Ante la inminente citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa que investiga a su mujer, el Gobierno lo fía todo a los recursos pendientes de resolverse en la Audiencia Provincial de Madrid. Dado que Moncloa considera que el instructor Juan Carlos Peinado está dirigiendo "una causa política" cuyo único objetivo es "atacar al presidente", es lógico que el Ejecutivo tenga la mirada puesta en la instancia superior, que aún debe resolver al menos dos recursos presentados por el abogado de Begoña Gómez y por la Fiscalía a comienzos de este mes.
Así lo confirman fuentes del Gobierno, que ven viable "el archivo del caso" porque consideran que el juez instructor se excede de las líneas de investigación que pautó el tribunal a finales de mayo. El "asunto pendiente" de resolverse en la Audiencia será "muy relevante" en el curso de la causa, aseguran las mencionadas fuentes.
Hace meses, la Fiscalía Provincial de Madrid acudió por primera vez a la Audiencia para recurrir la causa que dirige el juez Peinado, que a juicio del Ministerio Público carece de contenido penal. El tribunal dio respuesta a aquel recurso el 29 de mayo, pero el juez instructor no ha coincidido nunca con la interpretación que hicieron la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez de aquella contestación.
La Audiencia Provincial hizo una distinción entre varios "bloques" de la investigación. Por un lado, consideró oportuno investigar las adjudicaciones de la entidad pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, que había presentado cartas de recomendación de Begoña Gómez en dos candidaturas. Por otro lado, señaló que las investigaciones de la relación de Begoña Gómez con el rescate de la aerolínea Air Europa se basaban en "una simple conjetura". Además, señaló la existencia de un último bloque en la querella que dio origen a la causa, una parte "inverosímil o con datos erróneos".
Semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid hiciese estas acotaciones, la Fiscalía Europea dio un vuelco a la causa al avocarse la parte referida a las adjudicaciones a Barrabés. La institución comunitaria pasaba a encargarse de la parte de la causa que había sido avalada por la Audiencia al apreciar una posible afectación a los fondos europeos. La conclusión que extrajeron la Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, es que a Peinado no le quedaba nada que investigar.
Lejos de coincidir con esta postura, el instructor aseguró que aún había "dos bloques" de las pesquisas que no guardan relación con la parte asumida por la Fiscalía Europea y que eran competencia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Preguntado por los hechos que sustentaban la investigación, Peinado afirmó que investiga a Begoña Gómez por lo acontecido "desde que su esposo es presidente del Gobierno de España". Y citó a declarar como imputada a Gómez el cinco de julio. Entonces llegaron los recursos: la Fiscalía presentó uno ante la Audiencia Provincial de Madrid el 1 de julio, el abogado de la investigada hizo lo propio el día ocho.
Semanas después, ninguno de los dos ha obtenido respuesta, pese al avance de las diligencias del instructor Juan Carlos Peinado, que este lunes llamó a declarar a Pedro Sánchez y en los últimos días imputó a Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, tras sus declaraciones como testigos. A medida que la causa ha avanzado, el Gobierno ha subido el tono contra el instructor. Esta semana, en el PSOE hablan directamente de prevaricación y esperan a que llegue una respuesta de la Audiencia Provincial a la Fiscalía y al abogado de Begoña.
En su recurso del 1 de julio, la Fiscalía trasladó la "incertidumbre y deriva procesal" en la que a su juicio se estaba desarrollando la instrucción. Más concretamente, la institución señaló que el juez no estaba siguiendo las acotaciones que había hecho la Audiencia Provincial. "Los testigos no han aportado nada relevante que justifique la ampliación ni la vuelta a lo que se descartó", añadió el recurso.
Finalmente, la Fiscalía reclamó al tribunal que excluyera de la investigación las partes que en mayo consideró basadas en "meras conjeturas". El instructor, pese a aquella apreciación, ha citado para que declare como testigo a Patricia Lauffer, antiguo cargo de una empresa llamada Wakalua que, como Air Europa, pertenecía a Globalia.
El 8 de julio, el abogado de Begoña Gómez dio un paso más allá y pidió a la Audiencia Provincial de Madrid que archivara la causa contra su clienta: "Mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada". El escrito, además, señala que Peinado está dirigiendo una investigación "prospectiva". En el Gobierno coinciden en esto último, señalan que más allá de lo avocado a la Fiscalía Europea la causa "carece de contenido" y confían en que esto de lugar al archivo de la causa.
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