años de mandato. La Cámara Baja ha aprobado, también gracias al acuerdo de los dos grandes partidos, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Estatuto Fiscal que busca fortalecer la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público. Ambas votaciones han salido adelante pese al rechazo y las críticas de todos los demás partidos. 

Tal y como dictan la Constitución y la LOPJ, el Congreso y el Senado deben nombrar, cada cinco años, a 20 vocales del CGPJ. A cada una de las cámaras le corresponde nombrar a 10 de ellos: cuatro juristas de reconocido prestigio y seis jueces que se escogen entre una lista previa de candidatos ofrecida por la propia carrera judicial. Los juristas nombrados este martes en el Congreso después de ser evaluados por la Comisión de Justicia son José Luis Costa Pillado, Inés María Herreros, Pilar Jiménez y Argelia Queralt. 

Por el turno de jueces han recibido el aval del Congreso Ángel Arozamena, Esther Eriza, Gema Espinosa, José María Fernández Seijo, José María Páez y José Carlos Ortega. Además de todos estos, el Congreso ha nombrado a seis vocales suplentes, tres de cada turno. 

Pese a que tanto el Partido Socialista como el Popular han valorado positivamente los nombramientos y la reforma judicial, los ataques entre ambos se han repetido una vez más en el Pleno del Congreso. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado que la reforma legal servirá para evitar "algunas tropelías de este Gobierno". Y el socialista Francisco Aranda ha lamentado que el PP haya tardado "seis años [en realidad son cinco años y algo menos de siete meses] en renovar el Consejo". El diputado ha indicado, en este sentido, que "en el PP, cuando no gobiernan, quieren que los jueces les den lo que no les han dado las urnas". 

Ambos partidos coinciden en que este martes ha sido "un día importante para la democracia". Y han convenido en que la reforma será positiva para reforzar la independencia judicial. Para Gamarra, el paso que ha dado hoy el Congreso abre camino a "terminar con la injerencia del poder político en el poder judicial". "Rescatamos a Montesquieu", ha exclamado la popular desde la tribuna de la Cámara. La diputada popular ha hecho hincapié también en la forma en que se aprueban las medidas, "como en la etapa más brillante de la democracia, la Transición". 

El mérito se lo ha atribuido al PP, cuya "firmeza" ha acercado al Estado de Derecho a "los estándares europeos". La reforma legislativa, ha zanjado, "pone fin a una época de injerencias que solo se puede justificar retorciendo mucho la Constitución". 

Además del intercambio de ataques entre el PP y el PSOE, ambos partidos han recibido los reproches del resto del arco parlamentario. Gerardo Pisarello, de Sumar, ha lamentado que, pese a cerrarse "un capítulo nefasto de secuestro institucional", la regeneración seguirá siendo "un asunto pendiente". "El PP encarama sin reparo a los suyos", ha denunciado el diputado, que no ha perdido la ocasión para hacer referencia a la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez. 

"Lo que hemos visto es a las derechas recurriendo a los ultras de Hazte Oir y de Manos Limpias hasta encontrar un juez bien Peinado que aplique con el presidente y su familia el mismo lawfare indecente utilizado con Podemos, con independentistas vascos y catalanes o con compañeras como Ada Colau o Mónica Oltra", ha denunciado. Precisamente Podemos ha asegurado que el pacto legitima "la guerra judicial" y "lava la cara al partido más corrupto de toda Europa". La afirmación la ha hecho Ione Belarra antes de repasar una extensísima lista de personas que, según ha dicho, han sido víctimas del lawfare.

Para el diputado de Junts José María Cervera, lo que han pactado los dos "partidos sistémicos" son simplemente "cambios cosméticos". Y el resto de diputados tienen que quedarse "aguantando la broma de que esta reforma es para reforzar la independencia judicial". En su intervención, Cervera ha aludido de nuevo al "golpe de las togas" y al "reparto" de jueces entre populares y socialistas. 

Las críticas llegaron también desde Vox, pues Javier Ortega-Smith ha aludido al "compadreo de la PP-PSOE". Los diez nuevos vocales del Consejo no serán más que "peones judiciales" del "bipartidismo que pacta a escondidas en Bruselas y luego viene al Congreso a hacer su teatro". 

Las medidas de la reforma judicial

La reforma pactada por el PP y el PSOE incluye, entre otras cosas, medidas para evitar las llamadas puertas giratorias. A partir de su aprobación, no podrán ejercer como fiscales generales políticos que hayan ejercido los cinco años anteriores, lo que habría imposibilitado el nombramiento de Dolores Delgado, por ejemplo. Lo mismo ocurrirá con los vocales del turno de juristas del CGPJ, mientras que se incluyen nuevos requisitos para acceder al Tribunal Supremo. También se imposibilitará a los jueces volver a su plaza en los dos años siguientes de ejercer un cargo político, lo que ocurrió en el caso del exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Por otro lado, la reforma incluye una disposición adicional para iniciar una reforma del modelo de elección de vocales del Consejo, el que ha sido el mayor punto de desacuerdo entre el Gobierno y el PP durante los últimos años. La entrada en vigor de la reforma abre un plazo de seis meses para que el CGPJ elabore un informe sobre la elección de los Consejos de países de nuestro entorno. Junto al informe, el Consejo deberá trasladar una "propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados". La propuesta deberá estar refrendada por tres quintos del Consejo.