La ley de vivienda andaluza agilizará los trámites para construir más VPO
Hace menos de un mes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el inminente inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de vivienda de Andalucía, que este mismo martes ha aprobado el Consejo de Gobierno, con previsión de que en marzo de 2025 la norma pueda comenzar su tramitación parlamentaria. La ley persigue, ante todo, construir más vivienda pública a precios asequibles, por lo que reducirá la burocracia y creará herramientas que faciliten el acceso, sobre todo, a los colectivos más vulnerables.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha detallado que la norma pivotará en torno a varios ejes. Entre ellos, la producción de suelo para la construcción de vivienda a precios asequibles mediante la creación de una bolsa de suelo disponible que el sector podrá consultar telemáticamente; la incorporación inmediata de suelos dotacionales al uso residencial; subvenciones a promotores tanto públicos como privados; y la creación de áreas prioritarias donde hay más dificultades de acceso a la vivienda.
También se buscará el equilibrio entre los inmuebles en venta y en alquiler y entre los distintos usos, apostando la Junta por el uso residencial habitual y permanente; y creando nuevas tipologías de alojamientos, como los temporales, para personas que se tienen que desplazar. Esta norma, ha aclarado la consejera, no regulará en ningún caso los pisos turísticos, cuya ordenación recae en los ayuntamientos a través del decreto autonómico aprobado en enero de este año.
Plan de choque
Una de las claves de esta ley, con la que la Junta quiere "paliar" la consecuencias de la norma estatal que, afirma el Ejecutivo andaluz, "no ha resuelto los problemas de vivienda", es el plan de choque que se implementará de manera "inmediata" y a cinco años vista para poner nuevos a disposición suelos y viviendas que "destensen" un escenario "marcado" por esa normal del Gobierno central.
Este plan permitirá construir VPO de alquiler en suelos terciarios, de uso turístico o dotacionales privados sin necesidad de acudir previamente a los instrumentos de ordenación urbanística de cada municipio, lo que agilizará la concesión de licencias. Una medida que dependerá de que los consistorios se quieran acoger a ella, toda vez que son las administraciones locales las que conceden las licencias de obras.
Ello, señala el anteproyecto de la ley andaluza, permitirá un incremento del 20% de las viviendas y de un 10% de la edificabilidad en los suelos residenciales que se destinen a VPO. Sin querer "aventurar" ninguna cifra concreta, Díaz confía en que este plan de choque permita a la Junta poner en el mercado unas 20.000 viviendas públicas, el doble de las certificadas por el Ejecutivo entre 2019 y 2023, cifra que asciende a las 10.258, y que a su vez supone el triple de las certificadas en el quinquenio anterior.
Tras la aprobación del anteproyecto de ley este martes, que "ha surgido del diálogo y del consenso", ha dicho la consejera, la norma se someterá a exposición pública, con previsión de que en marzo del próximo año pueda comenzar la correspondiente tramitación parlamentaria.